Cuando faltaban algunos minutos para la seis de la mañana de ayer jueves 20 de agosto, detectives de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) golpearon la puerta del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) en Santiago, producto de una indagación por diferentes delitos que encabeza la fiscal Constanza Encina, y que dice relación con irregularidades en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Sin saber de qué trataba específicamente la diligencia ni mayores detalles de los hechos por los que estaba siendo investigado -según comentaron fuentes consultadas por este medio-, el parlamentario accedió a entregar voluntariamente su celular y computador, aunque los funcionarios policiales portaban una autorización que el día anterior había concedido la jueza Francis Fell del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Desde el entorno del congresista aseguran que él desconocía totalmente este nuevo proceso que se sigue en su contra, donde, entre otros, también se encuentran indagados exdirectivos de Junaeb, otrora funcionarios ligados a la entidad, el senador Sergio Gahona (UDI), el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) y el reconocido abogado Darío Calderón.

Según antecedentes del expediente del caso, Encina indaga delitos de fraude al Fisco, fraude informático, delitos contra la salud pública, falsificación de instrumento privado, cohecho y lavado de activos. Todo, vinculado a actividades desarrolladas por la empresa Soser. Como se ha detallado, habrían existido irregularidades en la entrega de alimentación en establecimientos educacionales en la Región de O’Higgins.

Entre las falencias detectadas estaría la sobre declaración de raciones, falsificación de certificados de raciones para aumentar los pagos, distribución de comida contaminada y la incorporación de información falsa a los sistemas de la Junaeb.

Pero nada de eso, de acuerdo a cercanos a Calisto, estaba en su radar. Junto con estar enfocado en sus labores en el Congreso, el senador ha destinado gran parte de su tiempo a rearmar su defensa respecto de las investigaciones previas que existían en su contra por hechos totalmente distintos y que llevan los fiscales regionales de La Araucanía y Aysén.

De hecho, recién a inicios de esta semana el senador independiente dio un giro en su estrategia -pues ya está en conocimiento de que en una de esas causas enfrenta una acusación donde el fiscal Hernán Libedinsky pidió 12 años de cárcel en su contra- y cambió al estudio de abogados que lo representaba. Renunciaron al patrocinio los abogados Jorge Bofill y César Ramos, y asumió el estudio que lidera el penalista Nelson Salas.

Ese mismo abogado, de acuerdo con antecedentes conocidos por La Tercera, es quien representa a Calisto en la nueva arista penal que lo complica, y rápidamente activaron acciones para delimitar el despliegue que está llevando a cabo la fiscal Encina.

Según quienes han tenido acceso a mayores antecedentes de la causa, la tarde de ayer jueves, la primera determinación que tomó Salas fue presentar un escrito ante el tribunal para que se les entregue copia de la solicitud que formuló la persecutora y que derivó en la orden de entrada, registro e incautación de diversas especies de su representado.

Lo anterior, de acuerdo con la presentación de Salas, porque la diligencia en cuestión afectaría derechos fundamentales del senador, y para ejercer de manera adecuada la defensa, requieren que se les entregue la copia de la petición de Encina.

Pero eso no es todo. Desde el círculo de Calisto manifestaron que, adicionalmente, requerirá se fije audiencia de cautela de garantías a objeto de que se acote la revisión de los aparatos tecnológicos que le fueron incautados. La idea es que sólo se revise y extraiga la posible información que pudiera estar ahí relativa a los hechos materia de investigación.

Esto último, dicen en el entorno del congresista, porque por su calidad de parlamentario, en esos aparatos podría haber información sensible que debe mantenerse bajo reserva.