“Usurpación de facultades": La controvertida gestión de la pandemia que adoptó Bukele en El Salvador

El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele acompañado de miembros de las Fuerzas Armadas, en un discurso afuera del Congreso en San Salvador.

El joven mandatario de 38 años es acusado de "antidemocrático" después de ampliar el estado de emergencia por 30 días más sin la autorización del Legislativo, lo que le costó una demanda por inconstitucionalidad. La polémica se enmarca en una larga lista de disputas.




En una nueva escalada de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo de El Salvador, el Presidente Nayib Bukele extendió por 30 días más la Ley Nacional de Emergencia para enfrentar la pandemia del Covid-19, pero sin la aprobación de los diputados durante la noche del sábado, lo que generó un nuevo enfrentamiento con la oposición. La prórroga se dio un día antes de que venciera el decreto y después de que los legisladores declinaran ampliarlo el jueves.

En este escenario es que la Fiscalía General presentó una demanda por inconstitucionalidad contra la orden, mientras Bukele hizo un llamado al diálogo ayer a través de un discurso televisado, lo que aumentó la división en medio de la crisis sanitaria.

La policía revisa a los vehículos que transitan durante la cuarentena decretada en El Salvador.

Según las últimas cifras, El Salvador tiene 1.413 casos positivos y 30 víctimas fatales. En medio de la nueva polémica, el mandatario salvadoreño apuntó en su discurso que “no importa cuánto grita la comunidad empresarial, no es hora de abrirse”.

La medida que no pudo ser discutida por la Asamblea Legislativa, con mayoría opositora, amplía por 30 días más la suspensión de clases, el pago de servicios de luz y electricidad, la limitación de circulación de personas y la autorización para utilizar fondos estatales por la pandemia.

Ante esto, la Fiscalía de El Salvador acusó que el anuncio del gobierno “resulta un acto de usurpación de facultades”, ayer tras presentar la demanda de inconstitucionalidad después que el gobierno utilizó el artículo 24 para extender el estado de emergencia, medida que se utiliza cuando los legisladores están imposibilitados de reunirse.

Un médico revisa a un paciente positivo a Covid-19 que está conectado a un respirador artificial en la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital San Rafael, en La Libertad, El Salvador.

Bukele, que llegó al poder el 1 de junio pasado tras romper un bipartidismo y la alternancia en el poder de la izquierda y derecha tradicional que gobernaron en los últimos 30 años, ha intentado poner “mano dura” durante la pandemia.

En esa línea, es que el líder salvadoreño desestimó varios fallos de la Corte Suprema en que ordenó que las fuerzas de seguridad desplegadas en las calles no podían detener legalmente a las personas por quebrar la cuarentena decretada el 21 de marzo y enviadas a centros de confinamiento sanitario.

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El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele en el Legislativo en febrero pasado.

Según la BBC, entre las denuncias también aparece que la Policía y Fuerza Armada confiscan los automóviles de quienes quebrantan el confinamiento, y que las autoridades ingresan a los domicilios para obligar a las personas a quedarse.

El documento firmado por todos los magistrados de la Corte Suprema señala que hasta que la Asamblea Legislativa no emita una ley para “regular la movilidad social durante la cuarentena, ninguna persona puede ser detenida, sino obligada a permanecer en sus casas”.

Sin embargo, Bukele rechazó seguir la directriz de la Justicia y señaló que “así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”.

El jefe de Estado, de 38 años, ha estado en el ojo de la prensa internacional por su curioso método de gobernar, que incluye una alta participación en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde tiene más de 1,9 millones de seguidores, sino también por sus “inusuales” decisiones.

Una de estas ocurrió el 26 de abril cuando Bukele publicó en su cuenta oficial fotografías de cientos de pandilleros semidesnudos, con mascarillas y amontonados en los patios de cárceles del país. La “antítesis del distanciamiento social” se dio después de cuatro días de violencia que dejaron al menos 74 homicidios en el país.

Presos durante una redada en la cárcel Izalco, en El Salvador.

En un intento por “resolver” la violencia es que el gobierno ordenó autorizar el uso de fuerza letal contra las maras, sumado al sellado de todas las celdas de pandilleros para que no entre luz y la mezcla de reos sin importas sus facciones, lo que no se daba desde 2002.

Pese a las polémicas, el denominado mandatario millenial registró en febrero pasado una aprobación del 85% según una encuesta de LG Datos publicado en el diario La Prensa Gráfica.

El pasado 1 de febrero, el jefe de Estado irrumpió en la Asamblea Legislativa respaldado por militares con rifles en un intento para que los legisladores aprobaran un multimillonario préstamo de US$ 109 millones para un plan contra las maras.

Militares irrumpen la Asamblea Legislativa el pasado 1 de febrero por orden del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El discurso “anticorrupción y anticrimen” sigue generando réditos al nuevo Ejecutivo. Sin embargo, las acusaciones se concentran en que podría sus acciones ponen en peligro la democracia de El Salvador.

Según la agencia Reuters, hasta el sábado se registraron por quinta noche consecutiva una serie de cacerolazos en medio del silencio del confinamiento en el que los salvadoreños denuncian la falta de alimentos en la emergencia. Organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado su preocupación “por el estilo de gobierno de Bukele”.

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