Laura Fernández, candidata del oficialismo y figura política estrechamente vinculada al presidente Rodrigo Chaves, resultó electa este domingo como nueva presidenta de Costa Rica, tras imponerse en unas elecciones presidenciales hiperfragmentedas en las opciones.

Así la opción oficialista se posicionó con el 50,87% de las preferencias, con el 53% de las mesas escrutadas. Por su parte, Álvaro Ramos, el candidato socialdemócrata del Partido de Liberación Nacional (PLN) anotó 31,63% de los resultados.

El tercer lugar fue alcanzado por la exprimera dama y representante de la Coalicicón Agenda Ciudadana -Partido Acción Ciudadana y Agenda Democrática Nacional-, Claudia Dobles, quien alcanzó 4,32% de las preferencias electorales, seguida por el representante del Frente Amplio, Ariel Robles, con un 3,47%.

Aumento de la violencia

Con este resultado, el país centroamericano opta por la continuidad del actual proyecto de gobierno en un contexto marcado por un deterioro de la seguridad debido al aumento del narcotráfico y crimen organizado, una fuerte fragmentación política y un debate profundo sobre el rumbo institucional y social de una de las democracias más estables de América Latina.

La jornada electoral, en la que también se renovaron los 57 escaños de la Asamblea Legislativa, estuvo precedido por una campaña dominada casi por completo por estos asuntos.

Y es que, en cuanto al aumento de la criminalidad, las categorías “seguridad y delincuencia” y “narcotráfico y crimen organizado” se posicionaron como los temas más importantes para la ciudadanía, según una encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.

La escalada de violencia en Costa Rica ya no se limita a los homicidios asociados al narcotráfico, sino que se expresa también en el aumento de delitos como robos, femicidios, sicariato y prácticas de corrupción. Este escenario ha ido acompañado de un crecimiento sostenido de la población penitenciaria, cuya tasa pasó de 282 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en 2022 a 359 en la actualidad.

Y, aunque durante el último año se observó una leve baja en los homicidios, Costa Rica continuó figurando como el séptimo país más violento de América Latina, por encima de Guatemala y Panamá, de acuerdo con datos de InSight Crime.

Inestabilidad institucional

Asimismo, durante el último año se registraron una serie de episodios que desestabilizaron la solidez institucional y el clima de seguridad en el país centroamericano.

Por ejemplo, en junio, el exministro de Seguridad Pública Celso Gamboa fue detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico y actualmente enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos. De concretarse, sería uno de los primeros ciudadanos costarricenses en ser extraditados bajo esta reforma institucional.

Ese mismo mes, el mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y exiliado político, Roberto Samcam Ruiz fue asesinado en San José, un hecho que encendió las alertas sobre la capacidad de Costa Rica para garantizar la seguridad de opositores políticos en el exilio, sobre todo de los nicaragüenses. Samcam residía en la capital desde 2018 y era un crítico abierto del régimen de Daniel Ortega.

Meses más tarde, el actual presidente Rodrigo Chaves se convirtió en el primero en la historia del país en enfrentar una votación ante la Asamblea Legislativa para levantar su inmunidad judicial, en el marco de una investigación por un presunto esquema de corrupción vinculado a fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). No obstante, el proceso no alcanzó la mayoría calificada de dos tercios requerida para avanzar en la suspensión de su fuero.

La “mano dura”

Lo anterior se explica porque, si bien Chaves enfrentó la acusación política ante el Legislativo, la fórmula del mandatario tico de la lucha contra el crimen jugó a su favor en términos de popularidad.

Hacia finales del año pasado, la aprobación de su mandato alcanzó el 63% según el sondeo de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, la misma encuesta reveló que el 71% de los consultados considera que la situación en materia de seguridad se ha deteriorado durante los últimos doce meses.

Y la campaña de Fernández, quien apuntó fuertemente contra la seguridad y el crimen organizado, heredó la popularidad del mandatario. Su estrategia en el proceso electoral estuvo marcada fuertemente por la narrativa populista de la construcción de megaprisiones y la reforma al sistema de justicia, táctica inspirada en el populismo punitivo de Nayib Bukele.

“No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para retomar la paz en los hogares de Costa Rica que están llenos de gente buena. En mi plan de gobierno hemos planteado el levantamiento de garantías”, defendió en el último debate.

Esto resultó en críticas constantes por parte de la amplitud de los otros candidatos, quienes argumentaban tratar el asunto íntegramente y en atención a otro factores causales de la criminalidad.

Por ejemplo, la ex primera dama, sostuvo durante el último debate presidencial que “se requieren oportunidades y un enfoque en la educación para que nuestros jóvenes no estén en manos del crimen organizado”.

“La seguridad se recupera, no quitando las libertades a los ciudadanos decentes, sino volviendo a invertir”, apuntó por su parte el candidato del Partido Liberación Nacional.

Pero estos argumentos no fueron suficientes para sobrepasar a la candidata oficialista.