Reformas, bitcoin y popularidad: las razones por las que Nayib Bukele buscaría la reelección inmediata en El Salvador

El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una ceremonia de despliegue de soldados del ejército salvadoreño para el plan de Control Territorial en San Salvador. Foto: Reuters.

Una modificación constitucional aprobada por jueces nombrados por el oficialismo permiten al mandatario repostular de cara a las presidenciales en 2024, lo que forma parte de una serie de cambios legales impuestos por el Ejecutivo en los últimos meses.




“La Constitución no permite que la misma persona sea Presidente dos veces seguidas. Puede ser Presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que no ocupe ese poder para quedarse en el poder; si sale del poder y regresa es porque el pueblo lo quería tener de regreso”. Así, el entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán y actual mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, cerraba las puertas a legislar para permitir la reelección presidencial inmediata en el país, durante una entrevista televisiva en 2013.

En medio de una seguidilla de modificaciones legales impulsadas por el oficialismo en los últimos meses, el Ejecutivo puso el acelerador para evitar la alternancia en el poder cuando sus políticas económicas comienzan a ser cuestionadas por la población, lo que también generó una caída en la popularidad del gobernante, que podrá repostular al poder para las elecciones presidenciales de 2024.

El fallo de la Sala de lo Constitucional, renovada con jueces electos a “dedo” por el nuevo hemiciclo de la Asamblea Legislativa iniciado el 1 de mayo, autoriza la renovación presidencial para un nuevo periodo de cinco años sin pausas y solo requiere la dimisión seis meses antes de los comicios, terminó por instalar la tensión en El Salvador. El mandatario del partido Nuevas Ideas (NI) alista el camino a casi dos años y medio de que su periodo finalice.

El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante un discurso.

Al menos cinco artículos de la Constitución de El Salvador, artículos 88, 152, 154, 248 y 131, abordan la imposibilidad de la reelección instantánea, incluso apostando porque el Legislativo desconozca la autoridad electa por estos medios, especificando la obligación de designar un mandatario provisional. Sin embargo, en un texto de 28 páginas, los jueces señalan que la prohibición de repostularse “es para los candidatos, no para el Presidente”.

“Es una resolución totalmente ilegítima que no fue firmada por magistrados, sino por usurpadores de la Sala de lo Constitucional, que es el equivalente a un Tribunal Constitucional. Al faltar más de dos años para las elecciones, emitir esta resolución puede ser tan solo otra opción que es parte de este plan de tener varias opciones para lograr de cualquier forma la reelección. Entre los mecanismos que podían utilizar estaba una resolución judicial, una reforma constitucional exprés para facilitar la repostulación, una convocatoria extraordinariamente a una Asamblea Constituyente”, explica a La Tercera el abogado Salvador Enrique Anaya, el mismo que presentó inicialmente una demanda contra la candidata a diputada Nancy Díaz por violar la Constitución al “promover y suscribir actas para apoyar la reelección del Presidente”, sentencia que abrió la vía para la nueva interpretación legal de los jueces.

Uno de los primeros pasos se dio la semana pasada, cuando la bancada oficialista reformó en el pleno la Ley de la Carrera Judicial, para cesar de manera automática a todos los jueces que tengan más de 60 años o 30 años de servicio en el órgano judicial, lo que destituyó a un tercio -o sea más de 150- de los magistrados, cuando hasta ahora no existían límites de edad para asumir cargos de jueces o fiscales.

A esto se suman las decisiones financieras asumidas por Bukele, que en junio se convirtió en el primer país del mundo en autorizar y reconocer el bitcoin como una moneda legal. La decisión, que generó una serie de interrogantes en los mercados, parece no convencer a los salvadoreños. Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) señala que un 66,7% de los encuestados está a favor de dar pie atrás a la normativa y un 28,6% está a favor.

Además, la nueva normativa se da cuando El Salvador intenta entablar conversaciones para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir al menos US$ 1.400 millones. En junio, el FMI apuntó que la llegada del bitcoin genera en el mercado “significativos riesgos” que “requieren un análisis muy cuidadoso”, por lo que aconsejó al país evaluar medidas para paliar los altos niveles de endeudamiento gubernamental, debido a que la deuda externa está sobre el 80% del PIB.

Las polémicas han seguido al denominado mandatario millennial, de 40 años, desde que llegó al poder el 1 de junio de 2019 y lo que ha comenzado a mermar sus niveles de aprobación. Por primera vez, su gestión recibió la calificación de 7,64 en un sondeo de la UCA, mientras que seis de cada 10 encuestados consideraron que la Asamblea Legislativa trabaja “solo para ayudar al gobierno”.

“La pérdida de popularidad de Bukele, que no va en picada, pero por primera vez tiene una calificación menor a ocho después de dos años, evidencia un deterioro. El eventual cierre de posibilidades de obtener un acuerdo con el FMI para posibilitar al país terminar el presupuesto nacional de este año, junto a la decisión de sacar a los jueces generó un problema en la imagen del Presidente Bukele, al empujar a los jueces, que habían estado hasta ahora en silencio, a unirse y reclamar contra las actuaciones, incluso se habla de un paro en el órgano judicial, con un ambiente de reacción contra el Presidente. Finalmente, esto puede ser un intento para desviar la atención, dado que hoy comienza la implementación del bitcoin. Todo como parte de un plan para consolidar una dictadura”, sostiene Anaya.

En febrero del año pasado, el jefe de Estado salvadoreño irrumpió en el Parlamento respaldado por las Fuerzas Armadas para exigir que los legisladores aprobaran una serie de préstamos, y en mayo ordenó la salida de todos los jueces de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general, tras una serie de disputas, lo que fue tildado como un golpe para la independencia judicial. Según la BBC, bajo el procedimiento de elaboración de una ley, Bukele puede sancionarla, hacer observaciones o vetarla.

Reformas constitucionales

Hasta anoche, el mandatario no había emitido comentario sobre la decisión judicial, pero su partido comenzó a difundir imágenes de la campaña electoral de 2019 en una antesala de lo que sería el lanzamiento de su repostulación. En paralelo, el gobierno afianza el proyecto de reforma a la Constitución de 1983, que entre otros ampliaría el mandato presidencial de cinco a seis años para los futuros mandatarios, para “sincronizar las presidenciales con las legislativas”, que son cada tres años.

A su vez, las eventuales modificaciones legales que entrarían en vigencia en 2027 permitirían un plebiscito revocatorio para el tercer año de los gobiernos, así como legalizar el matrimonio igualitario y el aborto terapéutico. Aunque algunos sectores denuncian que podría estar en marcha un golpe de Estado, Bukele también ha aglutinado el descontento ciudadano contra la política tradicional, especialmente porque su gobierno puso fin a tres décadas de bipartidismo en el país. Colectivos feministas y LGTB+ aplaudieron que el texto de la reforma afirma que se prohibirá la “discriminación por orientación sexual” y dejará de utilizar el término “hombre y mujer” para hablar de “cónyuges”.

“Si tomaron la decisión de la reelección formalmente no van a dar paso atrás, porque los debilitaría, la resolución es tan absurda que dice que solo si el Presidente quiere puede presentarse, desde esto podría especularse que si el mandatario ve que pierde apoyo político podría evitar una repostulación, entonces irán jugando en el tiempo que les queda”, finaliza el abogado salvadoreño Enrique Anaya.

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