Caso Catrillanca: el registro de mentiras de los policías del Gope

Las versiones entregadas por los cuatro exefectivos del Gope de Carabineros en La Araucanía, dos formalizados por homicidio y todos por obstrucción a la investigación, han sido claves a la hora de desentrañar lo ocurrido la tarde del 14 de noviembre, día en que en la comunidad Temucuicui falleció Camilo Catrillanca.

A pocas horas de ocurrido los hechos, el grupo de uniformados declaró en conjunto ante la fiscalía, donde afirmaron que hubo un enfrentamiento y que nadie portaba cámaras de video al momento del operativo.

Raúl Ávila, Carlos Alarcón, Patricio Sepúlveda y Braulio Valenzuela, todos dados de baja, negaron que alguno de ellos haya portado cámaras en esa jornada. Así se lo dijeron el 16 de noviembre a su entonces general director, Hermes Soto, quien terminó siendo destituido de su cargo, luego que se filtrara un video del procedimiento, hasta la semana pasada desconocido.

Estas versiones fueron contrapuestas por los propios imputados ante la fiscalía, quienes reconocieron que mintieron sobre las cámaras al general Soto en la reunión que sostuvieron con él en la comisaría de Pailahueque.

La fiscalía decidió interrogar nuevamente a los uniformados luego que el 3 de diciembre se hiciera conocido un video de Carlos Alarcón, quien estaba en prisión preventiva y en el cual aseguraba que fue obligado a mentir. Estos testimonios eran secretos hasta ayer, cuando la fiscalía liberó a los intervinientes esta arista de la investigación.

El primero en dar su versión fue Carlos Alarcón, quien el 4 de diciembre dijo que tras el operativo, los policías sostuvieron una reunión en el cuartel de Pailahueque, la que "debe haber durado como una hora antes de ir a declarar a la fiscalía de Collipulli y durante ese tiempo el abogado Cristián Inostroza (funcionario civil contratado por Carabineros) nos dijo lo que teníamos que decir, y mi mayor Manuel Valdivieso (exjefe del Gope de la zona) lo apoyaba".

Alarcón reconoció que esta versión fue la que se le comunicó posteriormente a Soto. Este y el resto de compañeros comenzarían a apuntar a Inostroza y Valdivieso.

Esta misma versión fue ratificada por Valenzuela el 21 de diciembre. "Ahí mi sargento Ávila le indicó que sí, que llevaba una cámara y que había grabado el procedimiento, y el abogado dijo que teníamos que decir que no habían grabaciones y tenía que destruir las grabaciones". Agregó que "mi general Soto nos escuchó y nos preguntó si habían grabaciones, a lo que todos respondimos que no".

El exGope también recordó que en la reunión con el entonces general director "habla mi sargento Alarcón y le dijo que él había sido el que más disparó y que se hacía responsable de lo que pasó, a lo que mi general le dijo que él no podía hacerse responsable aún de algo que era necesario aclarar y establecer".

Sepúlveda, quien entregó su testimonio el 19 de diciembre, recordó que Alarcón quiso decirle la verdad a Soto, pero este fue frenado por Valdivieso. "Nos dijo que mi general Soto había encontrado débil a Alarcón y que había que reforzarlo con los abogados", sostuvo, advirtiendo que "sin que pueda recordar el día ni la hora, el abogado Inostroza me dijo directamente a mi que lo estaba llamando mi general Soto, aunque no me dijo para qué".

Quien destruyó prácticamente todo el relato que había mantenido hasta ahora fue el sargento Ávila. El 21 de diciembre reconoció a los fiscales que mintió no solo a Soto, sino que también al Ministerio Público.

"En relación a la cámara GoPro que yo llevaba adosada a mi casco táctico y que como ya mencioné en mi declaración anterior, yo negué de su existencia en la primera declaración ante la fiscalía, hasta ese momento yo la llevaba encendida y por lo tanto grabé el procedimiento", dijo Ávila, responsabilizando de esta versión a Valdivieso, quien le dijo que "la cámara no debía aparecer y las imágenes no debían ser mostradas".

Además, recordó que el 17 de noviembre, antes de ir a declarar a la PDI, donde estaba citado para las 18.00, se reunió a conversar con Inostroza. "Me dice que estaba la 'cagá', que se había filtrado una imagen mía con una cámara en mi casco y el mando quería saber qué iba a decir yo en relación a ello. En ese momento yo vi que al abogado Inostroza lo llamaron por teléfono, dos o tres veces, por lo que el mismo abogado me dijo que se trataba del general Soto, que llamaba para saber qué iba a decir yo respecto a la cámara (...) En un momento el abogado puso el teléfono en altavoz y ahí pude escuchar la voz del general Soto, que le decía al abogado que a partir de ese momento toda la información que se tuviera debía canalizarse directamente a él y no a través de otra persona".

Momentos después de este diálogo, Soto se comunicó con el gobierno para dar cuenta que uno de los efectivos del Gope efectivamente llevaba una cámara consigo.

El Ministerio Público también cuenta con la declaración de Inostroza, quien negó las imputaciones realizadas por los uniformados. El 4 de diciembre indicó que la noche del 14 de noviembre se reunió con los efectivos para entregarles asesoría jurídica y que "recuerdo que lo primero que les pregunté es si alguno de ellos portaba cámara al momento del operativo y todos señalaron que ninguno de ellos".

El abogado también tiene otra versión de la reunión que tuvo con Ávila el 17 de noviembre. En esa ocasión, el policía le contó que tenía una cámara el día del operativo y le preguntó por qué había dicho otra versión. "En ese momento, el sargento Ávila me señala 'lo que pasa es que cuando estuvimos arriba, los que estábamos ahí decidimos entre todos que nadie andaba con cámara'. Le pregunté a quién se refería con todos y él me contestó: mi general Mauro Victtoriano, mi coronel Contreras, mi comandante Correa, mi mayor Valdivieso y mi mayor Fernández".

Luego, relata que habló de esto con Victtoriano y este le dijo "que eso era una mentira y nunca había sido así".

En tanto, ayer la fiscalía solicitó nuevas formalizaciones en la causa. Se trata del abogado Inostroza, Manuel Valdivieso, el chofer de la patrulla del Gope, Gonzalo Pérez y el exjefe de Fuerzas Especiales en La Araucanía, coronel (R) Jorge Contreras. Con esto, hasta ahora el Ministerio Público tiene acreditada hasta estas personas la presunta responsabilidad en la obstrucción a la investigación y no a mandos superiores.