La noche del pasado 6 de abril, en Cauquenes, la casa de la familia de un oficial de Gendarmería que se desempeña en el penal Santiago I recibió una lluvia de balazos. Pero no fue sólo eso. Además, quienes protagonizaron el ataque dejaron en la puerta de la vivienda una corona de flores y una carta con el siguiente mensaje: “Así como estás muerto tú, vamos por tus amigos sapos, tenemos todas las ubicaciones”.

Tres semanas después se supo que quienes estuvieron tras el hecho fueron miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.

Según un estudio realizado por el nuevo Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, que recogió distintas estadísticas sobre delitos cometidos en Chile entre 2014 y 2024, el Tren de Aragua es sólo una de las más de 12 organizaciones criminales extranjeras que están instaladas en Chile.

Por nombrar algunas, hay registro de la presencia, además, de Los Gallegos, Los Melean, Los Orientales y Los Valencianos, provenientes de Venezuela; Los Shottas y Los Espartanos, de Colombia; Los Pulpos y Los del Callao, de Perú; Los Trinitarios, de República Dominicana; Clan Bang, de China, y Jalisco Nueva Generación, de México.

El OCRIT, además, ha documentado que no es sólo la presencia de bandas de crimen organizado lo que han aumentado en Chile. En la última década, las cifras muestran que los homicidios han crecido en un 86%; los secuestros, en un 74%, el porte de armas de fuego o explosivos, en un 62%; el tráfico de sustancias en un 29%. Asimismo, las denuncias por extorsión pasaron de cuatro casos en 2014 a 279 en 2023 y 303 en 2024.

¿Cómo ha cambiado la delincuencia en el país en los últimos años? Esa fue la pregunta de base que se hicieron Lucía Dammert, socióloga experta en seguridad pública, y Pablo Zeballos, exoficial de Carabineros, integrante del Panel Consultivo de Expertos en Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública y autor del libro “Un virus entre sombras: La expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile”.

En el marco de la presentación del nuevo Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, ambos especialistas, junto a Pablo Urquízar -académico de Derecho UNAB y coordinador del OCRIT- analizaron las variables que han marcado al país y que debieran definir el accionar del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Todas ellas son clave a la hora de entender por qué la seguridad del país cambió, y cuáles son los desafíos para detener la criminalidad.

1. Mercados ilegales: un problema creciente

“Hace diez años teníamos una autopercepción nacional de que no había crimen organizado y de que éramos, en el mejor de los casos, un ‘país de paso’. Además, estábamos concentrados en sólo un delito, que era el tráfico de drogas. Eso ha cambiado sustancialmente”, dice de entrada Lucía Dammert.

A su juicio, hay tres elementos que marcan la “nueva criminalidad”: el aumento de la violencia y el de porte de armas, pero también la entrada fuerte en Chile de los mercados ilegales, como la trata de personas, el tráfico de inmigrantes y el ingreso de oro ilegal.

“Además, hay una presencia importante de narcotráfico en la zona norte, ya no sólo vinculado a la cocaína o a la marihuana, sino también a las drogas químicas. También hay contrabando de vehículos y un tremendo mercado en la venta de cigarrillos y ropa usada. Todo eso genera mucho dinero”, explica la especialista, quien apunta que hoy las drogas ya no son el mercado más importante en términos de dinero.

“Y ese es nuestro mayor desafío. En paralelo al crecimiento de los otros mercados ilegales se nota la incapacidad que ha habido por parte del Estado para ir tras las consecuencias que estos provocan: homicidios, violencia y corrupción institucional”, apunta Dammert.

“El enfoque del crimen organizado no debe ser sólo una planilla de Excel, sino que debe haber enfoque cualitativo sobre cómo esas cifras afectan la vida de las personas: ahí es donde uno empieza a ver la realidad de esto”, agrega Pablo Zeballos. “Porque hay zonas donde puede haber una baja cifra de homicidios, pero nadie puede ir al CESFAM en la tarde porque puede ser víctima de un delito”.

2. Los territorios “sin ley” aumentan en Chile y América Latina

El crecimiento del crimen organizado no es un fenómeno sólo de Chile, sino de toda América Latina. “Pero ha tenido un impacto muy fuerte en aquellos países que no estaban acostumbrados a verlo, como Ecuador, Costa Rica o Uruguay”, cuenta Pablo Zeballos.

No es que nos hayamos despertado de la noche a la mañana con bandas criminales en el país, dice el especialista, pero sí hubo dos fenómenos -estallido social y pandemia- que jugaron a favor de la invisibilización del problema… hasta ahora. ¿Qué sucedió? Que muchas bandas llegaron a tomarse las llamadas “áreas sin ley”: por lo general, zonas donde las personas se sienten “abandonadas” por el Estado y el crimen organizado suple, de alguna forma, esas necesidades.

“Alguien gobierna, pero no es el Estado, y puede ser mucho más funcional, efectivo y aceptado por quienes habitan ahí. Si les preguntas a las personas de esas comunidades si quieren que vuelva el Estado te van a decir que no, porque cuando estaba todo era más incierto. Esto es real, no es Netflix”, explica Zeballos. Ahora, ¿qué pasa cuando el crimen organizado impone su ley en una cárcel, o en el control de un puerto?

Lo que ahora pasa, observa Pablo Zeballos, es que el Estado se enfoca sólo en los actos violentos, pero esta “toma de territorios” pasa más bien solapada. “Entonces, aplaudimos cuando la tasa de homicidios en su medición está baja, pero nos olvidamos de que a lo mejor bajó porque ya no hay que pelear por nada o porque ya controlan un territorio. Lo que no hay que confundir es que la violencia está muy presente, pero no es la única expresión del crimen organizado”.

De hecho, agrega Pablo Urquízar, cuando en el OCRIT quiso levantar información sobre secuestros, extorsiones o tráfico de inmigrantes, no encontraron esas cifras. “Sólo tenían cifras de los delitos de más connotación social, y eso es parte de los desafíos de la complejidad del crimen organizado”:

3. El sistema carcelario ha fracasado

“En América Latina, las pandillas criminales salen de las cárceles y no al revés. Metemos tanta gente en el sistema carcelario y hay tan poco control de lo que pasa dentro de ellas -en muchos países el control está en manos de los presos y el Estado sólo pide dos cosas: que no se maten y no se escapen-, que a muchos criminales les conviene más estar dentro del sistema carcelario, porque desde ahí se organizan muchos actos criminales”, sentencia Lucía Dammert.

Chile -agrega- está aún lejos de esa crisis, “pero vamos hacia allá. Y tengo una mala noticia: no hay país -ni siquiera Finlandia, Noruega- que haya resuelto el tema delictual a partir del trabajo carcelario, porque cuando se toma a las personas la capacidad de reinserción es muy baja. Lo que hay que hacer es evitar que su familia entre al sistema delictual”.

La primera sensación de las personas es: “Metamos a todos presos y vamos a estar más seguros”, agrega Pablo Zeballos. “Pero la cárcel sólo les cambia el domicilio postal (a los delincuentes)”.

El especialista en seguridad observa que en los recintos penitenciarios se desarrollará la próxima gran crisis, ya que ningún gobierno, en los últimos 20 años, ha desarrollado una política robusta de manejo del sistema penitenciario.

“Y ya no se puede ‘patear’ más la situación. Hay que definir esto como un problema de Estado, un problema estatal. Todas las sensibilidades políticas que quieran llegar a la presidencia van a tener el mismo problema si no lo enfrentamos ahora. Es dramático, porque las organizaciones criminales más violentas y peligrosas de los últimos 20 años han surgido de las cárceles”.

Para las organizaciones, que sus miembros estén privados de libertad es más rentable que estar fuera de la cárcel. “En Chile, por reglamento de Gendarmería se permite que los internos tengan dinero en efectivo, hasta dos UTM (aproximadamente 140 mil pesos)”, ilustra Zeballos.

“No todos quienes están privados de libertad pueden tener ese dinero, pero si sumamos a todos, podría haber 10.2 millones de dólares autorizados por el Estado. ¿Donde están? Pagando extorsiones para tener un colchón, para poder dormir, comprando drogas, que pueden costar de tres a diez veces más caro que lo que vale afuera”.

4. El crimen organizado es “agnóstico y poliamoroso”

Para Lucía Dammert, los ciudadanos también somos responsables de la escalada de criminalidad que hay en el país. Lo somos cuando compramos cigarrillos en la calle, cuando normalizamos la violencia en el fútbol, e incluso en los colegios.

“El Estado también se ve imposibilitado de actuar, porque pareciera que el crimen organizado es la ola de un tsunami. El tamaño del fenómeno paraliza la acción pública”, dice Dammert. ¿Qué ocurre entonces? Que baja la efectividad de las investigaciones y aumenta la corrupción. “Hacer programas de prevención del delito que duren seis meses no sirven. Políticamente rentan, pero luego no generan la estabilidad en las políticas públicas”.

Cómo abordar el problema es una realidad urgente. Entre otras cosas, porque pone en entredicho la democracia como sistema de gobierno capaz de hacer frente a la delincuencia y el crimen organizado, dice Pablo Zeballos.

“Eso es dramático, preocupante, un retroceso”, asegura. Y también una materia que debería convocar a conversar a izquierdas, derechas y centros. “El crimen organizado es agnóstico y poliamoroso. Están casados con el poder, ya sea de derecha, izquierda o centro, y nuestro desafío es estar atento como sociedad: a veces los gobiernos se están comiendo al Estado. Y el único finalmente que tiene una política pública para comerse al Estado es el crimen organizado y eso lo hace a través de la corrupción. Eso hay que decirlo con todas sus letras, sin miedo”.