Al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia entre 2002 y 2008

Según las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que surgió de los acuerdos de 2016 que condujeron al desarme de las FARC, se encontró que las personas asesinadas fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-10).




Al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008, reveló este jueves el tribunal de paz que investiga los crímenes más atroces del conflicto interno.

El número casi triplica la cifra de víctimas conocida hasta el momento y dimensiona este “fenómeno macrocriminal”, como lo llamó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El tribunal, que surgió de los acuerdos de 2016 que condujeron al desarme de la guerrilla FARC, encontró que “por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008”, durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-10).

Conocida en el argot militar como “falsos positivos”, esta práctica destapó el peor escándalo que involucra a las fuerzas oficiales en seis décadas de lucha contra los grupos rebeldes.

Aunque el alto mando castrense siempre ha negado que fuera una acción sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación en los múltiples crímenes, evidenciando un “body count”, un conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra interna.

Hasta el año pasado, la fiscalía había reconocido 2.249 ejecuciones de civiles a manos de tropas entre 1988 y 2014 e investigaba a 29 generales.

Para Jorge Cuervo, profesor de políticas en justicia y derechos humanos de la Universidad Externado, el informe de la JEP “nos va a acercar muchísimo más (...) a la realidad de lo que pasó en el conflicto armado colombiano”.

La investigación expediente por expediente de la Fiscalía era “insuficiente para dar cuenta” del alcance de estos crímenes, agregó el experto, al valorar la decisión de la justicia de paz de agrupar las denuncias en “macrocasos” como lo hizo también con los secuestros de la guerrilla.

Sobre el particular, la JEP determinó en enero que 21.000 personas fueron tomadas como rehenes e imputó a ocho comandantes de la extinta agrupación insurgente.

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