En medio de una creciente impopularidad y mediante un proceso -según la prensa local- poco transparente, el gobierno de Perú aprobó un aumento de más del 120% en el sueldo de la Presidenta Dina Boluarte, quien pasará de ganar 16.000 soles (4.500 dólares) a 35.568 soles (10.000 dólares), desatando así un intenso debate nacional, según informó el diario limeño El Comercio.

Según explicó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, el decreto supremo que fija la nueva compensación económica para la mandataria peruana fue aprobado por el Consejo de Ministros, un órgano constitucional que ella misma designó y que es conformado por su gabinete. “Se salió con la suya”, titulaba el diario Perú21, que ha resaltado la supuesta falta de transparencia de esta decisión.

La norma se publicaría este jueves en el diario oficial El Peruano y entrará en vigencia al día siguiente.

El ministro Pérez Reyes justificó la decisión aludiendo a un análisis comparativo con otras presidencias de Latinoamérica y con los sueldos de altos funcionarios en el propio Ejecutivo peruano. “Se ha establecido una metodología que hace una revisión de los salarios en dólares de los presidentes de 12 países de América Latina”, afirmó.

Según él, el ajuste permite igualar la remuneración presidencial a los estándares de la región y corregir distorsiones acumuladas desde gestiones anteriores.

La funcionaria mejor pagada

Con el decreto supremo que aumenta su sueldo, la Presidenta Boluarte se convierte así en la funcionaria del servicio civil con el salario más alto del Estado peruano, superando así a todos los altos cargos del servicio civil, incluidos sus propios ministros.

Antes del incremento, los sueldos más altos en la administración pública correspondían a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), quienes percibían 35.017 soles mensuales (9.800 dólares).

A la vez, su nuevo salario representa casi 30 veces el salario mínimo, que consiste en 1.130 soles (320 dólares).

En medio de una desaprobación histórica

El anuncio llegó en medio de una crisis de popularidad inédita para un mandatario peruano: Boluarte es la presidenta con la aprobación más baja de Latinoamérica. La mandataria registra solo un 3% de aprobación a nivel nacional, según una encuesta de Datum Internacional para el diario El Comercio. Se trata del nivel más bajo registrado por un presidente peruano desde 1980.

Además, el 89% de los peruanos considera que Perú carece de rumbo, según otro estudio de Datum Internacional de marzo pasado. Y más del 70% de la población siente que la situación económica ha deteriorado su calidad de vida, como reveló otra medición de la misma encuestadora en junio de 2024.

El aumento de sueldo también se produce mientras Boluarte enfrenta un cúmulo de investigaciones fiscales y denuncias constitucionales en su contra. La Fiscalía de la Nación le imputa presuntos delitos como cohecho pasivo impropio en el denominado Caso Rolexgate, encubrimiento personal en el Caso Cofre, abandono del cargo por las cirugías estéticas a las que se sometió y colusión agravada en el Caso Qali Warma, entre otros procesos.

Aumento podría no ser permanente

El economista peruano y exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, subrayó a Radio Programas del Perú (RPP) que este aumento de sueldo está lejos de ser irreversible. Especialmente, si la presión y el rechazo ciudadano se intensifican en las próximas semanas.

“Acordémonos que un decreto supremo puede ser derogado por una ley del Congreso. Eso ha pasado en otras ocasiones donde, si hay suficientes votos y hay una justificación, una ley deroga un decreto supremo que es una norma de menor rango”, explicó en RPP. Señaló que hubiese sido más sensato implementar el reajuste con el siguiente gobierno, evitando sumarle más tensión al actual clima político.

Así que, por ahora, el aumento de sueldo está en suspenso y será la interacción entre el Congreso, el Ejecutivo y la opinión pública el que defina el desenlace final de este controvertido ajuste. La duda ahora es si en el Parlamento se reunirán los votos suficientes para derogar el decreto o modificar la Ley Servir. La próxima legislatura se iniciará recién el 26 de julio, recuerda el medio Infobae.