“Vulneró sus derechos humanos”: jueza de familia que postula a ser Defensora de la Niñez fue sancionada por filtrar audio de causa que afectaba a una adolescente

Para esta semana estaba fijada la sesión en la que el Senado elegiría a quien estará al mando de la Defensoría de la Niñez. Sin embargo, la decisión se postergó una semana más. En el proceso, que comenzó a mediados de marzo, hay 12 postulantes al cargo para suceder a la abogada Patricia Muñoz, una de ellas es la jueza de familia Mónica Jeldres. Pese a suscitar amplios apoyos en cartas enviadas a la Cámara Alta, la magistrada tiene abierto un proceso sancionatorio en su contra en que la Corte de Apelaciones de Santiago la sancionó por haber difundido el registro de una audiencia reservada del tribunal en que trabaja, que afectaba a una adolescente y en la que había expresa prohibición de informar.

Este lunes, la comisión de Derechos Humanos del Senado recibió a los 12 postulantes al cargo para dirigir la Defensoría de la Niñez. En su presentación, Jeldres omitió esta situación que complica su hoja de vida en el Poder Judicial. Sin embargo, La Tercera PM tuvo acceso a la resolución del pleno del tribunal de alzada capitalino que consideró que su actuar fue “poco prolijo” y “descuidado” y haber vulnerado los derechos fundamentales de la víctima.

La comisión, actualmente, está revisando cada una de las exposiciones de los candidatos, como también su desempeño profesional previo. Y es ahí donde surgió un antecedente que preocupa entre los miembros de la instancia: una amonestación, en 2020, a la candidata, Mónica Jeldres, quien hasta ahora obra como jueza del Segundo Juzgado de Familia.

Mónica Jeldres Salazar es abogada de la Universidad Central y actualmente se desempeña como jueza de familia. En el Poder Judicial lleva 20 años cumpliendo funciones, además de actualmente desempeñarse como académica de la misma casa de estudios de la que egresó.

Casi toda su carrera la ha desempeñado en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. De hecho, según consta en su presentación en la Comisión del Senado, ha participado en la tramitación de los proyectos de ley de la propia Defensoría de la Niñez o del Servicio Especializado de la Protección de la Niñez y la Adolescencia. Además de eso es autora de uno de los informes que develó abusos en el Sename, el denominado “Informe Jeldres”.

Pese a eso, en enero del año pasado la Corte de Apelaciones de Santiago abrió una investigación sumaria en su contra. Según consta en la resolución, a la cual tuvo acceso La Tercera PM, Jeldres en el desempeño de sus funciones accedió al sistema informático del Poder Judicial y revisó una causa seguida por el Centro de Medidas Cautelares de Santiago. Fue ahí donde la jueza “procedió posteriormente a filtrar el audio de una audiencia reservada mediante una transcripción que acompañó a una solicitud de ampliación de una medida cautelar contra el Estado de Chile interpuesta por la denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

En el documento consta que la jueza habría revelado antecedentes reservados respecto a la situación de una causa reservada de una adolescente y sobre un caso en el que existía una prohibición de informar. La resolución sostiene que la información fue recogida por una periodista y publicada el 9 de diciembre presentando antecedentes confidenciales de la causa y “hechos que afectaron a la misma adolescente, sin su autorización”.

Por considerar que la magistrada incurrió en una falta, el tribunal de alzada decidió dictar una “amonestación privada”. Sin embargo, el proceso actualmente se encuentra en apelación y deberá ser revisado por la Corte Suprema.

El fallo sostiene que la actuación “bien pudo haberse efectuado de manera correcta, de manera no promover con un actuar poco prolijo y descuidado, nuevas vulneraciones a los derechos fundamentales de la adolescente que se dice querer proteger”.

En sus descargos en el sumario, la magistrada negó haber dado algún tipo de entrevista a ese medio, catalogando como falsas las imputaciones. Según explicó, se trató de una nota de una periodista quien recopiló antecedentes, citando la presentación que ella realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Consultada por La Tercera PM, Jeldres sostiene que en 20 años siendo jueza nunca ha tenido una sanción en su hoja de vida, siendo calificada de manera sobresaliente como se expuso en la comisión del Senado. Respecto al procedimiento administrativo abierto en su contra, afirma que es “uno más de los que he tenido en la defensa de los niños, niñas y adolescentes. He sido crítica del actuar del Estado frente a la crisis en que se encuentran nuestros niños y las familias, lo que incluye mi institución, el Poder Judicial”.

La magistrada explica que en el contexto de la medida cautelar que solicitó ante la CIDH por explotación sexual infantil, que es una denuncia, “existe una propuesta de amonestación verbal administrativa y que se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema. Soy jueza de familia y ese es mi rol de garante, si eso me trae como consecuencia que tenga estos procedimientos, es algo que, reitero, he asumido, así es la defensa de los niños, niñas y adolescentes y las familias, y tengo la firme convicción que siempre he actuado resguardando los derechos de la infancia consagrados en la Convención de los Derechos del Niño”.

El proceso para elegir al segundo defensor o defensora de la Niñez comenzó el 8 de marzo con el oficio enviado por la actual directora de la institución, Patricia Muñoz, quien solicitó dar inicio al proceso debido a que próximamente concluye su periodo. En esa línea, la comisión de Constitución abrió las postulaciones, a la cual ingresaron 27 aspirantes, pasando la primera etapa sólo 12 de ellos.

Esa lista la lidera la magistrada Jeldres, además del abogado Iván Pavlov, quien participó del reciente proceso para elegir al fiscal nacional, sin embargo, no quedó en ninguna de las tres quinas que elaboró la Corte Suprema. Además de él, también forman parte del proceso los abogados Sebastián Salinero y Sebastián Llantén, quien es académico de la UDP. A ellos se suman los abogados Nora Villalobos Rodríguez, y Anuar Quesille Vera.

En el concurso también postuló el actual persecutor de la fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Cristián Suárez Pérez. El magíster en derecho penal cuenta con especializaciones en materia de infancia y ha encabezado investigaciones como “Operación Heidi”, “Caso Chamblas”, además de otros relacionados a parricidio, delitos sexuales contra NNA y femicidio.

Otra de las candidatas es la socióloga María Rosario Martínez Marín, quien entre 2020 y 2022 se desempeñó como directora del Sename, y dejó su cargo en octubre tras la solicitud de renuncia elevada por el Presidente Gabriel Boric. Además, también forma parte del proceso el secretario general de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Alvear Pareja -quien también trabajó en el Sename- y la psicóloga Blanquita Honorato, quien fue la primera subsecretaria de la Niñez durante el gobierno de Sebastián Piñera.

También hay algunos candidatos más cercanos al oficialismo, como la exdiputada Natalia Castillo -independiente cercana al PS- y Eric Sebastián Weinborn de la Calle, quien es abogado y en sus redes sociales se define como “defensor de los DDHH, preocupado y ocupado por los niños, niñas y adolescentes vulnerables de este país. De Convergencia Social #Boric2022″.

Originalmente, estaba fijado para este martes que la sala del Senado ratificara al candidato o candidata que propusiera la comisión, sin embargo, esta fue reagendada para el próximo martes 18. En la comisión, los senadores adoptaron esta decisión porque para los parlamentarios esta es una instancia que, según explicaron, merece “total cuidado” en su elección.

Consultados respecto a la situación de la magistrada Jeldres, la Defensora de la Niñez (S), Giannina Mondino, aseguró a La Tercera, que han tomado conocimiento y que más allá de aquello y de las competencias que tiene el Senado para la revisión de los y las candidatas, “como Defensoría de la Niñez no podemos dejar de mencionar que esperamos cualquiera de los o las candidatas que puedan llegar a dirigir la institución durante los próximos cinco años, no sólo tengan una trayectoria reconocida en el ámbito de la niñez y adolescencia, como lo establece la ley, sino que, además tengan un comportamiento anterior y futuro, que se demuestre íntegro con el irrestricto respeto a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

En esa línea, Mondino concluye que el Senado, debe velar porque el interés superior del niño “sea un principio rector en su decisión”.