Rector saliente de la U. de Talca: “Espero que la nueva Constitución haga un reconocimiento a las universidades que son del Estado”

El miércoles 4 de mayo, Álvaro Rojas pondrá fin a casi 30 años no continuos como rector de la institución estatal maulina, donde coincidió con todos los presidentes de Chile desde la vuelta a la democracia. Antes de entregar el mando al académico Carlos Torres, el médico veterinario repasa sus años de gestión, pero sobre todo lo que ha visto en casi tres décadas de rectoría. "Nos hemos sentido casi siempre como hijos ilegítimos del Estado", dice. Y aunque clama mayor presencia de éste, también asegura que sería "inocente" pensar que todo tiene que ser estatal.




Álvaro Rojas (68 años) contesta el teléfono desde Arica, en medio de la segunda sesión del año del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch). Es su último pleno como rector de la Universidad de Talca, luego de casi 30 años no continuos (entre 2006 y 2008 fue ministro de Agricultura de Bachelet y luego embajador en Alemania) como máxima autoridad de la institución.

El médico veterinario asumió por primera vez en 1991 y al mando de la casa de estudios estatal maulina coincidió con todos los presidentes que ha tenido Chile desde el regreso a la democracia. Desde esa vereda, dice tener un panorama completo del rol del Estado para con sus instituciones. “Saco cuentas alegres dado que se ha tenido que competir en un mercado con pocas oportunidades para hacerlo, con normas complejas, pero con un país satisfecho de que hay espacio de formación”, asegura.

Después de tantos años como rector, ¿cuál es su diagnóstico de la educación universitaria estatal?

Cada etapa desde que recuperamos la democracia marca cierta historia. En general, desde el punto de vista de las universidades estatales y el Cruch veo una mejora general en las condiciones de trabajo y para los estudiantes. Es un panorama en que si bien las instituciones estatales no tienen más del 30% de la matrícula, da cuenta del esfuerzo que hoy tiene en general una calidad más que aceptable.

Las universidades del G9, que se denominan públicas no estatales, acusaron un trato preferente del Estado hacia las universidades del Cuech, ¿cuál es su diagnóstico?

Nosotros somos estatales desde tiempos en que ser estatal era peyorativo. Este afán de ser público hoy, me llama la atención. Sin duda que esas universidades contribuyen y son bienes públicos, pero en general el G9 tiene una condición más favorable de competencia porque no tienen restricciones que las estatales sí. Pero la verdadera discusión debe ser qué quiere el Estado con sus universidades, lo que no quita que deje de atender al otro conjunto de instituciones. Hasta hoy la política ha sido ‘no tengo preferencia, a todas las universidades las trato igual’. Veo que al Estado se le exigen definiciones y la indefinición genera esta discusión y son tironeos que no conducen a nada.

¿A qué cree que se debe el reclamo?

El mercado, la economía de mercado ha mostrado síntomas de agotamiento en su capacidad de igualdad de oportunidades y lo que ha mostrado la sociedad chilena desde el estallido da cuenta de ello. Se le pide al Estado un rol más protagónico y hoy que los vientos cambian, naturalmente el discurso se reinterpreta y se enarbola uno legítimo. De hecho, no quisiera hablar de ilegitimidad en el reclamo del G9, lo que sí debemos atender es si acaso con las universidades que son del Estado, éste querrá hacer algo por nosotros en particular o seguiremos con la misma vigencia que reina hasta hoy.

¿Defiende entonces que exista este “trato preferente”? ¿Por qué?

Porque las universidades le pertenecen al Estado, no existimos por decisiones de instituciones ni grupos empresariales. El Estado se demoró mucho en regiones, hay que reconocerlo y eso dio paso a iniciativas ciudadanas en Concepción, Valdivia o Valparaíso, donde se crearon universidades que luego el Estado también atendió. Lo que señalo es que este país desmanteló al Estado y las instituciones del G9 no tienen que responder a las políticas públicas y las estatales, sí.

Pero estará de acuerdo al menos en que estatales y G9 comparten una misión más o menos común en relación con el país…

No obsta, no cabe duda que Chile tiene universidades muy buenas no solo estatales. Y nunca el Estado podría haber resuelto esa demanda de darle educación a todo el país, pero tampoco de lo estatal se podría prescindir, el sistema debe ser múltiple. Pero hay una fracción que corresponde al Estado, los rectores somos jefes de servicio y lo que pedimos saber es si seremos considerados por el Estado o no. En materia de educación la división de lo estatal no ha sido tan nítida como en otras áreas, como la salud. Por ejemplo, las universidades estatales chicas seguimos compitiendo por alumnos.

¿Ve un escenario de valoración distinto que con otros gobiernos con que usted ha coincidido? Estuvo con Aylwin, Frei, Lagos, Piñera, Bachelet y ahora Boric.

He visto a todos los ministros y nos hemos sentido casi siempre como hijos ilegítimos del Estado. Si bien nacimos por ellos, nunca nos escogieron. Y ahora lo veo diferente, veo que el proceso de demolición del Estado se acaba y no lo digo con resentimiento. Fue un periodo neoliberal de la sociedad, donde si bien hubo factores estabilizadores del modelo, también vimos un Estado en que sus autoridades fueron perdiendo fuerza para imponerse. Hay instituciones privadas que al día siguiente de su constitución ya tienen diez sedes en regiones y nunca hubo antes un telefonazo de un ministro para alertar esto. Lo que veo hoy es que se recoge el clamor de la sociedad chilena.

¿Qué gobierno tuvo un trato más desidioso a su juicio? ¿Y cuál menos?

Qué difícil pregunta. Cuando comencé (1991) me tocó un proceso de democratización de las universidades, donde los rectores designados ahora eran elegidos. Creo que hubo ministros más proclives a entender los problemas de las universidades, que tenían condiciones precarias. El ministro José Pablo Arellano (Frei), tuvo claridad e implementó proyectos de mayor alcance. Lagos como ministro presidió todas las reuniones del Consejo de Rectores durante la primera parte. Pero en general diría que transversalmente se mantuvo una cierta pureza del modelo, que no hubo muchos cambios. Y en los gobiernos de corte liberal -Piñera 1 y 2- se profundizaban las políticas de libre mercado, de vouchers. El modelo neoliberal penetró todas las estructuras de la sociedad, que está muy empapada por el modelo, pero esa sociedad dice hoy que el modelo puede ser mejor en términos de mayor solidaridad o equidad.

¿Qué espera de lo relacionado a educación superior en la nueva Constitución?

Que quepamos todas las universidades, públicas y privadas, cada una con su rol. Que todos contribuyan, no que se pongan a la cola a pedir recursos del Estado. Sí hay que tener proyectos formativos distintos. Al parecer las garantías llegarían hasta educación secundaria y ahí se abriría el espacio para el mundo privado. Tenemos que entender que en la matrícula de educación superior lo estatal es poquito más del 30%, que generaciones y generaciones se educaron en universidades privadas y que sus hijos van a instituciones privadas, estamos permeados por eso. Sería inocente pensar que todo tiene que ser estatal, pero se decida lo que se decida, el componente del Estado no puede andar compitiendo por recursos, porque hoy nos demoramos infinitamente más que otros en construir un edificio, en contratar un profesor.

¿Espera que la nueva Constitución haga un reconocimiento explícito a las universidades estatales y su rol?

La palabra explícito me complica un poquito, pero sí que se haga un reconocimiento a las universidades que son del Estado, tal como lo hace en salud, en seguridad. Que se empareje la cancha, que se nos reconozca, que haya equilibro, que todos tengamos espacio.

¿Por qué cree que eso sería justo y adecuado?

Muchas veces la discusión deja de lado la misión de las universidades y lo justo sería que se nos reconozca el rol público que tenemos. Y qué objetivos se persiguen.

¿Ha visto en la Convención el diálogo que las universidades intentaron empujar antes de que comenzara el proceso?

Empujamos dos iniciativas con 15 mil firmas, pero es muy difícil opinar sobre base de borradores. Sí creo que se nos ha tomado en cuenta.

¿Qué piensa de la gratuidad? ¿Es una buena herramienta?

Como todo programa debe ser ajustado y mejorado, deberíamos avanzar hacia el séptimo decil porque en Chile pasó que los padres que están pagando deuda se les juntó con la del hijo. Es una muy buena medida, fue una demanda de la sociedad, pero hay que hacer mejoras porque estamos sobre regulados. Y desearía que los ex becarios puedan tener iniciativas en que puedan devolver lo que obtuvieron. Debería haber una contraprestación, un mini servicio país por lo recibido, que permita profundizar en ellos su ciudadanía.

¿Y la condonación del CAE?

Es muy caro, tremendamente costoso. El CAE surge en un momento en que no era posible extender el endeudamiento fiscal a lo no Cruch y hoy está mal evaluado. Como la lógica de él es neoliberal se le impusieron criterios neoliberales, fue negocio para el sector financiero. Pensar que un instrumento que busca equidad se transforma en instrumento financieros lleva decir que hay que buscar alternativas. No sé si un perdonazo sea lo mejor, pero hay que buscar un justo equilibrio.

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