Tan largo como el proceso judicial iniciado hace 13 años. Así resultó ser la lectura del fallo en el juicio contra Álvaro Uribe, el expresidente colombiano (2002-2010) que este lunes conocía el pronunciamiento de la justicia frente a los delitos de fraude procesal, soborno simple y soborno en actuación penal que pesaban en su contra. El proceso se prolongó por horas y concluyó con uno de los fallos más significativos en la historia judicial del país: se convirtió en el primer exjefe de Estado en enfrentar un proceso penal en la historia colombiana.

Después de 67 audiencias en el considerado “juicio del siglo”, la jueza Sandra Heredia inició la lectura del fallo a las 8.30, en presencia del senador de izquierda Iván Cepeda, acreditado como víctima en este caso, y de sus abogados, mientras que Uribe asistió de manera virtual desde su finca en la localidad de Rionegro, cercana a Medellín.

Partidarios y críticos del expresidente se reunieron en las afueras del complejo judicial de Paloquemao, donde está el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que encabeza Heredia, para esperar la conclusiones del fallo. La prensa local informó de enfrentamientos verbales entre simpatizantes y detractores de Uribe.

El proceso se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Contrario a lo esperado por el expresidente, la Corte Suprema no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por el mismo delito en 2018, hallando pruebas de que él también habría intentado manipular testimonios a su favor mediante intermediarios.

En agosto de 2020, luego de que la Corte ordenara su detención domiciliaria preventiva durante 67 días, Uribe renunció a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria, por lo que una jueza ordenó su libertad y la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.

Por ello, sus abogados solicitaron en dos ocasiones el cierre del caso, lo que le negaron tanto por los juzgados de primera instancia como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que en 2024 otra fiscal decidió acusarlo y el juicio comenzó este año.

Este lunes, después de varias horas de audiencia, la jueza Heredia declaró culpable a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La jueza que lo condenó en primera instancia le dio la razón a todos los argumentos de la Fiscalía y descartó uno por uno los argumentos de la defensa para todos los hechos, destacó el diario El Colombiano.

Heredia dijo que Uribe es culpable por el delito de soborno en actuación penal porque a través de su abogado, Diego Cadena, trató de sobornar, entre otros, al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. La jueza consideró que el fundador y presidente honorario del partido político conservador Centro Democrático ofreció beneficios, a través de emisarios, a personas privadas de libertad para su beneficio en varios casos que tiene abiertos.

“El acusado (Uribe) conocía el plan”, fue una de las frases determinantes de la jueza refiriéndose a que quedó probado el soborno en actuación penal en el caso de Juan Guillermo Monsalve. Se incurrió “más allá de toda duda en soborno en actuación penal”, señaló. Según Heredia, se acreditó que la defensa del entonces apoderado del expresidente, concretamente Diego Cadena, buscó que Monsalve retractara su versión sobre Uribe.

Sin embargo, por duda probatoria, la jueza declaró inocente a Uribe en el delito de soborno simple, la última imputación. Esta decisión ocurre en el caso de la exfiscal Hilda Niño, quien denunció las aparentes presiones de los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo. “No se consideró una promesa anticipada de retribución a (Hilda Niño)”, apuntó Heredia.

Antes de leer el fallo, la magistrada hizo un llamado a respetar la actuación de la Justicia, que el proceso fue fallado en derecho y reconoció “la gallardía y cordialidad” del exmandatario durante el juicio. “No es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es un acto de oposición, es un acto de justicia y solo de justicia”, aseguró Heredia.

Pronunciamiento de Washington

La decisión judicial de este lunes tendrá, sin duda, efectos políticos en un año preelectoral en Colombia marcado por una creciente polarización y dos hechos: Uribe es líder de uno de los partidos de oposición –Centro Democrático– y Estados Unidos está atento al desenlace del caso, al que incluso ya hizo referencia, destacó el diario bogotano El Tiempo.

De hecho, mientras se espera la decisión definitiva de la jueza Heredia, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, lanzó un duro pronunciamiento. El jefe de la diplomacia estadounidense calificó el juicio como una “instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales” que “ha sentado un precedente preocupante”. “El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”, afirmó Rubio en un mensaje a través de su cuenta de X.

Mientras aún estaba en curso la lectura del fallo contra Uribe, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a ese caso en la misma red social: “Es deber del g garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”. Este domingo, de hecho, el jefe de Estado publicó un mensaje similar: “Sientan las y los jueces de Colombia que cualquiera que sea el sentido de sus fallos, contarán con la protección del gobierno democrático”.

La senadora del Centro Democrático y precandidata a la Presidencia, María Fernanda Cabal, opinó que “no fue un fallo contra el expresidente Uribe, fue un monumento a la arbitrariedad judicial y la politización de la justicia. Pero esto no termina aquí porque vendrá apelación y de ser necesario la casación”.

La decisión de la jueza Heredia es la primera instancia de un proceso que continuará en el Tribunal Superior de Bogotá y está en riesgo de prescribir si no hay una segunda decisión antes del 16 de octubre, indicó el periódico.

Sin embargo, se espera que sea la jueza quien señale la fecha de la prescripción, de acuerdo con las interrupciones en los términos que hubo en el proceso. Además, la magistrada leerá el fallo completo en audiencia programada para la primera semana de agosto.

En entrevista con la revista Semana, el líder de la defensa de Uribe, el abogado Jaime Granados, aseguró en vísperas del fallo que, sin importar si el exmandatario era declarado culpable, no será enviado a prisión. “Debe prevalecer la libertad en el evento de una decisión de primera o de segunda instancia que le fuere adversa”, explicó Granados. Además, anticipó que apelarán el fallo y solicitarán la prisión domiciliaria.

La prensa colombiana destacó que tras conocerse la sentencia, la parte interesada contará con cinco días para apelar, y luego la otra parte tendrá el mismo tiempo para responder a la petición. En ese escenario, el caso pasaría a segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, a donde deberá llegar a mediados de agosto.

Allí, la apelación tendrá plazo hasta el 8 de octubre para ser resuelta, pero en caso de no tener una decisión para esa fecha, el caso prescribirá, o sea, se agotará el tiempo para condenar o absolver y se archivaría el proceso. Lo único que haría que esto no sucediera es que la Fiscalía presente argumentos que justifiquen por qué este no debe prescribir y que los jueces le den el visto bueno, detalló el diario El Colombiano.

Pero si el Tribunal emite un fallo, este podrá entrar a casación, lo que significa que sería revisado por la Corte Suprema de Justicia.

En la víspera de la lectura del fallo, Jaime Granados dijo a La Tercera: “De ser adverso, respetaremos el fallo y tendríamos a disposición las herramientas de un recurso de apelación o de alzada que se tramita ante el Tribunal Superior de Bogotá, ante una sala de tres magistrados quienes tendrán en sus manos la revisión del caso, y podrá revocarse”.

“De todas maneras, en Colombia además existe el control que se daría en circunstancias excepcionales, pero previstas en la Constitución, de un recurso extraordinario de casación en las manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, agregó.

Al respecto, El Tiempo indicó que, en caso de que los fallos en primera instancia sean ambos absolutorios o ambos condenatorios, podría ir a casación, por solicitud de cualquiera de las partes. “En esa eventualidad, la Corte Suprema de Justicia tendría un plazo de cinco años para tomar una decisión”, explicó Granados al periódico colombiano.