A pocos días del operativo que puso fin a la Toma Dignidad, en La Florida, el ambiente entre sus habitantes es de cansancio e incertidumbre. La situación cerró con el desalojo de las pertenencias de más de cien familias por parte de Carabineros, más las cámaras de TV y periodistas cubriendo el minuto a minuto. Así, las imágenes de las últimas semanas ya no están, pero la herida en la zona sigue.

El lenguaje oficial habla de una “restitución de la propiedad”, de “recuperación del orden” y también de “la seguridad de los mismos habitantes”, ya que la toma, instalada en enero de 2020, ocupaba un terreno privado con alto riesgo de aluvión.

Sin embargo, debajo de esa narrativa existe otra tensión más profunda y que se instala en la propia historia de la sociedad local: la eterna disputa entre el derecho a tener una vivienda versus el respeto a la propiedad privada.

Mauro Basaure, sociólogo y profesor titular de la Universidad Andrés Bello, plantea concretamente que la figura del desalojo refleja la jerarquía de derechos en Chile, donde la propiedad se impone incluso cuando no hay alternativa habitacional para quienes ocupan los terrenos.

“Es el intento de imponer una norma que refiere la propiedad como un derecho fundamental… sin duda un derecho a respetar, que no viene acompañado de nada más que los problemas que tiene para ejecutarse”, explica.

Basaure destaca que las tomas son fenómenos diversos. En algunas se mezclan familias sin posibilidad de vivienda con quienes ven la oportunidad de especular con los terrenos. Pero el Estado, dice, responde de igual manera, criminalizando la pobreza sin distinguir sus motivaciones o contextos.

“Más que un derecho a la vivienda, lo que necesitamos son viviendas. Y estas pueden ser el resultado de construir masivamente o de recuperar las que están en desuso. Si no hay una oferta suficiente, las tomas seguirán existiendo porque son la respuesta más inmediata al déficit”.

“No hay que idealizar las tomas ni romantizarlas: las personas que han construido y vendido derechos deben ser tratadas como personas que tienen que ser sancionadas por la ley, porque es una forma de estafa… pero aquellas que realmente tienen problemas de vivienda debieran tener una forma de solución habitacional que vaya más allá del albergue”, plantea.

Por otro lado, el urbanista Javier Ruiz-Tagle, profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la UC, advierte que esa “restitución del orden” que se da tras el desalojo de una toma es más aparente que real: “A lo más, hay un subsidio de arriendo por unas semanas para poder saldar en alguna parte, pero en realidad nadie les arrienda, y la gente termina en rucos o en carpas en espacios públicos... Entonces no hay un restablecimiento como tal”, dice.

“Normalmente pasan meses, cuando no años, entre que se dicta la orden de desalojo y se puede aplicar, pero en ese tiempo no ocurre lo que uno debiese esperar: soluciones habitacionales para las personas que están en esa toma”, agrega Mauro Basaure.

Entre la ley y el abandono

El especialista de la UNAB recuerda que en el caso del reciente desalojo de la toma Calicheros, en Quilpué, ninguna persona ocupó el albergue dispuesto para esta situación. Este ejemplo deja en claro lo que sucede tras la cobertura mediática de una toma: el terreno queda demolido, cercado y vacío, pero el problema de sus habitantes vuelve al mismo punto de partida.

“El desalojo es muy mediático y policial, pero toda la complejidad que esconde el problema habitacional, uno estructural en Chile y que se está haciendo cada vez más complejo, queda fuera de la noticia y del análisis”, lamenta Basaure.

Javier Ruiz-Tagle, de la Universidad Católica, agrega que “un desalojo en un contexto como el actual es brutal, porque hoy se saca gente sin ninguna solución. Lo más que se les ofrece es un subsidio de arriendo”.

Ruiz-Tagle agrega que el Plan de Emergencia Habitacional “casi dobló lo que se hacía antes, pero sigue siendo insuficiente para lo que se necesita”, lo que evidencia que, pese a los esfuerzos, el ritmo de producción no logra acompañar la demanda.

A eso se suma, dice, que “la gestión del suelo sí es importante para construir más viviendas. Hoy se están disponibilizando terrenos del Estado al Serviu, pero el proceso es largo y engorroso”.

El urbanista recuerda que en los años 90 “Chile tuvo una producción supermasiva, con 130 mil viviendas al año, que fue el peak, y casi no hubo tomas. Estuvimos a punto de terminar con la informalidad habitacional, pero luego esa producción cayó drásticamente y el déficit volvió a crecer”.

“Tenemos una paradoja enorme: hay cien mil viviendas vacías en el mercado privado, sin venderse, y al mismo tiempo miles de familias sin casa viviendo en campamentos. Casas sin gente y gente sin casa”, agrega.

El derecho que no existe

En cuanto a la existencia de un derecho a la vivienda en Chile, Mauro Basaure es claro: “No existe en nuestro país. Tiene forma de eslogan, de una exigencia o de una lucha, pero no de un derecho efectivo. Lo más claro es que cuando se hace un desalojo se privilegia el derecho a la propiedad y las personas quedan en la calle”.

Según Basaure, no basta con que exista un derecho consagrado en la Constitución para que eso se traduzca en una política pública real, que solucione el problema. “Estamos a años luz de eso”, comenta.

El investigador Javier Ruiz-Tagle, complementa este punto desde otra arista: “Más que un derecho a la vivienda, lo que necesitamos son viviendas. Y estas pueden ser el resultado de construir masivamente o de recuperar las que están en desuso. Si no hay una oferta suficiente, las tomas seguirán existiendo porque son la respuesta más inmediata al déficit”.

Ruiz-Tagle complementa que se puede demandar al Estado “porque no la cumple y aun así el Estado no tiene ni la plata ni los recursos administrativos para lograrlo”.

​Además, el docente de la UC apunta que Chile ya firmó tratados internacionales que reconocen el derecho a la vivienda, “pero de ahí a que se cumpla hay una brecha enorme. Podemos tener el derecho escrito y aun así no tener ni la plata ni la capacidad administrativa para hacerlo real”.

“El derecho a la vivienda no existe en nuestro país. Tiene forma de eslogan, de una exigencia o de una lucha, pero no de un derecho efectivo“.

Y la afirmación no es sólo jurídica, sino política. Para el sociólogo Mauro Basaure, el país vive bajo una lógica meritocrática que justifica las desigualdades en el acceso a bienes básicos.

“Nuestra sociedad se estructura bajo un principio: aquello a lo que tú puedes acceder depende fundamentalmente de tu éxito en el plano económico y. si tú alcanzas una posición, es porque te esforzaste y la alcanzaste”, dice Basaure, quien añade que “el Estado entra a solucionar los problemas de quienes están en pésimo estado, y lo hace mal además”.

Javier Ruiz-Tagle coincide en el diagnóstico estructural: “El Estado hoy actúa como si mover el problema fuera resolverlo. Pero lo único que hace es trasladarlo de un punto a otro”.

La presión de las familias que no tienen dónde vivir no desaparecerá. “La toma ha sido históricamente una alternativa y no hay otra, a menos que entremos en un ciclo económico donde las personas tengan trabajo, el trabajo les alcance para pagar el arriendo, y el arriendo no sea abusivo… Pero eso no es la situación que vivimos hoy”, afirma.

¿Qué ocurriría si el derecho a la vivienda fuera realmente exigible ante la ley? Basaure responde con cautela. “Supone casi un modelo de sociedad distinto al que tenemos hoy”.

Si existiera un derecho a la vivienda exigible, una familia desalojada podría demandar al Estado por no ofrecerle una alternativa viable, pero el Estado chileno, bajo las condiciones actuales, con su músculo económico y de ejecución, no podría responder. “Reconocerlo como derecho, no podría hacerlo real... Es una situación ficcional”, agrega el académico de la UNAB.