Vivienda: medidas para abordar la crisis

Quien llegue a La Moneda el próximo 11 de marzo de 2026 deberá preocuparse por tomar medidas ante una crisis habitacional que afecta a Chile, con un déficit habitacional cercano a las 640 mil viviendas. A esto se suma el problema de los campamentos y los asentamientos ilegales, así como la situación del arriendo y la vivienda propia, que también debieran estar entre las principales prioridades.

Las propuestas de Vivienda de los ocho presidenciales coinciden en la urgencia de reducir el déficit habitacional, pero tienen matices a la hora del rol que jugará el Estado en dicha tarea. Evelyn Matthei, Jeannette Jara y José Antonio Kast presentan metas cuantificadas, con la construcción de entre 400 mil y 800 mil viviendas, y planes que combinan subsidios, garantías estatales y uso de suelo público.

Matthei impulsa incentivos financieros como el “Pie Cero” y la exención temporal del IVA; Jara propone un “hipotecazo” para jóvenes entre 25 y 40 años que deseen optar a viviendas nuevas o usadas, un Banco de Suelo y regeneración de barrios, y Kast ofrece ampliar subsidios y eliminar contribuciones a la primera vivienda.

Harold Mayne-Nicholls, por su lado, busca redirigir inversiones institucionales al financiamiento hipotecario y fortalecer el arriendo social, mientras Franco Parisi apuesta por viviendas prefabricadas de bajo costo y créditos con aval estatal.

En el otro extremo, Johannes Kaiser propone liberalizar el mercado inmobiliario eliminando impuestos, regulaciones y permisos para acelerar la construcción; y en el caso opuesto, Eduardo Artés defiende una industria estatal de la construcción y el “Derecho a la Ciudad” como principio constitucional.

Ante estas ideas, Beatriz Mella, directora del Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo, el Hábitat y la Descentralización (CIUDHAD) de la Universidad Andrés Bello, comenta que la política habitacional chilena requiere un cambio estructural.

“Debemos pasar de una política centrada en subsidios aislados a un sistema mixto que combine instrumentos financieros, públicos y privados, con el Estado actuando como garante”, opina.

En la experiencia reciente, Mella señala que se ha demostrado que el sistema de subsidios “no alcanza” y que este requiere una gestión en diferentes formas, desde el arriendo protegido a las cooperativas, los multifamily o la vivienda pública.

“Ministerios, municipios y gobiernos regionales avanzan sin un marco común”, analiza, y agrega que el problema central no es sólo el acceso al crédito, sino la imposibilidad real de ahorrar el pie de una casa. Mella toma el caso de una pareja profesional promedio, que aun teniendo ingresos estables les es difícil reunir un monto antes de una década. “En este escenario, el Estado debe asumir un rol más activo como garante, no como único financista”, analiza ante las propuestas.

Sobre el suelo urbano y terrenos fiscales, la académica advierte que “el problema no es la falta de suelo, sino su gestión”, y que un Banco de Suelos sólo tendría valor si “se debe gestionar, adquirir, habilitar y disponer suelo con objetivos claros y tiempos definidos”. Luego agrega: “Seguir pensando que el Estado debe limitarse a adquirir suelo para construir solo con recursos públicos reduce el universo de soluciones posibles”.

Beatriz Mella propone que las políticas habitacionales sean permanentes y estructurales, no reactivas. Señala tres ejes clave: incorporar el riesgo de desastres desde la planificación urbana, considerando infraestructura, conectividad y evacuación segura desde el inicio.

Segundo, diseñar barrios y viviendas pensando en la vida cotidiana, con acceso a transporte, servicios de salud, espacios públicos de calidad y entornos seguros, beneficiando especialmente a adultos mayores, mujeres y personas con movilidad reducida.

Por último, integrar un enfoque de género y cuidados, destinando, por ejemplo, un 60 % de los cupos de viviendas bien ubicadas a mujeres con niños o adultos mayores a su cargo, y adaptando los proyectos para responder a estas necesidades junto con redes de apoyo comunitarias.

Seguridad: fortalecer al Estado en la prevención del delito

La agenda de Seguridad se ha convertido en el tema prioritario que atraviesa las candidaturas presidenciales, sin distinción ideológica, y en el eje central de varias campañas. Los ocho presidenciables coinciden en fortalecer las policías, ampliar el uso de la tecnología, mejorar la inteligencia y modernizar el sistema penitenciario.

Más allá de las diferencias, todos comparten un diagnóstico común: la insuficiente capacidad del Estado para enfrentar el delito. La falta de coordinación entre instituciones, la sobrepoblación carcelaria, los vacíos en el control fronterizo y las limitaciones tecnológicas se repiten en sus programas. Sin embargo, las soluciones varían en alcance, costo y énfasis.

Por ejemplo, el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast tiene como eje programático principal abordar “la emergencia de seguridad”, y propone crear una policía fronteriza militarizada, ampliar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno, endurecer las penas y construir más cárceles de alta seguridad.

Evelyn Matthei, por su parte, también pone el acento en la persecución del delito, al duplicar las plazas policiales, utilizar inteligencia artificial, habilitar el reconocimiento facial para la vigilancia urbana, y establecer una Agencia Nacional de Ciberseguridad e Inteligencia.

Franco Parisi propone un modelo tecnocrático con énfasis en la vigilancia digital mediante cámaras y drones, aunque con menor detalle institucional.

Jeannette Jara, en cambio, combina control, coordinación y prevención. Su programa contempla duplicar la formación de Carabineros, crear un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, instalar 5.000 cámaras y 3.000 lectores de patentes, fortalecer los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y construir cinco nuevas cárceles con 10.000 plazas adicionales.

Además, incorpora medidas sociales como el Plan Niñez Segura, programas de reinserción juvenil y la creación de un Servicio Nacional de Apoyo a Víctimas.

Ante una ciudadanía que exige resultados inmediatos en materia de seguridad, cabe preguntarse: si uno de los postulantes llega al sillón de O’Higgins, ¿con qué Estado se encontrará para implementar estas promesas?

Según Álvaro Bellolio, director de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas de la UNAB, será un Estado “sobrecargado, burocratizado y con baja capacidad de ejecución real”.

“El problema no es solo de leyes o recursos, sino de gestión y liderazgo”, comenta el académico, quien agrega que cualquier gobierno que busque resultados “deberá reconstruir capacidades básicas de coordinación, fijar metas medibles y exigir resultados a cada institución”.

Para lograr los cambios necesarios, advierte, el nuevo gobierno deberá contar con mayoría en el Congreso para “complementar las medidas administrativas y de gestión con mejoras permanentes en materia legislativa”.

Uno de los conceptos más reiterados en las propuestas es el de “fortalecer”, especialmente en relación con las funciones del Estado. Frente a ello, Bellolio considera adecuado fortalecer su poder, pero no su tamaño, sino su eficacia.

“El Estado tiene muchas atribuciones, pero las ejerce mal. Se requiere un poder coordinado”, opina, aludiendo a propuestas como la trazabilidad financiera autorizada por los tribunales o una mayor capacidad de ejecución territorial. “Aumentar atribuciones sin control ni evaluación sólo multiplica la ineficiencia”, advierte.

Endurecer la acción estatal también puede generar riesgos, como posibles abusos de autoridad por parte de quienes ejercen el control de la seguridad. Para evitar casos de connotación pública, Bellolio sostiene que la clave es el “Estado de Derecho, con una institucionalidad fuerte que combine autoridad con control”.

En su opinión, no hay que temer a la fuerza legítima, “sino al descontrol”. Las democracias sólidas, dice, aplican la ley con firmeza, pero con supervisión civil y transparencia.

En Chile, el riesgo no sólo es el abuso, sino también la inacción ante el delito. Por ello, defiende que es fundamental que quienes mal utilicen las medidas asuman responsabilidades políticas, administrativas y penales.

Respecto a las propuestas en materia penitenciaria y de Gendarmería, donde candidatos como Kast buscan impulsar una nueva política carcelaria enfocada en modernización y ampliación de infraestructura, Bellolio considera posible avanzar en un proyecto de este tipo dentro de un período de cuatro años, “si se deja atrás el idealismo y se gestiona con realismo”. Sí, se necesitan más cárceles, mejor administradas y más seguras, pero también con trabajo y formación en su interior.

“La reinserción no se logra con discursos, sino con gobernabilidad interna, disciplina y productividad penitenciaria”, explica, recordando que países como República Dominicana o Brasil han logrado invertir en infraestructura y rehabilitación de manera simultánea.

También sugiere descomprimir las cárceles mediante convenios internacionales que permitan a los reclusos extranjeros cumplir sus condenas en sus países de origen.

Economía: Más productividad e inversiones

Este punto es otra de las prioridades que tiene el país, y las propuestas de los aspirantes en la materia serán un ítem a considerar para definir el voto este fin de semana. Como punto principal, los programas muestran visiones muy distintas sobre crecimiento, rol del Estado, tributación y gasto público.

Los ejes comunes que se repiten entre las promesas están en mejorar la productividad, aumentar la inversión, modernizar el sistema tributario, equilibrar las cuentas fiscales y definir el papel del Estado frente al mercado.

Las diferencias están en cómo lograrlo. Por ejemplo, candidatos como Evelyn Matthei, Johannes Kaiser o José Antonio Kast proponen recortar el gasto público entre los US$ 6 mil millones y los 15 mil millones, aunque este último asegura que dicha acción no cortará beneficios sociales actuales.

En contraste, Jeannette Jara apuesta por un modelo de “crecimiento con justicia social”: salario vital a 750 mil pesos chilenos, un rol más activo del Estado en sectores estratégicos como cobre, litio y energía, y una agencia nacional del empleo para unificar capacitación, empleo y productividad.

En relación al emprendimiento, Franco Parisi pone énfasis en simplificación para PYMEs, devolución del IVA, respaldo a microempresas, inversión en infraestructura para exportación y evitar duplicidades de organismos públicos para mejorar la productividad.

En la vereda opuesta, Eduardo Artés, propone un Estado fuerte en economía con la nacionalización de empresas energéticas, planificación estatal y prioridad a la industrialización sobre el libre mercado.

Frente al nuevo orden económico global, Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la UNAB, comparte que los candidatos plantean distintas estrategias para enfrentar el bajo dinamismo de Chile. Mientras algunos orientan políticas de estímulo estatal, como la de Jara, y otra centrada en incentivar la inversión privada, como propone Matthei con reducción de impuestos corporativos.

Más allá de las promesas, Escobar razona que la principal señal que deben dar los candidatos es una “viabilidad” en materias tributarias.

“Llevamos ya varios gobiernos en los cuales la primera medida que todos toman es una reforma tributaria”, rememora, a lo que opina que, para evitar incertidumbres del mercado, deberían evitar políticas pensando que “son periodos presidenciales bastante cortos”.

El faro a seguir, a su parecer, debiese ser “tratar de mantener una viabilidad, una política tributaria estable a lo largo del periodo y buscar medidas de impulso a la inversión privada”.

Ante los posibles recortes al gasto público, el economista recuerda que en 2024 dicho monto giró en torno a los US$ 80.000 millones. “Representa aproximadamente un 25% del Producto Interno Bruto”, dimensiona, por lo que intentar disminuirlo tendría una repercusión en torno a un 2% o un 2,5% del PIB. Una acción que podría generar recesión, impactando “de forma negativa” en la generación de empleo.

Ante los factores que podrían determinar la recuperación de la inversión privada y la confianza empresarial, más allá de los programas políticos, Escobar insiste que la forma debería estar orientada a dos líneas. Una, el ámbito tributario, es decir, tratar de mantener o reducir la carga tributaria. A ello, se encuentra el problema de la seguridad, lo cual en su comentario “también genera incertidumbre y ruido al momento de llevar a cabo inversiones”, principalmente en el sector forestal y el comercio.

Medio ambiente: acciones imprescindibles para la carbono-neutralidad

El desarrollo de un país debe ir de la mano con la protección de su medio ambiente. Frente a una crisis climática que se manifiesta en incendios forestales recurrentes, escasez hídrica y aumento sostenido de las temperaturas, es fundamental que el futuro gobierno actúe con conciencia y responsabilidad al incentivar la economía y resguardar el bienestar de la población.

Las propuestas ambientales y energéticas de los candidatos comparten ciertos puntos en común: todos reconocen la crisis climática, la falta de agua y la necesidad urgente de modernizar la matriz energética. No obstante, las diferencias están marcadas en la forma de abordarlas.

Candidaturas como las de Jara, Mayne-Nicholls y Enríquez-Ominami proponen una transición ecológica centrada en la regulación, la participación ciudadana y la justicia territorial, mientras que Matthei y Parisi optan por una combinación de innovación tecnológica, incentivos e impulso a la planificación urbana verde.

En el extremo opuesto, Artés privilegia la industrialización y el control estatal por sobre las consideraciones ambientales, mientras Kaiser y Kast promueven una visión pro-mercado que busca acelerar las inversiones reduciendo las trabas regulatorias ambientales.

Ante la tensión entre desarrollo económico e industrialización versus protección ambiental, el académico de Ingeniería Ambiental de la UNAB, Iván Franchi, advierte que el tema debe abordarse con seriedad. “Reducir los tiempos de evaluación ambiental no significa menos rigor. Por el contrario, otorgar garantías para que la inversión pública y privada se concrete exige una mayor rigurosidad en la evaluación”, sostiene. A su juicio, la responsabilidad es compartida: se requieren proyectos bien formulados y una institucionalidad eficiente.

En cuanto a las medidas prioritarias que debería asumir el próximo gobierno frente a la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, Franchi considera que, aunque los esfuerzos deben proyectarse a largo plazo, en el siguiente ciclo presidencial es clave “consolidar la institucionalidad del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”. A ello suma la necesidad de implementar estrategias de intervención orientadas a “evitar el avance de los riesgos y peligros de especies específicas, incluyendo la protección de hábitats y poblaciones vulnerables”.

Respecto al cambio climático, el académico enfatiza que “hay que pisar aún más el acelerador en la transición energética”, reduciendo al mínimo la generación basada en combustibles fósiles.

Ejemplo de ello es la propuesta de Jara, que plantea alcanzar los 6 GW de capacidad para 2028 y crear las condiciones de mercado necesarias para que, al 2030, el 20% de la energía instalada cuente con almacenamiento, algo que Franchi considera esencial para garantizar estabilidad y eficiencia. “Por cada GW de almacenamiento, es posible reducir en un 1% las emisiones del sector energético”, explica.

La meta de alcanzar la carbono-neutralidad también se instala como un eje de debate. “Se trata de una política de Estado y de una necesidad impostergable”, sostiene Franchi, quien advierte que “no puede ponerse en entredicho por ningún motivo”. En consecuencia, plantea que la demanda de capacidad institucional y presupuestaria debe ser aún mayor para atender las consecuencias del cambio climático que la requerida para reducir las emisiones.

La gestión del agua figura igualmente entre las prioridades. Enríquez-Ominami propone crear una “Agencia Nacional del Agua”, mientras Kaiser plantea una legislación para fomentar la desalación y la expansión de plantas desalinizadoras en zonas áridas, una idea que también aparece en los programas de Artés, Kast y Mayne-Nicholls.

Para que estas medidas tengan un impacto real, Franchi insiste en que “deben diseñarse con un enfoque multipropósito”, orientadas a inversiones que garanticen el suministro hídrico para consumo humano, productivo y recreacional. “Nuestra institucionalidad debe adecuarse a la realidad ecosistémica del recurso hídrico”, concluye, enfatizando que el Estado es el principal responsable de la protección ambiental y que “no proteger hoy significa menor crecimiento en el futuro”.