La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, deberá seguir recluida en su departamento y portando una tobillera electrónica, de acuerdo a lo resuelto por la justicia argentina, la que también mantuvo la restricción para visitas.

La determinación se adoptó con el voto de mayoría de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, la que mantuvo el arresto domiciliario de Fernández en San José 1111, del barrio bonaerense de Constitución. Pese a estar en su vivienda, las visitas también se mantendrán restringidas, en cumplimiento de la sentencia.

Cabe recordar que Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión por delitos asociados a la administración fraudulenta en la administración pública, en el caso de Vialidad.

Fue durante el pasado lunes que se llevó a cabo la audiencia en la Cámara de Casación Penal, donde los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, analizaron las condiciones del arresto de la mujer de 72 años, planteado por la defensa de la exautoridad.

Los abogados de Fernández buscaban el análisis de las condiciones del arresto, respecto a la autorización previa para visitas no incluidas en una nómina y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica; como también el cambio del lugar del cumplimiento del arresto.

Los magistrados coincidieron en que el arresto deba seguir en San José 1111 y argumentaron que la medida se tomó en base a un informe de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que señala que ”habían cesado las situaciones que afectaron al barrio en momentos posteriores al 10 de junio, cuando la Corte Suprema confirmó la condena".

Respecto a la tobillera, la defensa acusaba que era un objeto “innecesario”, lo que fue rebatido por la Fiscalía, que planteó que el dispositivo era algo “normal” en el cumplimiento de una condena en arresto domiciliario.

Tanto el dispositivo como la autorización de las visitas “encuentran sustento legal en el marco normativo vigente y resultan adecuados para asegurar el control judicial efectivo del cumplimiento penal en el contexto de la prisión domiciliaria”.

La defensa también sostenía que la custodia policial bastaba para dar cumplimiento del arresto de Fernández, sin embargo, los magistrados señalaron que la presencia policial “no sustituye la función de seguimiento que corresponde exclusivamente al Poder Judicial y que renunciar a herramientas complementarias de control, como el monitoreo electrónico o el pedido de autorización de visitas fuera de la nómina, implicaría desvirtuar el sentido de la ejecución penal”.

Fernández, junto a otros coimputados, deberán devolver más de US$ 300 millones al Estado. El monto fue calculado por peritos contables de la Corte Suprema de Justicia a petición del Tribunal Oral Federal 2, el que debe ser pagado en un plazo de diez días.