Los desafíos que tendrán los futuros 155 convencionales que redactarán la nueva Constitución

constitución

En la primera reunión deberán elegir presidente (a) y vicepresidente (a) de la Convención, además de una secretaría técnica. Tras ello deberán abocarse a aprobar -por dos tercios- el reglamento de su funcionamiento, que se espera sea un proceso no exento de polémica. Solo una vez que ello ocurra, comenzarán el trabajo de redacción que seguramente se radicará en comisiones temáticas. El abogado y académico de la USS Arturo Squella profundiza estos y otros aspectos que enfrentará este grupo de ciudadanos (mujeres y hombres en igualdad de condiciones) al que se le asignará una de las tareas más importante en la historia del país.




El próximo lunes 11 de enero es la fecha límite para la inscripción de las candidaturas para la elección de convencionales constituyentes, que se efectuará tres meses después, el 11 de abril.

155 personas serán las encargadas de redactar una nueva Constitución, mitad mujeres, mitad hombres, además de escaños reservados para representantes de los pueblos originarios. Algo inédito en la historia de Chile y del mundo, motivo por el cual expertos, políticos y académicos de todo el orbe están siguiendo este proceso.

El trabajo de los convencionales tendrá un plazo máximo de un año de trabajo, nueves meses extensible por otros tres, luego de lo cual se plebiscitará el texto final 60 días después de terminar la redacción, la que antes debe contar con la aprobación de los dos tercios de los miembros de la Convención. Es decir, aproximadamente en agosto de 2022, cuando un nuevo presidente o presidenta gobierne el país, los ciudadanos concurrirán a las urnas para cerrar este proceso que se inició el 15 de noviembre de 2019 en el fragor del denominado estallido social. Si lo aprueban por mayoría simple (50% más un voto), el país tendrá una nueva Constitución; si lo rechazan, seguirá el texto actual.

El abogado de la PUC Arturo Squella Ovalle es director del Centro Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián (USS) y director del Diplomado Derecho Constitucional y Educación Ciudadana, enfocado a enseñar los aspectos y temáticas constitucionales, los mismos que serán abordados en el trabajo de los convencionales. Además, en su calidad de ex diputado entre 2010 y 2018, integró la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, motivo por el cual conoce a cabalidad la importancia del futuro trabajo de la Convención.

¿Cómo se debería dar el trabajo de los 155 convencionales que sean elegidos el 11 de abril?

Lo primero que van a tener que hacer en la primera sesión es elegir la mesa directiva (presidente y vicepresidente), así como una secretaría técnica que apoye el trabajo de la Convención y haga de ministro de fe. Tras ello, de inmediato deberán ponerse de acuerdo para redactar el reglamento del funcionamiento, que son las reglas que encauzarán el debate. Lo más complejo del reglamento será la manera de abordar los distintos temas y cómo se van introduciendo modificaciones a las propuestas que puedan hacer los convencionales. Llegar a un acuerdo por los dos tercios de los miembros para regular el trabajo de redacción va a requerir de un estudio bien profundo, que sin ninguna duda se va a tomar su tiempo. Incluso hay quienes dicen que perfectamente podrían estar en ello (en el reglamento) los nueve meses de trabajo que están considerados para todo el quehacer de la Convención. Ojalá que no sea así, que tengan a la vista lo que ya existe, tomando ejemplos existentes que han funcionado muy bien, como lo es el reglamento de la Cámara de Diputados o del mismo Senado. Esto sería una buena manera de encauzar la redacción de este reglamento. Una vez que esté listo, los integrantes van a tener que votarlo, y podrá ser aprobado solo si cuenta con los dos tercios de los convencionales en ejercicio. Y en aquello donde no se reúna ese quórum no habrá norma reglamentaria.

Arturo Squella Ovalle, abogado y director del Centro Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián.

¿Qué ocurriría si no se llega a un acuerdo por el reglamento de la Convención?

Es un peligro cierto. De buena fe, este proceso constituyente se pensó para reunir la mayor cantidad de voluntades posibles detrás del texto que se va a aprobar; y para que ocurra ello, el sistema de funcionamiento también tiene que ser ampliamente respaldado por los integrantes. Pero si llegaran a primar las visiones menores, de partidos determinados o de pequeños grupos que se pudieran conformar en la Convención, va a ser difícil y engorroso llegar a cualquier tipo de consenso. Allí radica la importancia de la elección de los convencionales, y ojalá sepan que es muy importante que el texto de una Constitución sea respaldado por la mayor cantidad de personas. Al final del día, este es un elemento característico e inherente de una Constitución exitosa.

¿Cómo debería darse el trabajo de redacción una vez que se tenga un reglamento de funcionamiento aprobado?

Deberían agruparse por áreas o temas en comisiones, algo similar a como se hace hoy en día en la Cámara o en el Senado. Estas comisiones deberían depender de la Secretaría Técnica a cargo de un secretario o secretaria que también ejercería como ministro de fe. El trabajo de estas comisiones tiene que recoger el corazón de todo lo que ha sido el proceso constituyente en Chile, que es dotar de mayor participación las decisiones que en definitiva van a formar parte de la Constitución. Entonces, uno esperaría que en esas comisiones, en los debates de los distintos temas y materias, se invite a los distintos interesados, que en general provienen del mundo académico, para que den sus puntos de vista y para que los convencionales se formen una opinión lo más acabada posible, tal como ocurre en la inmensa mayoría de los casos del debate legislativo hoy día. Las personas desconocen la riqueza de esta parte del debate legislativo, porque los medios solo informan el 5% donde hay discrepancia y no el 95% donde hay consenso. En este proceso, en general, las ideologías políticas quedan bastante de lado, en el sentido de que un buen argumento presentado por un profesor universitario puede convencer a personas que no necesariamente piensan igual políticamente. Uno esperaría que todas estas cosas positivas se vean reflejadas en el trabajo de la Convención.

¿Qué es la hoja en blanco?

No soy partidario de lo que llaman la hoja en blanco, porque se establece incertidumbre en general. Se trata de que se va a redactar a partir no de un texto que ya exista. Lo normal es que cuando se modifica una ley o bien la misma Constitución (esta ha tenido más de 300 cambios en cerca de 40 reformas), es que se trabaje sobre el texto vigente y que se modifique lo que no gusta, y que siga vigente lo que no se reformó. Acá no va a ser así; acá se va a partir de cero, y eso es lo que han llamado una hoja en blanco. Es decir, aquello en donde no se pueda poner de acuerdo la Convención por los dos tercios no va a quedar regulado en la Constitución. Y ello tiene lecturas que son complejas, por lo mismo espero que prime la cordura a la hora de llegar a acuerdos en este organismo.

¿A su juicio, la nueva Constitución debería ser detallista en las temáticas o más bien generalista en torno a principios rectores?

Entre una Constitución al estilo boliviana, en cuyo texto se ve reflejado hasta el último detalle; versus una Constitución más al estilo de Estados Unidos, por cierto que debiera apuntar a tener principios orientadores más que entrar a la minucia como lo han hecho algunas constituciones que no han tenido buena suerte en América Latina. Porque en la medida que más detalles se pretenda incluir en la Constitución, más complejo será llegar a acuerdos amplios. Por lo mismo, creo que lo sustantivo es lo que tiene que estar contenido en la redacción. Es decir, una referencia general de cuáles son los principios que hay detrás del Estado de Chile, qué es el ordenamiento jurídico que se debe respetar, y que deben estar fielmente representados los componentes propios de un Estado Constitucional de Derecho. Además, tiene que estar muy bien definido -como lo está en la Constitución actual- el catálogo de derechos fundamentales garantizados; y una revisión general de cuáles son los principales mandatos y funcionamiento de los órganos constitucionales. Pretender y abordar cada una de las materias que en definitiva deberían ser entregadas a la ley, va a provocar una suerte de conflicto importante que seguramente no va a permitir avanzar de la mejor manera posible. Y desde ese punto de vista, creo que es importante lo que algunos autores han denominado hoy en día “La casa de todos”, a propósito del texto del profesor Patricio Zapata.

¿Entrar en el detalle podría ser, por ejemplo, la propiedad del agua?

Sin duda será uno de los temas que se van a conversar. Pero me da la impresión de que en la medida en que los integrantes se ilustren e instruyan en la manera en que actualmente se trata el derecho de propiedad, por un lado, y el derecho de aprovechamiento del agua, en particular, la nueva Constitución no debería innovar en una fórmula muy distinta a lo que ya existe. No veo que esto vaya a generar un conflicto mayor. Es más, creo que en el debate sobre el catálogo de derechos, en términos generales y para sorpresa de muchos, el tema del agua no va a ser uno de los principales elementos generadores de división o de debate.

¿Cuáles serán esos aspectos que pueden provocar división?

Yo lo veo más en aspectos y elementos que conforman lo que llamamos la parte orgánica de la Constitución. Sin ninguna duda que un tema que se va a discutir es la composición del Poder Legislativo, si se va a mantener bicameral o si se va a seguir una suerte de tendencia a fusionarlos y adoptar un mecanismo unicameral. Este debate va a estar dado por el perfil de los integrantes que compongan la Convención. Quiero decir que en la medida en que haya más personas afines o que vengan del mundo político, el debate se va a centrar en aspectos de interés político, versus un componente más bien académico, donde la parte doctrinaria va a estar más presente en el debate de los principios que deberían regir el ordenamiento jurídico chileno.

¿Cree que será un tema controversial abordar el actual principio de subsidiaridad del Estado contenido en la Constitución?

Sin duda. Uno de los principios importantes que tiene la Constitución actual es el de subsidiaridad. Y se da una particularidad, porque en él no solo es relevante su discusión por parte del mundo académico, sino que ha adoptado de manera equivocada -a mi juicio- un tenor político, generándose una discusión donde no se comprende bien de qué estamos hablando. El principio de subsidiaridad dictamina que el Estado solo se tiene que abocar a las tareas que solo el Estado puede realizar, porque los particulares no están en condiciones de hacerlo. En consecuencia, resguarda la autonomía de los particulares para que puedan desarrollar su vida en términos generales (de personas o de organizaciones de ellas) sin mayor intervención del Estado. Un ejemplo concreto lo estamos viendo hoy con la pandemia, en donde como los particulares no están en condiciones de resguardar el derecho a la salud, es el Estado el que controla todo. Por eso, el Estado, sin distinguir si los centros de salud son públicos o privados, es quien decide qué infraestructura hospitalaria se usa para la población. Esta también es una manera de ver el principio de subsidiaridad, desde la perspectiva de cuando le toca actuar al Estado, no así a los particulares. Y una característica, además, del principio de subsidiaridad es que cada peso del Estado tiene que estar dirigido precisamente a quienes más lo necesitan. En definitiva, dentro de los particulares, quienes posean los recursos para solventar sus necesidades básicas por su cuenta, el Estado lo que hace es confiar en que ellos se harán cargo de sus necesidades de manera particular. Otro aspecto equivocado de entender el principio de subsidiaridad es cuando se pone en contraposición a la solidaridad. La solidaridad puede estar totalmente presente en un Estado subsidiario; y, tal como hoy día está presente en la Constitución, esperamos que en la futura Constitución también sea así. Yo no tengo ninguna duda de que el principio de subsidiaridad explicado como verdaderamente es y sus alcances, será ampliamente popular y respaldado por la inmensa mayoría de los chilenos.

¿De qué modo van a influir los tratados internacionales ratificados por Chile en el texto de la nueva Constitución?

La reforma constitucional que dio vida a este proceso constituyente dejó de manera acertada ciertos elementos bajo resguardo, en el sentido de que si bien existe la hoja en blanco, también hay ciertos elementos que los constituyentes van a tener reconocer y respetar. Uno de ellos es precisamente los contenidos de los tratados internacionales. Es decir, no se van a poder poner de acuerdo para modificar un alcance que pueda tener un precepto de un tratado internacional que haya sido ratificado por el país. Tampoco van a poder modificar la condición de que Chile es una república democrática, ni menos hacer un llamado o texto expreso que desconozca una sentencia judicial que se encuentre firme y ejecutoriada.

¿Cómo podría ayudar la nueva Constitución al proceso de descentralización efectiva del país?

Desde nuestra perspectiva, creemos que se debería hacer una especial mirada a la estructura que actualmente tenemos basada en el poder de los municipios. Como país existe una estructura municipal muy bien planteada en la resolución de los problemas y en cómo la ciudadanía valida esta forma al buscar solución en este nivel local del Estado. Lo interesante es cómo la redacción de la nueva Constitución puede recoger y acentuar este fenómeno político positivo de la municipalización del país en el proceso de descentralización que todos han declarado que quieren.

¿Cómo se debe preparar un aspirante a convencional para entender bien el trabajo que le espera?

Uno no puede poner exigencias a los cargos de elección popular, como que tenga un determinado nivel de conocimiento o de preparación. Porque, en definitiva, es la ciudadanía la que tiene que elegir libremente. Y por eso es muy grato saber que muchas de las personas que aspiran a formar parte de la convención se están preparando por su cuenta, independiente de que tengan un currículum académico o bien una profesión o no. Lo he visto en mi rol en la Universidad San Sebastián, donde a nuestro Diplomado han llegado muchas personas precisamente porque están interesados en formar parte de la Convención o asesorar a alguien que vaya a postular, y que quieren saber más respecto del derecho constitucional en términos generales. Eso lo hemos tomado a nivel universitario como una muy buena tendencia de cómo la ciudadanía se está tomando esto con la debida seriedad. Eso nos ha obligado a tener tres versiones simultáneas de este diplomado, algo inédito. Nos llena de orgullo, porque como universidad estamos contribuyendo al proceso constituyente entregando conocimientos y herramientas para un mejor trabajo en la Convención. Es llamativo e interesante cómo se están planteando las clases en este diplomado en el contexto en el cual estamos. Van apareciendo muchas inquietudes que antes no las hubiésemos tenido, y verlas desde una perspectiva académica, con un plantel de profesores que combina la excelencia académica y la trayectoria pública, la verdad es que un gusto formar parte de este trabajo.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.