U. La República se niega a morir: en una última arremetida judicial se querelló contra superintendente que la cerró

La Universidad La República se juega sus últimas cartas ante tribunales.

La casa de estudios acusa a la autoridad de Educación Superior, Jorge Avilés, por el delito de desacato al no cumplir -a juicio de ellos- la orden de no innovar dictada por la Corte Suprema y que detuvo el cierre de la universidad. Pero esta no es la primera acción judicial de la Ulare, también ha recurrido a la Corte de Apelaciones y ha culpado al administrador del cierre por los mismos hechos. El superintendente se defiende: "es evidente la intención de enlodar la labor de nuestro servicio".




El miércoles 5 de mayo de 2021, el Consejo Nacional de Educación acordó revocar el reconocimiento oficial de la Universidad La República (Ulare) a petición de la Superintendencia de Educación Superior (SES). Desde entonces, dicha universidad ha realizado una serie de acciones judiciales que ahora tienen un nuevo capítulo: la casa de estudios se querelló contra el superintendente de Educación, Jorge Avilés Barros, a quien acusan del delito de desacato al no cumplir la orden de no innovar emanada por la Corte Suprema y que suspendió el cierre de la universidad. La arremetida, dicen en tribunales, es una respuesta a la acción fiscalizadora de la autoridad.

A comienzos del mes de marzo la Ulare se querelló en contra de quien resultara responsable, pero apuntando al administrador del cierre, Jaime Torreblanca, acusándolo de continuar con el proceso de clausura de la institución a pesar de la decisión del máximo tribunal. Los querellantes ampliaron dicha acción criminal, ya presentada, e incluyeron antecedentes para sumar ahora al superintendente, a quien piden sea citado a declarar.

La nueva arremetida judicial, patrocinada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, acusa al superintendente de ir en contra de su deber, objetividad e imparcialidad, ya que a su juicio “ha actuado constantemente al margen de la legalidad en el desempeño de sus labores del servicio público”.

Colombara explica que la decisión de querellarse por parte de la universidad se debe al “desacato reiterado que están cometiendo respecto de la orden dada por la Corte Suprema, en torno a que, entre otras cosas, la administración de la universidad debe volver a su Rector”. El abogado, además, denuncia que “el administrador de cierre desapareció después de la orden de no innovar de la Corte Suprema”. A pesar de eso, explica, la dirección de la casa de estudios no tiene acceso a las cuentas corrientes y consigo a la posibilidad de pagar los servicios básicos de las instalaciones y sueldos a académicos y personal administrativo.

Pero este es un capítulo judicial más desde que se decretó el inicio del proceso de cierre de la universidad el año pasado tras identificarse falencias financieras y administrativas. Luego de la decisión del Consejo Nacional de Educación, Torreblanca logró acceder a las dependencias de la universidad y realizó un cambio de cerraduras del inmueble. Acción que llevó a la casa de estudios a interponer una querella ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de prevaricación.

Previo a eso, la Corte de Apelaciones falló unánimemente contra la Ulare desestimando así sus alegatos con los que buscaban declarar ilegal el proceso de cierre. Finalmente, la universidad apeló ante la Corte Suprema quien deberá resolver en última instancia este conflicto.

Los cuestionamientos

Uno de los primeros hechos detallados en la querella de la Ulare, y por lo cual acusan a Jorge Avilés, es el rechazo sin observaciones del superintendente al “plan de recuperación” propuesto por la universidad y con el cual buscaba evitar el cierre. Su negativa gatilló el comienzo de ese proceso.

A juicio de los querellantes, el superintendente ha dejado de “lado la legalidad en el desempeño de su función pública y con ello su deber de imparcialidad y faltando a la probidad administrativa”. Los mismos aseguran que “es imposible determinar los motivos que fundamentan la resolución administrativa adoptada por el Sr. Avilés, es al menos del todo claro que ellos no responden a lo dispuesto por la ley, hechos que serán materia de la investigación”.

En la querella aseguran que la Superintendencia de Educación Superior ha continuado con el proceso de revocación del reconocimiento oficial de la universidad “haciéndolo de manera ilegal y abusiva”. El escrito agrega que el superintendente “ha persistido en el cumplimiento de lo dispuesto por las resoluciones cuyos efectos se encuentran suspendidos por expresa disposición de la Corte Suprema”.

Ante eso apuntan al administrador Torreblanca quien no ha hecho entrega del mandato al Rector, acción que a juicio de la Ulare ha sido “tolerada y respaldada por la Superintendencia de Educación Superior, a través del superintendente, Sr. Avilés”.

Consultado por este medio, el abogado Colombara calificó como “inaceptable que un funcionario público, como lo es el superintendente, no cumpla decisiones judiciales, más aún si emanan de la Corte Suprema. Esperamos que se investigue, se le formalice y se le lleve a juicio, para condenarlo”.

La defensa del superintendente: “la intención es enlodar”

Consultado al respecto, Jorge Avilés aseguró que no estaban en conocimiento desde la Superintendencia de Educación Superior de esta nueva querella. Respecto a las acusaciones en su contra y al proceso de cierre de la Ulare, sostuvo que “mantenemos la firme convicción de que el procedimiento desarrollado por la Superintendencia, que fundamentó la decisión del ministerio de Educación y de la unanimidad del Consejo Nacional de Educación de revocar el reconocimiento oficial de la universidad, fue absolutamente apegado a la ley y respetó todas las garantías y normas del debido proceso”.

Ese mismo procedimiento, a su juicio, “nos da la seguridad de que la evidente intención de enlodar la labor de nuestro servicio y el mío en particular, será desestimada por los tribunales, de la misma manera que han sido rechazadas todas las anteriores acciones judiciales que han buscado establecer un manto de dudas sobre el proceder, no solo de esta Superintendencia, sino de toda la nueva institucionalidad que rige al sistema de educación superior”.

“Es importante señalar que el actuar de esta Superintendencia ha estado en todo momento orientado a resguardar los derechos e intereses de los estudiantes, como ya lo han ratificado los distintos organismos públicos que se han debido pronunciar sobre el cierre de la universidad y los tribunales de justicia en diversas sentencias”, concluyó Avilés.

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