Alistan plan para que los defensores se instalen en las comisarías

Fue entre los últimos días de octubre y noviembre del 2019 que gran parte de los 722 abogados de la Defensoría Penal Pública comenzaron un recorrido, hasta ahí inédito desde su fundación, en 2001: visitar a los detenidos en comisarías para cerciorarse de que no se vulneraran sus derechos. Fue una idea que respondió al contexto del estallido social. Sin embargo, hoy el plan es mantener esta medida de manera permanente.

La idea se asentó en la Defensoría luego de un trabajo que se realizó con Euro Social, programa para la cohesión de América Latina de la Unión Europea. Allí se diagnosticó que era necesario conocer las condiciones de las personas detenidas, antes de que pasen un control de detención, y también de los arrestados que no llegan a la instancia procesal de la formalización.

El director nacional, Andrés Mahnke, explicó a La Tercera que durante la crisis se visitaron 105 cuarteles, de los cerca de 900 que tiene Carabineros. “Hay una brecha urgente de resolver, pues hay una cifra negra de personas que, eventualmente, han visto vulnerados sus derechos”, señaló.

En ese sentido, agregó que “la idea es institucionalizar dos cosas: mayor acceso a la información por parte de los detenidos, pues hay información que solo tiene la policía. Y lo otro, la Defensoría también necesita más antecedentes de lo que pasa con las personas que son detenidas y luego liberadas, porque nosotros hoy solo tenemos cobertura de un 100% de quienes pasan a control de detención, pero no estamos en la etapa previa”.

¿Cuándo se pretende concretar la medida? Desde la institución dicen que aún están trabajando en los plazos. Por ahora, se está haciendo el diagnóstico y estudiando los recursos humanos. Lo que ya se tiene definido es que el plan piloto comenzará en cuatro regiones durante el primer semestre de 2021. Mahnke adelantó que “una será la Región Metropolitana, una en el extremo sur, otra del extremo norte, y la cuarta saldrá de Valparaíso o Concepción”.

Para el miembro del equipo de Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, el abogado Julián López, esto es “un excelente avance, porque es la única manera de hacer realidad el derecho legal de todo imputado a ser defendido por un abogado ‘desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra’, según lo declara el Artículo 8° del Código Procesal Penal”.

En ese sentido, agregó que “la intervención del defensor en la audiencia de control de detención no ofrece las mismas garantías que su presencia en la comisaría, porque la mayor vulnerabilidad del detenido frente a eventuales abusos de poder, apremios ilegítimos y torturas se produce antes de la intervención judicial y puede ocurrir -como ocurrió muchas veces durante el estallido social- que ese control no se produzca, porque el imputado sea dejado en libertad después de haber sido golpeado o detenido, precisamente para evitar el control judicial posterior”.

El Instituto de Derechos Humanos (INDH) cuenta con observadores para supervisar lo que ocurre con los detenidos por la policía desde 2011. Por lo mismo, el jefe jurídico del organismo, Rodrigo Bustos, sostuvo que “el hecho de que tengamos a abogados o abogadas defensores en comisarías será de mucha utilidad para las personas detenidas a quienes se les imputa un delito o falta de manera injusta. Es un sano ejercicio para fortalecer el derecho a defensa”.

Sin embargo, no todos miran con buenos ojos la medida. El exgeneral subdirector de Carabineros, Julio Pineda, indicó que “eso hay que estudiarlo bien y evaluarlo, pero a primera vista encuentro que no es necesario. Los derechos que tienen los detenidos están claramente establecidos e interiorizados, tanto por Carabineros como por la fiscalía. No veo por qué hay que tener defensores viendo qué hace un carabinero, cuando es una institución profesional y que está siempre coordinada con el Ministerio Público”.