En su calidad de Jefe de Unidad para América Latina y el Caribe en la Dirección General de Asociaciones de la Comisión Europea, Olivier Luyckx ha desempeñado un papel clave de representación de la Unión Europea en las reuniones UE-CLASI, reafirmando el compromiso político y operativo de la UE con la cooperación en seguridad. En particular, puso en valor el apoyo de la UE a través de programas como EL PAcCTO 2.0 y subrayó la importancia de avanzar hacia resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado.

Visitó Chile en el marco de la II Reunión Institucional Unión Europea-Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) y IV Cumbre Ministerial del CLASI. En esta entrevista con La Tercera analiza la cooperación en cuanto a seguridad entre Chile y la UE.

¿En qué estado se encuentra la cooperación entre la UE, América Latina y Chile en cuanto seguridad y el combate al crimen organizado?

Nos encontramos en un momento de madurez sin precedentes. Hemos pasado de una cooperación técnica atomizada a una verdadera alianza política y estratégica. El hito fundamental ha sido la institucionalización del diálogo técnico entre el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) y el Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior en Europa. Esta arquitectura permite que hoy no solo intercambiemos buenas prácticas, sino que coordinemos operaciones y prioridades criminales en tiempo real.

Un ejemplo concreto de esta cooperación operativa es el Punto Atenas en el aeropuerto de Santiago, en el marco del programa EUROFRONT (programa de fortalecimiento de Desarrollo y seguridad en América Latina), que permite el intercambio de información en tiempo real sobre pasajeros y flujos migratorios de riesgo, reforzando la detección de redes criminales y mejorando la seguridad en nuestras fronteras.

En el caso específico de Chile, el país se ha consolidado como un socio de referencia y un “puente” natural. Su reciente liderazgo en la presidencia del CLASI y la firma de acuerdos de trabajo con agencias como EUROJUST (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en Justicia Penal) demuestran que Chile no solo recibe cooperación, sino que exporta estándares de institucionalidad. La implementación de la segunda fase de EL PACCTO 2.0 (programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea), es el reflejo de esta confianza mutua, donde Chile actúa como un actor clave en la definición de la agenda de seguridad birregional.

¿Cuáles cree que son los principales riesgos que amenazan a la región?

El riesgo principal no es solo el volumen del delito, sino la mutación de las estructuras criminales hacia la ‘policriminalidad’. Ya no hablamos de carteles monofocales, sino de redes transnacionales de alto impacto que operan como empresas logísticas, diversificando su ‘negocio’ hacia el tráfico de armas, la trata de personas y los delitos ambientales.

Otro riesgo crítico es la infiltración en la economía lícita a través del blanqueo de capitales. Esto erosiona la confianza en las instituciones y distorsiona los mercados locales. Asimismo, la ciberdelincuencia y el uso de tecnologías encriptadas por parte de grupos criminales plantean un desafío mayúsculo para los sistemas de justicia que, en ocasiones, avanzan a una velocidad normativa menor que la de la tecnología.

¿Qué errores suelen cometer los países cuando llega el crimen organizado? ¿Ve alguno de esos errores en Chile?

Desde una perspectiva global, un desafío recurrente es la fragmentación de la respuesta. El crimen organizado es una red; si el Estado responde con ‘compartimentos estancos’ (policía por un lado, fiscalía por otro, aduanas por otro), la red criminal siempre encontrará una grieta. Otro reto es priorizar únicamente la respuesta reactiva, descuidando la investigación patrimonial. Si no se ‘sigue el dinero’ (follow the money), la estructura criminal se regenera rápidamente.

En cuanto a Chile, más que errores, lo que observamos es un país enfrentando un cambio de paradigma. Chile ha sido históricamente un oasis de seguridad, y la llegada de dinámicas criminales transnacionales más violentas y complejas ha generado una tensión lógica. El país está reaccionando con rapidez, fortaleciendo su legislación y sus capacidades de inteligencia. El desafío para Chile —como para cualquier Estado miembro de la UE— es asegurar que la urgencia de la respuesta no debilite las garantías del Estado de Derecho, algo que las instituciones chilenas están gestionando con mucha seriedad.

¿Cuáles son los desafíos comunes planteados por el crimen organizado transnacional para la UE y América Latina?

El desafío más evidente es la corresponsabilidad en la cadena de valor criminal. El Puerto de Amberes o el de Rotterdam están tan conectados a las dinámicas criminales como los puertos de la región andina o el Cono Sur. La seguridad de nuestras fronteras y centros logísticos es un desafío compartido: lo que sucede en un puerto chileno tiene un impacto directo en la seguridad de un ciudadano en Bruselas o Madrid.

Además, compartimos el reto de la cooperación jurídica internacional. La lentitud en las asistencias legales mutuas es el mejor aliado del delincuente. Por ello, avanzar hacia espacios judiciales compartidos y redes de fiscales interconectadas es una prioridad absoluta para ambas regiones. Debemos ser capaces de mover la información y las pruebas tan rápido como los delincuentes mueven sus capitales.

¿Qué perspectivas ve de la relación de Chile con la Unión Europea?

Las perspectivas son extraordinariamente sólidas, especialmente tras la firma del Acuerdo Marco Avanzado (AMA). Este acuerdo no es solo comercial; es un pacto de valores que eleva nuestra cooperación en seguridad y justicia a un nivel institucional.

Vemos a Chile no solo como un socio bilateral, sino como un líder regional capaz de traccionar estándares de excelencia en todo el Cono Sur. Nuestra visión es que Chile se convierta en un nodo central para la formación y el intercambio estratégico dentro de programas como EL PACCTO 2.0 para enfrentar el crimen transnacional organizado, EUROFRONT en gestión integrada de fronteras o COPOLAD en políticas sobre drogas. La relación ha evolucionado de la ‘asistencia técnica’ a una ‘alianza estratégica de seguridad’, donde ambas partes aprendemos y nos protegemos mutuamente frente a amenazas que ya no conocen fronteras.