Pruebas de antirracismo e inclusión: los nuevos requisitos para los profesores universitarios de California

En California, hay 116 community colleges que matriculan a 1,9 millones de estudiantes. Estas universidades públicas son prácticamente gratuitas y abiertas a todos, lo que permite a jóvenes procedentes de entornos desfavorecidos acceder a la enseñanza superior, explica en su crónica Corine Lesnes, corresponsal del diario Le Monde.

En ese estado del Oeste estadounidense, dos tercios de sus estudiantes pertenecen a minorías, mientras que la mayoría de los 61.000 profesores son blancos.

El nuevo reglamento en cuanto a “diversidad, igualdad, inclusión y accesibilidad” (DEIA), que regula la actitud que los profesores deben adoptar con los estudiantes así como el contenido de los cursos, pide a los académicos que “demuestren una conciencia y un reconocimiento coherentes de las identidades raciales, sociales y culturales con una comprensión de su importancia en la creación de estructuras de opresión y marginación”.

Pero más allá de tener conciencia de estos temas, el reglamento, según el cual cualquier profesor que afirme “no ser racista” está “negando la realidad”, aconseja identificar sus prejuicios y el daño causado por sus comportamientos. El concepto de mérito se vuelve asimismo una protección del privilegio blanco.

En California, el concepto de racismo estructural y las cuestiones de género no son novedad y las instituciones ya se han adaptado a nuevas normas, así como los profesores que usan pronombres no binarios a la hora de dirigirse a los estudiantes. Sin embargo, la nueva normativa supedita la promoción y la titularidad de los profesores a su “competencia en DEIA”, puesto que ellos tendrán que aportar ejemplos concretos de “competencia cultural, autorreflexión y crecimiento personal”.

En consecuencia, seis profesores han demandado al estado en nombre de la libertad de expresión. Cuentan con el apoyo de la Fundación para los Derechos y la Expresión Individuales (FIRE), una asociación de defensa de la libertad académica.

“El estado no puede decirte lo que puedes o no puedes creer”, declaró Jessie Appleby, abogada de FIRE. Defendió que los requisitos convierten en ilegal un discurso que de otro modo estaría protegido, y que el lenguaje utilizado en las normas de la DEIA es vago, lo que supone una violación de la 14ª enmienda. “Creemos que las normas aplicadas al profesorado universitario son inconstitucionales, prácticamente en su totalidad”, afirmó Appleby.

Ambas partes están ahora a la espera de que se programe el caso en los tribunales para presentar los argumentos orales ante un juez.