El gobierno del Presidente peruano, José Jerí, anunció este miércoles la declaración de un estado de emergencia en Lima y Callao, en respuesta a la creciente ola de criminalidad que ha generado preocupación en la ciudadanía. La medida, que se aplicará por un período de 30 días, busca fortalecer la lucha contra los delitos violentos y desarticular las redes criminales en diferentes zonas de la capital.

Jerí informó que esta decisión fue tomada ante el alarmante aumento de hechos delictivos como homicidios, sicariato y extorsiones. En su discurso, aseguró que inician “un nuevo capítulo en la lucha contra la criminalidad”, enfatizando que las acciones buscan devolver la seguridad y la tranquilidad a los ciudadanos.

El mandatario, que todavía no cumple dos semanas en el poder tras haber sucedido a la destituida presidenta Dina Boluarte, agregó que comienzan “a cambiar la historia” y que la lucha contra el crimen organizado permitirá a su país “recuperar la paz y la tranquilidad”.

“Las guerras se ganan con acciones y no con palabras”, afirmó, sin dar más detalles de las medidas que contiene el estado de emergencia declarado por el gobierno.

De acuerdo al decreto del estado de emergencia publicado en el diario oficial El Peruano, mientras dure esta medida quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un momento donde se están desarrollando una serie de protestas contra el gobierno y el Congreso por varios motivos, entre ellos la inseguridad.

“La Policía Nacional del Perú (PNP) determina las zonas de intervención, esencialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos”, detalló el documento.

El lunes, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, alertó sobre la falta de patrulleros activos en la Policía Nacional en Lima. Dijo que solo 89 vehículos se encuentran operativos. Asimismo, indicó que la PNP enfrenta un déficit grave de recursos logísticos, como, por ejemplo, que solo funcionan 60 cámaras pertenecientes al sistema 105.

“Esos escuadrones que estaban durante las noches, hoy no los vemos. ¿Y por qué no los vemos? Porque no tenemos los patrulleros. (Solo hay) 89 patrulleros para todo Lima. Prácticamente nada. Entonces, tenemos un déficit, unas brechas grandes en la Policía Nacional”, dijo.

Además, el ministro enfatizó que la adecuada unión entre inteligencia e investigación es esencial para enfrentar eficazmente al crimen organizado. “Sabemos que tenemos muchos problemas y eso hay que decirlo, yo no lo puedo ocultar. Tenemos que potenciar la inteligencia, que hoy está abandonada en la Policía Nacional porque nunca se dio tecnología, nunca se dieron los recursos que debe tener una policía. Igual pasa con la investigación”, acotó.

El decreto supremo señaló las medidas específicas, entre las que se encuentra la restricción del tránsito de motocicletas lineales, prohibiendo que dos personas adultas viajen en estos vehículos.

Además, se estableció un control más riguroso en los operativos con intervención de fuerzas combinadas, integradas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el serenazgo municipal, que realizarán patrullajes.

Se contemplan operativos de búsqueda y captura de personas buscadas por la justicia mediante el control de identidad en base al mapa del delito y otros instrumentos, así como operativos de control de identidad en inmuebles que incluyan el descerraje si fuera necesario.

También habrá operativos de control de identidad en vehículos motorizados y no motorizados, y operativos de control de identidad de extranjeros que se encuentren comprendidos dentro de los supuestos del procedimiento sancionador administrativo excepcional especial.

Policías y militares también custodiarán instituciones públicas e instalarán comandos de campaña temporales para las fuerzas combinadas en coordinación con los municipios más afectados por la criminalidad.

Otra de las acciones contempladas es la fiscalización y decomiso de armas ilegales, municiones, explosivos y pirotécnicos de uso ilegal, así como la inspección de insumos químicos utilizados en la fabricación de drogas. También se implementarán operativos para desactivar líneas telefónicas ilícitas utilizadas en extorsiones y secuestros, en un esfuerzo por desmantelar las redes de telecomunicaciones ilegales.

En cuanto a la seguridad en las cárceles, se dispuso un apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación, además de restringir las visitas de los internos, limitándolas a una por semana o quincenal, solo para familiares cercanos. Estas medidas buscan reducir las posibilidades de comunicación entre los reclusos y sus redes criminales.

El Sistema de Inteligencia Nacional realizará las pruebas de confiabilidad mediante el uso del polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), así como a otros servidores o funcionarios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

El decreto también prevé reforzar la justicia con la agilidad en las respuestas en casos de flagrancia y ofrecer protección adicional a fiscales y jueces que participen en casos relacionados con delitos graves. Asimismo, se han dispuesto operativos en zonas con alta presencia de mercados ilegales de drogas, armas y trata de personas.

“Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación”, sostuvo el documento. Asimismo, se indicó que las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo.

En las últimas semanas se realizaron paros de transportistas y movilizaciones de protesta por el impacto del crimen organizado en Lima y otras ciudades del país, que han dejado decenas de fallecidos solo en el gremio de transporte urbano, y esta problemática fue uno de los principales motivos de la destitución de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025) el pasado día 9 de octubre en el pleno del Congreso.

De acuerdo al Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en el trimestre de julio-agosto-setiembre hubo 575 homicidios en Perú, la cifra más alta de 2025, después de alcanzar un peak de 580 homicidios en el último trimestre de 2024.

En el tercer trimestre de 2024 Perú superó el umbral de 500 homicidios por trimestre, después de reportar menos de la mitad de esa cifra hasta 2017.