Se prepara juicio a contrarreloj: El nuevo escenario del caso Cascadas tras anulación de condena a Motta

A las 12.20 horas de ayer, en medio de los alegatos del caso Corpesca, la fiscal litigante, Ximena Chong Campusano, se paró de su asiento y salió rauda de la sala del Tercer Tribunal Oral en lo Penal, donde se desarrolla la cuarta semana de audiencias.

La persecutora tomó su auto, abandonó el Centro de Justicia y se dirigió a la Corte Suprema donde a las 13 horas se dio a conocer la decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema que anuló la condena a Aldo Motta Camp en el caso Cascadas, proceso donde Chong también litigó.

En un inicio, las cartas habían sido favorables para el Ministerio Público. El 13 de enero, tras varios años de investigación, Motta Camp había sido declarado culpable de dos operaciones de manipulación del mercado bursátil y de un cargo de abuso de posición dominante y condenado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo, sanciones accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y, prohibición por un plazo de cuatro años para ejercer cargos y oficios públicos. También había recibido una pena accesoria del artículo 61 bis de la Ley de Mercado de Valores que lo inhabilitaba por cinco años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador, a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero. Todo ello fue borrado ayer por la Suprema.

La decisión, que informó ayer La Tercera PM, abre un escenario complejo para la persecutora de la Centro Norte, pero también para la defensa del ingeniero comercial y exgerente general de las sociedades Cascadas, toda vez que ambas parte deberán prepararse en un plazo acotado para nuevo juicio que se realizará nuevamente el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal, con magistrados distintos a los que originalmente dictaron condena contra Motta Camp.

Aunque la fecha se debe definir en las próximas semanas, fuentes consultadas por este medio estiman que el plazo máximo para que se inicie el litigio es de 30 a 60 días, por lo que coincidirá para Chong Campusano con el pleito abierto por Corpesca; y para el abogado Samuel Donoso Boassi con la preparación del juicio oral del exgerente general de Soquimich, Patricio Contesse González en la causa que sigue la fiscal Claudia Perivancich.

Mientras la fiscal recalca que el trabajo se realiza en equipo y que están preparados para el nuevo escenario, Motta Camp integraría a su defensa a un destacado penalista de la plaza con el objetivo de que Donoso Boassi pueda compatibilizar el trabajo en esta causa con el proceso por Contesse González.

En fallo dividido (3-2), el máximo tribunal acogió ayer una de las seis causales que habían esgrimido en un escrito de 79 páginas los abogados Samuel Donoso y Marcelo Sanfeliú a favor del exgerente y en que se espetaba desde la vulneración de las garantías al debido proceso a una aplicación errada del derecho. Se les dio la razón respecto del principio de congruencia ya que se estimó que la sentencia del tribunal incorporó hechos que no contemplaba la acusación del Ministerio Público, lo que se traduce en que no se respetó el derecho de defensa.

En los argumentos de la Corte se lee "el sustrato fáctico de la acusación del Ministerio Público, que no incluyó el plan delictivo urdido por el controlador, al que se adhirieron las querellantes y que no fue modificado por la acusación particular, fue excedido en el fallo, vulnerándose la concordancia o correspondencia impuesta como límite infranqueable a la decisión condenatoria, pues las particularidades del hecho y participación del acusado que se dieron por probados, conducentes a calificarlos de determinada manera, difieren de la acusación propuesta por el persecutor y del acusador particular, cercenando, finalmente, el derecho de defensa de que es titular todo inculpado de un delito". Y acota que "dichas imputaciones no contienen en su descripción la existencia del plan delictivo a que alude el fallo, plan que habría sido acordado previamente con Ponce Lerou -es decir, concierto previo- y en cumplimiento del cual Motta Camp habría realizado los actos que se le atribuyen".

Concluye que "como el acusado no fue perseguido criminalmente por formar parte de un plan delictivo -que supone la intervención de varios individuos, con roles diversos y un dolo común- hay infracción al principio de congruencia".

La decisión de volver al punto de partida significa un revés para la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte que comanda Chong Campusano y además, implica una carga extra a las tareas de esa Unidad que enfrenta el primer y mediático juicio contra políticos, el exsenador Jaime Orpis y la exdiputada, Marta Isasi. En paralelo, la unidad acaba de presentar acusación en el Caso OAS, cuyo principal imputado es el excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami.

Pese a que la propia Chong Campusano resta importancia a esta compatibilización, en reserva algunas defensas del caso Corpesca creen que Chong Campodría enfocarse en sujetar la condena a Motta Camp más que en litigar contra Orpis, quien ya ha confesado el fraude al fisco, delito que mayor pena posee en la acusación.

"Sobre la compatibilización de juicios, es algo que vamos a abordar con el equipo de la Fiscalía Centro Norte, sin que aquello represente un problema y contamos para ello con todos sus recursos", explica la abogada a La Tercera PM.

Donoso Boassi, en tanto, está optimista respecto de las posibilidades de Motta Camp: "El fallo de la Corte Suprema marca un antes y un después, esta sentencia delimita los márgenes de un nuevo juicio, sobre todo para el respeto del derecho a defensa. Ahora nuestro cliente va a un segundo juicio con la tranquilidad de que sus garantías constitucionales serán plenamente respetadas, especialmente en lo que dice relación con los hechos que se le pueden imputar y la prueba que es pertinente. Por lo tanto, esperamos este juicio con toda la tranquilidad que produce la convicción en la inocencia de nuestro representado y la certeza jurídica que provee el estado de derecho. Como abogados no podemos pedir más, ni podemos aceptar menos", subrayó.

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