De forma unánime -47 votos a favor- la Sala del Senado aprobó en general este martes el proyecto que busca fortalecer la institucionalidad de los municipios para hacer frente a los desafíos de seguridad pública y prevención del delito.

La iniciativa -que modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales- consagra a la prevención con función principal y prioritaria de los municipios. En este sentido, se fortalece su coordinación con la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio de Seguridad Pública, así como con las policías y el Ministerio Público, a través de la creación del Comité Operativo de Seguridad.

Este organismo estará liderado por el alcalde de cada municipio y contará con la participación de Carabineros, la Policía de Investigaciones, Fiscalía y del director de seguridad municipal, cuyo cargo también será reforzado mediante una regulación más precisa de los requisitos para su nombramiento.

Entre las principales funciones preventivas que tendrán los municipios se incluye la realización de patrullajes, labores de inspección y fiscalización, prestación de auxilio a las víctimas de delitos, televigilancia y el control e incautación de especies del comercio ilegal. A su vez, también se regulan sus labores de asistencia a las policías, entre ellas, la realización de patrullajes mixtos con Carabineros, la colaboración en medidas de protección por violencia intrafamiliar, el control de medidas cautelares y el control de alcohol y drogas en la vía pública.

Asimismo, crea la figura del inspector municipal con un nuevo régimen jurídico para sus funciones, que incluye los elementos defensivos y de protección personal que podrán usar. En el caso de no contar con los fondos necesarios, la Subsecretaría de Prevención del Delito entregará los recursos para este fin.

Por último, en materia penal, el proyecto establece un agravante respecto de los delitos que se comentan en contra de los inspectores y directores de seguridad.

La subsecretaria Carolina Leitao destacó que este proyecto de ley tiene tres ejes fundamentales.

“Este proyecto busca, en primer lugar, la protección y el reconocimiento del trabajo municipal en seguridad que hasta ahora no está regulado por la ley. En segundo lugar, establece una agravante para los quienes agredan los funcionarios municipales en el ejercicio de sus funciones y establece un sistema de capacitación para fortalecer las capacidades de trabajo en la calle”, resaltó.

Ahora se abre un plazo hasta el 17 de julio para la presentación de indicaciones, luego vuelve a la Comisión de Seguridad, posteriormente, a la Comisión de Hacienda, para finalmente retornar a la Sala para su discusión particular.