Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

Estados Unidos “gobernará” Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro, declaró el presidente Donald Trump el sábado, lo que planteó varias preguntas sobre el futuro de Venezuela y de América Latina en su conjunto.

“Gobernaremos el país hasta que podamos lograr una transición segura, adecuada y sensata”, declaró Trump en conferencia de prensa. No ofreció detalles completos sobre la implementación y sorprendió a muchos observadores al afirmar que la líder opositora María Corina Machado no parecía contar con el apoyo necesario para gobernar. Trump también afirmó que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado”, presentando la histórica operación militar como un resurgimiento de la Doctrina Monroe, de 203 años de antigüedad, y advirtiendo a los gobiernos de México y Colombia que debían intensificar la lucha contra el narcotráfico.

La operación y los comentarios de Trump resonaron en todo el continente americano, con aliados de Trump, como el presidente argentino Javier Milei y el ecuatoriano Daniel Noboa, expresando su elogio. Sin embargo, incluso algunos críticos de Maduro, como el chileno Gabriel Boric, condenaron la operación como una violación de la soberanía y el derecho internacional, lo que plantea dudas sobre una posible reacción política que podría afectar a los aliados e intereses de Estados Unidos.

Americas Quarterly solicitó a los analistas que compartieran sus reacciones y perspectivas.

Benigno Alarcón Deza

Es analista político, investigador y exdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.

Tras la captura de Maduro, Venezuela no se enfrenta a una crisis sucesoria convencional ni a una transición controlada bajo la dirección de los gobernantes. Lo que el país enfrenta es, en cambio, una trampa de legitimidad: un vacío político creado por la ausencia de Maduro, el no reconocimiento de su gobierno y la falta de una autoridad formalmente instalada que sea efectiva y legítima.

Actualmente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ejercerá la autoridad de facto en virtud de su posición dentro de un gobierno no reconocido internacionalmente. Esta distinción es crucial. Sea cual sea su rol administrativo, Rodríguez no puede servir de base para una transición política porque hereda el pecado original del régimen: la ausencia de legitimidad democrática. Una transición que parte de una fuente ilegítima no puede aspirar creíblemente a la reinstitucionalización democrática.

Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que sugieren su disposición a colaborar con figuras del régimen -ya sea deliberada o fruto de la confusión- corren el riesgo de reforzar una premisa errónea: que la estabilidad se puede lograr reorganizando la estructura de poder existente bajo supervisión externa. No es posible. La estabilidad sin legitimidad es simplemente un estancamiento controlado.

Para que Venezuela experimente una auténtica transición política, esta debe basarse en la única fuente indiscutible de legitimidad democrática disponible: el resultado de las elecciones presidenciales de 2024. El gobierno electo -presidido formalmente por Edmundo González Urrutia y liderado políticamente por María Corina Machado- no es simplemente una alternativa política. Es el referente constitucional y moral sin el cual cualquier acuerdo de transición está condenado al fracaso desde el principio.

Este no es un argumento jurídico abstracto; es estratégico. Cualquier intento de estabilizar a Venezuela mientras se deja de lado el mandato de 2024 se enfrentaría inmediatamente a tres problemas: rechazo interno, fragmentación internacional y sabotaje interno del régimen. En cambio, instalar y proteger al gobierno electo -posiblemente con garantías diplomáticas y de seguridad internacional- revertiría el déficit de legitimidad y permitiría comenzar la ardua labor de reinstitucionalización.

La historia regional es ilustrativa. Tras la destitución de Manuel Noriega en 1989, la recuperación de Panamá fue posible no porque se reciclaran los remanentes del antiguo régimen, sino porque una autoridad civil legítima fue empoderada y protegida el tiempo suficiente para reconstruir las instituciones. La lección no se trata de la intervención per se, sino de la secuencia: legitimidad primero, estabilización después.

El camino a seguir para Venezuela es estrecho pero claro. Una transición que no respete el resultado electoral de 2024 no es una transición, es una evasión. Y la evasión, en la historia de Venezuela, siempre ha conducido de vuelta al autoritarismo bajo un nombre diferente.

Brian Fonseca

Es director del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida y experto en Seguridad Internacional del centro de estudios New America, con sede en Washington D. C.

La operación militar de esta mañana (del sábado) fue dramática, pero probablemente sea la parte más fácil del proceso.

Como he argumentado anteriormente, un traspaso total e inmediato del poder a la oposición no es realista ni estabilizador en estas condiciones. Figuras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pueden gozar de un fuerte apoyo popular y contar con el respaldo de la mayoría de los venezolanos en las elecciones de julio de 2024, pero desde hace tiempo han sido profundamente impopulares en instituciones clave, especialmente en el Ejército. Tras veinticinco años de politización, Venezuela carece de un marco institucional sólido capaz de absorber una transferencia repentina de poder. Las Fuerzas Armadas siguen siendo el árbitro supremo de la fuerza y ​​una institución central en cualquier transición. Ignorar esta realidad corre el riesgo de provocar resistencia, fragmentación o violencia abierta precisamente cuando más se necesita la cohesión institucional. La legitimidad democrática importa, pero también lo es la capacidad de las instituciones para aceptar e implementar el cambio político.

Por esa razón, creo que la única vía viable para superar la difícil transición de Venezuela de la autocracia a la democracia es una estructura de gobierno con un límite temporal de poder compartido. Un acuerdo de transición que incluya a elementos de la élite política actual, las fuerzas de oposición y los asesores estadounidenses ofrece suficiente continuidad para preservar una estabilidad relativa y, al mismo tiempo, crear espacio para la reforma. No se trata de preservar el antiguo régimen; se trata de prevenir el colapso institucional y, al mismo tiempo, recalibrar las reglas del sistema para que las futuras elecciones y la gobernanza sean creíbles y ejecutables.

En definitiva, el desafío de Venezuela no es una simple lucha entre personalidades o bandos, sino un problema estructural de reconstrucción de la autoridad democrática en una sociedad profundamente polarizada. Sin un reparto de poder y restricciones negociadas para todos los actores, el país corre el riesgo de sustituir una forma de inestabilidad por otra. Con ello, Venezuela al menos tiene la oportunidad de transitar de un régimen autoritario a un orden democrático duradero y legítimo.

Ryan Berg

Es director del Programa de las Américas y jefe de la Iniciativa sobre el Futuro de Venezuela en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Esta acción deja abiertas varias preguntas: sobre lo que viene a continuación, las reacciones regionales y el régimen chavista, si logra sobrevivir a la salida de Nicolás Maduro. En una conferencia de prensa posterior, el presidente Trump insinuó que Estados Unidos asumiría el vacío de liderazgo y establecería un gobierno provisional con sus designados, el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros miembros del gobierno estadounidense. Pareció indicar que esta era la mejor opción, ya que permitir que Venezuela continuara en manos del chavismo sería inaceptable. Mencionó la importancia de los recursos energéticos y el regreso de las compañías petroleras estadounidenses a Venezuela. Sin embargo, la conferencia de prensa fue escasa en menciones a la oposición venezolana. En un momento dado, Trump declaró que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, carecía de popularidad.

La operación tiene varias implicaciones importantes para la geopolítica regional a largo plazo. En primer lugar, indica que el corolario de Trump descrito en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional no es una simple fanfarronería. Maduro se reunió con un enviado especial chino apenas horas antes de que las fuerzas estadounidenses lo detuvieran de su casa. Se especula que los diplomáticos chinos no lograron salir del país a tiempo antes del inicio de la operación estadounidense. Este es un mensaje importante para China, que ha prestado más dinero que cualquier otro adversario estadounidense al régimen venezolano. En segundo lugar, en la conferencia de prensa, Trump afirmó que la política exterior de “Estados Unidos Primero” significa construir un hemisferio más seguro, próspero y protegido.

El propio presidente respaldó explícitamente la idea de vivir con mejores vecinos y convertir el vecindario en una zona de mayor beneficio estratégico para Estados Unidos mediante la eliminación de actores maliciosos. También estableció una comparación directa con la fuerza y ​​la habilidad operativa demostradas en el ataque de decapitación contra el comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CRGI) Qassem Soleimani durante su primer gobierno, así como en la Operación Martillo de Medianoche contra la infraestructura nuclear de Irán durante el verano boreal de 2025. Con ello, Trump ha esbozado una política exterior vigorosa, más que dispuesta a utilizar la fuerza militar y el poder estadounidense para transformar el mundo -y ahora el hemisferio occidental- en beneficio de Estados Unidos.

Brenda Estefan

Profesora del IPADE Business School en Ciudad de México y columnista de Reforma, el periódico líder de México.

Horas después de la operación militar estadounidense en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, Donald Trump amplió rápidamente la narrativa. En una entrevista con Fox News, afirmó que la operación “no pretendía” ser un mensaje a México. Sin embargo, casi al mismo tiempo, volvió a retratar a México como un país efectivamente controlado por los cárteles de la droga y afirmó haber ofrecido repetidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum permitir que Estados Unidos eliminara los cárteles en México, una oferta que ella rechazó. Describió a Sheinbaum como “una buena mujer”, antes de socavar drásticamente su autoridad. “Ella no dirige México”, afirmó. “Los cárteles sí”. Su conclusión fue contundente: “Algo habrá que hacer con México”.

La respuesta de México a la operación estadounidense en Venezuela fue, como la de muchos otros países, condenar la intervención apelando al derecho internacional. Sheinbaum invocó la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe explícitamente la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Muchos dentro de Morena, el partido gobernante, habrían preferido una postura más dura. Pero la presidenta es consciente de que México se encuentra en una posición delicada, gestionando una relación cada vez más impredecible con Washington.

La operación en Venezuela cristaliza una Doctrina Monroe revivida con un corolario claramente trumpiano: un enfoque claramente esbozado en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada hace apenas unas semanas. Dicha estrategia reafirma el hemisferio occidental como una esfera de influencia privilegiada, donde la primacía estadounidense debe imponerse activamente y las potencias rivales deben ser excluidas.

Washington busca reafirmar el control sobre la región, disciplinar la rebeldía, promover gobiernos alineados con el trumpismo y asegurar intereses clave. La participación de figuras de la oposición como María Corina Machado o Edmundo González en una transición es en gran medida irrelevante para Trump. Lo que importa es quién gobierna, bajo qué reglas y con qué socios, especialmente cuando están en juego los contratos petroleros y las señales geopolíticas.

México está tomando nota. En cuestión de meses, el T-MEC se someterá a revisión, en medio de un año electoral en Estados Unidos y una Casa Blanca cada vez más cómoda con la coerción. El peso económico de México -como principal socio comercial y mayor comprador de productos estadounidenses- ofrece influencia, pero no inmunidad. Venezuela, en esta interpretación, es menos un punto final que una advertencia. El mensaje es inequívoco: Washington habla por la fuerza y ​​espera que la región lo escuche.

José Ignacio Hernández

Es profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la UCV y la UCAB de Venezuela, y asociado sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

La detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de las fuerzas estadounidenses durante un operativo policial ha creado un vacío de poder, aunque no estrictamente constitucional. Maduro ha sido trasladado al extranjero, lo que le impide ejercer la presidencia y continúa la usurpación que comenzó en 2018 y se agravó al ignorar los resultados electorales de 2024.

La Constitución venezolana no está vigente actualmente, y Maduro no es el presidente legítimamente electo de Venezuela. Teóricamente, en ausencia del presidente, el Artículo 234 establece que el Vicepresidente debe asumir la presidencia hasta que la Asamblea Nacional declare formalmente la ausencia de Maduro, como se especifica en el Artículo 233. Si esto ocurre, deben celebrarse nuevas elecciones en un plazo de 30 días.

Sin embargo, Delcy Rodríguez (la Vicepresidenta de facto) carece de autoridad constitucional para ejercer como presidenta interina. Además, no existe una Asamblea Nacional elegida democráticamente: la actual quinta legislatura, cuyo mandato finaliza el 5 de enero, fue elegida fraudulentamente, y la sexta legislatura también se basa en elecciones fraudulentas celebradas el año pasado.

Lo más importante es que Rodríguez no parece interesada en ejercer como presidenta interina. En su primera conferencia televisiva, no actuó como presidenta interina; en cambio, confirmó que Maduro sigue siendo presidente. Afirmando actuar dentro del marco constitucional -los dictadores modernos son maestros de la legalidad, como solía decir Heinrich Rommen-, presentó un decreto de emergencia de conmoción externa, supuestamente firmado por Maduro semanas atrás, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.

La Sala Constitucional, actor crucial en el declive democrático de Venezuela, actuará con celeridad respecto a este decreto de emergencia. Podría ratificar las prácticas constitucionales abusivas, aparentemente validando el liderazgo de Rodríguez, o podría iniciar una transición que, de acuerdo con los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana, finalmente ponga fin al régimen tiránico. Considerando numerosos precedentes desde 2013, es probable que la Sala Constitucional ratifique el régimen de facto. Maduro ya no es el presidente de facto de Venezuela, pero esto aún no ha acabado con la tiranía en el país.