Una situación que podría vulnerar las normas sobre probidad administrativa y deber de abstención detectó la Contraloría General de la República (CGR). El organismo constató que el alcalde de El Tabo, Alfonso Muñoz, intervino en decisiones vinculadas a la contratación y permanencia de 24 funcionarios con quienes mantiene relaciones familiares o de amistad.

Así lo señala el Informe Final de la Investigación Especial N° 596/2025, elaborado tras denuncias presentadas por un particular y por la concejala Karina Soto sobre eventuales contrataciones de personas cercanas al jefe comunal y a otros funcionarios del municipio.

La fiscalización determinó que, entre las 24 personas vinculadas al alcalde, se encuentran su cónyuge y dos hermanas, además de otros funcionarios con quienes mantiene relaciones de cercanía.

Según la CGR, el jefe comunal participó en actos administrativos relacionados con estas contrataciones y situaciones laborales, pese a la existencia de vínculos que exigían abstención. El organismo fiscalizador también detectó que la red de relaciones alcanza a otras áreas estratégicas del municipio.

En total, se identificaron 56 funcionarios con vínculos familiares o personales con autoridades municipales. De ellos, 16 están relacionados con el director de Finanzas, nueve con el director Jurídico, entre los que figuran su cónyuge, un hermano y una tía, y otros siete mantienen vínculos con el Director de Control.

Ante estos antecedentes, la Contraloría ordenó invalidar los actos administrativos observados, además de establecer mecanismos de abstención en futuras decisiones y regularizar las situaciones contractuales detectadas.

Asimismo, instruyó que el cargo de secretario municipal sea provisto por un titular y dispuso que, mientras ello no ocurra, el actual subrogante se abstenga de participar en asuntos relacionados con una funcionaria con la que mantiene una relación sentimental.

La auditoría también advirtió irregularidades en el traspaso de trabajadores desde honorarios al Código del Trabajo. En este ámbito, la CGR constató que el municipio no contaba con antecedentes suficientes para acreditar que los funcionarios cumplían los requisitos legales ni había realizado estudios financieros que permitieran determinar el costo de dichas incorporaciones. Por ello, el organismo ordenó elaborar un informe con la nómina de trabajadores traspasados entre 2023 y 2025, cuantificar el impacto financiero de la medida y mantener actualizada y publicada esta información.

Además, el municipio deberá informar al concejo municipal y reportar, en un plazo de 15 días hábiles, el estado de los sumarios instruidos durante la fiscalización.