Obispos y cardenales serán juzgados por el tribunal penal del Estado de la Ciudad del Vaticano

Foto: Vatican media vía AFP

El Papa Francisco reforzó su cruzada contra la corrupción dentro del Vaticano al aprobar nuevas leyes para los funcionarios y eclesiásticos que trabajan para la Curia Romana.




El Papa Francisco dio el viernes un paso decisivo para hacer más creíble al tribunal penal del Estado de la Ciudad del Vaticano: obispos y cardenales, hasta ahora ultraprotegidos, podrán ser convocados y condenados por esa instancia.

Esta mini-revolución del sistema penal de este tribunal del Vaticano -donde ofician magistrados laicos italianos, y no sacerdotes- fue anunciada en un texto firmado el viernes por el Papa, y que entra en vigor el 1 de mayo.

Hasta ahora cardenales y obispos comparecían ante el Tribunal de Casación presidido por un cardenal, ahora en cambio se someterán en primera instancia al Tribunal, como todos, aunque para juzgarlos seguirá siendo necesaria la autorización previa del papa.

El Pontífice desea así afirmar el principio de igualdad ante la justicia vaticana de todos los miembros de la Iglesia, “sin privilegios que datan del pasado”, según se lee en esta iniciativa del papa, llamada un  “motu proprio”.

Este tribunal de primera instancia era muy criticado por no poder convocar a los más altos prelados de la Iglesia.

Este importante cambio se produce mientras se perfilan varios procesos penales importantes en los próximos meses, que implica a cardenales y obispos que trabajaron en la Secretaria de Estado (gobierno del Vaticano). Por primera vez podrán ser interrogados por jueces laicos del tribunal penal.

Está en curso una compleja investigación sobre financiación opaca, a través de empresarios italianos, de un edificio de lujo en Londres, con el aval de la Secretaría de Estado.

La investigación debe determinar si los altos prelados cometieron errores de juicio o eventualmente incurrieron en corrupción.

Nuevas leyes contra la corrupción dentro del Vaticano

El Papa Francisco reforzó su cruzada contra la corrupción dentro del Vaticano al aprobar este jueves nuevas leyes para los funcionarios y eclesiásticos que trabajan para la Curia Romana.

A través de un “motu proprio”, Francisco exige que tanto directivos como personal administrativo que trabajan en la administración de la Iglesia declaren que no tienen condenas ni investigaciones por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal.

Igualmente no podrán tener activos en paraísos fiscales ni invertir en empresas que operen “en contra de la doctrina de la Iglesia”, reza el texto.

“Está prohibido que todos los empleados acepten regalos por un valor superior a 40 euros”, subraya el documento.

El Papa argentino se ha comprometido a reformar las finanzas del Vaticano, escenario de numerosos escándalos por controvertidas inversiones y garantizar la transparencia de sus operaciones y funcionarios.

La nueva medida atañe a todos los que se encuentran en los niveles funcionales C, C1, C2 y C3, es decir, desde los cardenales y jefes de dicasterios hasta los vicedirectores con contratos directivos de cinco años y a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión, explicó en una nota.

Tanto los prelados como los laicos deberán firmar una declaración asegurando que no han sido objeto de condenas, ni de juicios o investigaciones penales por corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales, explotación de menores o incluso evasión fiscal.

Estas personas tampoco podrán tener cuentas en efectivo o inversiones en países de alto riesgo por lavado de activos o financiamiento del terrorismo, en paraísos fiscales o participaciones en empresas que operan “contra la doctrina social de la iglesia”, precisa el texto.

La secretaría de Economía “podrá realizar comprobaciones sobre la veracidad de las declaraciones realizadas por los declarantes, y la Santa Sede, en caso de declaraciones falsas, podrá despedir al empleado y reclamar los daños y perjuicios sufridos”, advierte el papa.

“Tendrán que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años”, añade el documento firmado por el pontífice.

Las nuevas reglas han sido tomadas tras las decididas el 19 de mayo de 2020, cuando Francisco promulgó el nuevo código de contratación pública, tras considerar que era necesario, “porque la corrupción puede manifestarse en diferentes modalidades y formas”, recuerda.

La Santa Sede además adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, con el fin de ajustarse a las mejores prácticas “para prevenir y combatir ese fenómeno en sus diversas formas”.

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