La Corte de Apelaciones de Santiago revisó este lunes la apelación de la defensa de Ángela Vivanco ante la decisión del el 7° Juzgado de Garantía de Santiago que accedió a la solicitud de prisión preventiva para la exministra de la Suprema.

El abogado Jorge Valladares apeló buscando revertir la medida cautelar que mantiene a su representada privada de libertad en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago.

Un módulo del recinto ubicado en la comuna de San Joaquín fue habilitado para acoger a la otrora magistrada del máximo tribunal.

Vivanco fue imputada por delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Los Lagos por la llamada trama bielorrusa.

El Ministerio Público sostiene que la exjueza recibió dinero para favorecer a un consorcio integrado por una empresa de esa nacionalidad en una disputa con Codelco.

Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, fue formalizado antes junto a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas. Todos están en prisión preventiva.

Lagos y Vargas habrían pagado a la pareja cerca de $90 millones, según la indagatoria.

“Extrañamente, a esta fecha, la Fiscalía no ha hecho un informe patrimonial”, aseguró Valladares ante el tribunal de alzada capitalino, insistiendo en que no estaría demostrado que Migueles recibió dineros.

“La Fiscalía no nos ha planteado ninguna irregularidad, ningún movimiento sospechoso en ninguna de las cuentas de mi representada y simplemente atribuyen, en un salto cognitivo que nos parece un sesgo mayúsculo en términos de la información disponible, que lo que habría recibido el señor Migueles es el vehículo para la transmisión a ella”, planteó el defensor.

Valladares dijo que la prisión preventiva es una “pena anticipada”, recalcó la importancia del principio de inocencia y dio cuenta de antecedentes médicos de su representada que en su opinión no harían recomendable mantenerla tras las rejas.

En el momento en que el abogado presentó esos antecedentes, calificados como reservados, se suspendió la transmisión de la audiencia por el sitio del Poder Judicial.

El abogado pidió que se revoque la resolución que fijó la medida de prisión preventiva para la exjueza, sosteniendo que no se reúnen los requisitos que justifiquen que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y afirmando que, aunque se acrediten los presuntos delitos, su representada podría acceder a una pena sustitutiva.