"Siempre he sentido que el tomar decisiones legislativas al calor de una contingencia que no solo ocurrió, sino que se encuentra ocurriendo, es un evento complejo".

De esta manera el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, se refirió a la aprobación de este jueves de la denominada "Ley Antisaqueos", la que aumenta la penalidad y tipifica nuevos delitos al interior del Código Penal.

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La respuesta a sus dichos provino desde la máxima autoridad del Ministerio Público: el fiscal nacional Jorge Abbott. Consultado sobre su balance sobre la aprobación de la legislación, afirmó que "siendo ya una ley de la República, lo que le corresponde al Ministerio Público es aplicar esa ley.  Nosotros vemos, en la misma, algunas fortalezas, como es el aumento de la penalidad de algunas conductas que hasta ahora tenían solamente penas de multas, como también el que se entiendan consumados algunos delitos desde el momento en que se da inicio a su comisión".

"Pensamos que con la aplicación de esta normativa podemos, probablemente, incidir en disuadir a las personas que cometan hechos como los que se han cometido hasta ahora y que nosotros no hemos podido sancionar porque el marco legal vigente no nos permitía dar una sanción o solicitar una sanción acorde con la gravedad de los mismos", añadió.

En relación a si estima que esta nueva ley podría acarrear dificultades para ejercer derecho a reunión, indicó que "nosotros entendemos que esta legislación para nada afecta los derechos a reunión y a manifestarse pacíficamente. Lo que aquí se busca es sancionar a las personas que en el contexto de esas manifestaciones cometen hechos que provocan un daño enorme tanto a las personas como a la propiedad, y eso nos parece inaceptable".

También se le consultó sobre el impacto que puede tener en conductas como el denominado "el que baila pasa", ante lo que replicó que "hoy día ese hecho está sancionado en nuestra legislación, hay ahí una amenaza. Lo que pasa es que simplemente se ha tipificado de mejor de manera y se ha incrementado el reproche penal respecto de esa conducta. Es inaceptable que las personas puedan alterar la normal convivencia, la normal circulación de las personas dentro o en los caminos de nuestro país. Las personas tienen derecho a transitar libremente sin que nadie pueda entorpecer esa circulación. Nadie tiene derecho a alterar o afectar los derechos de esas personas sin que ello suponga una sanción en relación a dicha conducta".