Brexit: El balde de agua fría de Boris Johnson

El premier británico, Boris Johnson, escucha al laborista Ed Miliband, en el debate del proyecto de ley del Mercado Interno, el lunes. Foto: AFP

El proyecto de ley del Mercado Interno tendrá una jornada crucial mañana, cuando el Parlamento vote una enmienda clave. De ser aprobado el proyecto, considerando que los conservadores tienen mayoría, pasará a los Lores, donde se prevée que enfrente más dificultades y eventualmente sea rechazado.




¿Qué es lo que pretende? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo en Londres y Bruselas luego que el primer ministro británico, Boris Johnson, diera a conocer su intención de reescribir el Acuerdo de Retirada del Brexit, suscrito recién en octubre pasado, porque -a su juicio- la Unión Europea quiere “romper Reino Unido”, amenazando con “bloquear los bienes” que entren a Irlanda del Norte a través de Gran Bretaña.

La isla abandonó el pasado 31 de enero la Unión Europea, con un pacto de divorcio que estableció un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2020, en el que Reino Unido sigue siendo miembro del mercado único y la unión aduanera aunque ya no tiene voz ni voto en la toma de decisiones. En este tiempo, ambas partes están negociando cómo serán sus relaciones a partir del 1 de enero de 2021. Si bien los temas a discutir son diversos, el que más ronchas ha sacado es el comercial, ya que si no alcanzan un acuerdo, sus relaciones se regirán bajo las pautas de la Organización Mundial del Comercio.

Antes de que Johnson lanzara su balde de agua fría, las negociaciones no iban bien. Es en este contexto que Johnson presentó el proyecto de Ley de Mercado Interno, que busca garantizar un mercado sin obstáculos entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, aunque posee cláusulas que echan por tierra el Acuerdo de Retirada firmado con Bruselas. El principal problema se refiere al Protocolo de Irlanda, el que establece que una vez que termine el periodo de transición a fin de año, Irlanda del Norte formará parte de la unión aduanera de Reino Unido, pero al mismo tiempo, seguirá también ligada a la normativa comunitaria en lo referente a bienes.

En el caso de que Londres y Bruselas no lleguen ahora un acuerdo comercial, se podrían aplicar aranceles a las mercancías que ingresan a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña (Escocia, Inglaterra, Gales) si se consideran “en riesgo” de entrar luego a la República de Irlanda, que es miembro de la Unión Europea. Los aranceles serían reembolsables a los importadores si se probaba que no cruzaron la frontera hacia la República. Según Johnson, esto “impondría una frontera comercial a gran escala en el Mar de Irlanda”. Si bien está en lo correcto, fue él quien firmó el acuerdo con Bruselas.

El profesor Federico Fabbrini, director del Instituto Brexit, en la Universidad Dublín City, explicó a La Tercera que “la política interna explica la postura de Johnson. Su liderazgo se ha visto debilitado por la forma en que Reino Unido ha manejado el coronavirus, por lo que impulsar el tema del Brexit (que fue el tema que permitió a Johnson y al Partido Conservador ganar las elecciones el pasado diciembre) es una forma de aumentar su posición en las encuestas de opinión. Pero este es un juego muy arriesgado”.

Para el profesor de política de la Universidad de Surrey, Simon Usherwood, “no hay buenas explicaciones para la decisión de Johnson, en el sentido de que no aporta ningún beneficio racional a Reino Unido. Sin embargo, la explicación más probable en esta etapa es que se trata de una medida para tratar de mostrarle a la Unión Europea de que el costo de no llegar a un acuerdo sería mayor de lo que podrían pensar, empujándolos a hacer concesiones a Reino Unido a tiempo para cerrar un trato”.

“De manera menos optimista, podría ser que Johnson esté tratando de preparar el terreno para un no acuerdo, culpando a la Unión Europea por sus amenazas (inexistentes)”, sostuvo en conversación con La Tercera.

El gobierno de Johnson ganó el lunes de la semana pasada sin mayores dificultades la primera votación (340 votos frente a 263) para que el proyecto de ley pase a la siguiente fase de tramitación. Eso sí, no consiguió ordenar a sus filas, porque más de 20 tories, como la exprimera ministra Theresa May; el exministro del Tesoro, Sajid Javid, y el ex fiscal general del Estado, Geoffrey Cox han manifestado su oposición al proyecto.

El proyecto entra ahora en una semana clave, que se espera no esté exenta de controversias. En este sentido, mañana se espera la votación de la enmienda presentada por Sir Bob Neill, a cargo del comité de Justicia, la que plantea que el Parlamento vote en última instancia sobre los polémicos artículos con los que se violaría el Acuerdo de Retirada.

El proyecto de ley no ha dejado indiferente a los conservadores, que tienen una mayoría en el Parlamento. En caso de que se apruebe debe pasar a la Cámara de los Lores, que según la prensa, estarían dispuestos a modificar cuanto puedan la normativa.

La Unión Europea, por su parte no ha quedado indifirente y dio como plazo hasta fines de mes para retirar las cláusulas que han generado esta nueva polémica. De lo contrario, han advertido, podrían iniciar medidas legales contra Londres.

“Incluso con las enmiendas de Neill, el proyecto de ley aún rompe el Acuerdo de Retirada y la UE probablemente emprendería acciones legales. Dado que Reino Unido probablemente perdería ese caso, podría hacer que Londres sea mucho más cauteloso a la hora de proceder, pero eso debe equilibrarse con la impresión de que la Comisión podría no querer escalar el problema”, señaló Usherwood.

“Este es un comportamiento sin precedentes para un país como Reino Unido, que tiene una larga tradición de respetar sus obligaciones internacionales. Si Reino Unido incumple el Acuerdo de Retirada, cerrará la puerta a un futuro acuerdo comercial, tanto con la UE como con EE.UU”, sostuvo Fabbrini.

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