La megatoma de San Antonio dejó de ser un conflicto local para transformarse en un termómetro nacional sobre la urgencia habitacional, las fallas de la institucionalidad y la tensión permanente entre propiedad privada y derechos sociales.

Más de 10.000 personas habitan hoy en el cerro Centinela, en lo que ya se reconoce como la ocupación irregular más grande del país. El fracaso de la mesa técnica y el inminente desalojo ordenado por la justicia no solo interpelan al gobierno, sino a todo el sistema de vivienda y ciudad en Chile.

San Antonio no apareció de la nada. En marzo de 2024, la Corte Suprema ya había ordenado el desalojo del terreno, con un plazo de seis meses para ejecutarlo. En febrero de 2025, el gobierno y los dueños firmaron un protocolo que postergó el cumplimiento, a la espera de un acuerdo de compraventa mediado por cooperativas. Sin embargo, en septiembre los propietarios se retiraron de la mesa técnica acusando al Ejecutivo de incumplir compromisos y volvieron a exigir el desalojo judicial.

La magnitud del asentamiento —más de 40 cooperativas y cerca del 90% de las familias organizadas en ellas— muestra que aquí no hablamos de un campamento improvisado, sino de una ciudad informal en expansión. Los dueños ya han pedido a la Corte que se ejecute la orden de desalojo, acusando al gobierno de inoperancia y de generar expectativas imposibles de cumplir.

“La toma de San Antonio nos muestra lo que ocurre cuando el déficit habitacional se acumula por décadas, cuando la oferta de suelo no se expande y cuando la política se atrinchera en subsidios sin fortalecer la planificación ni la capacidad de gestión“.

Convertir las tomas en un mecanismo legítimo de negociación abre un campo minado. El mensaje a quienes llevan años esperando con un subsidio en mano es devastador: más vale ocupar un terreno que respetar la fila. Lo mismo ocurre con miles de familias allegadas que, pese a su precariedad, no han cruzado esa línea. Validar la toma como vía rápida erosiona la confianza en la política pública y genera un incentivo perverso: que la excepción termine convirtiéndose en la regla.

Por el contrario, la planificación urbana no debiera ser un lujo. Planificar con información correcta protege a las personas de riesgos como inundaciones, incendios o falta de accesibilidad.

El cerro Centinela no cuenta con estudios de suelo ni habilitación adecuada, y sus habitantes enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad, como falta de agua potable regular, electricidad improvisada y servicios básicos ausentes. Urbanizar sin planificación perpetúa desigualdades territoriales y expone a las familias a una precariedad crónica.

Un eventual acuerdo en San Antonio habría tenido repercusiones directas en la inversión y en la política habitacional. Los desarrolladores inmobiliarios podrían preguntarse si vale la pena invertir en suelos regulados, si basta ocupar un terreno para presionar al Estado, o si los subsidios que reciben para proyectos formales son realmente un incentivo seguro frente a la incertidumbre. Cada mensaje ambiguo retrae la inversión, especialmente cuando los márgenes son estrechos y la política pública no ofrece garantías claras.

La toma de San Antonio nos muestra lo que ocurre cuando el déficit habitacional se acumula por décadas, cuando la oferta de suelo no se expande y cuando la política se atrinchera en subsidios sin fortalecer la planificación ni la capacidad de gestión. Lo que está en juego no es solo el futuro de diez mil familias, sino la coherencia de un sistema entero. Porque la pregunta no es sólo cómo resolver una toma, sino cómo evitar que la excepción se convierta en la regla.