Caso TC: Suprema informa que causas por DD.HH. se paralizaron en promedio 251 días

Foto: La Tercera

El máximo tribunal envió un estudio a la fiscalía con los tiempos de tramitación de los casos de derechos humanos. Se registró un caso, indica el documento, que estuvo más de 600 días detenido por el Tribunal Constitucional.




A través del envío de una serie de oficios a organismos públicos avanza la investigación de la jefa de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro-Norte, Ximena Chong, en la indagatoria que busca aclarar presuntos actos de corrupción al interior del Tribunal Constitucional.

Las solicitudes están relacionadas con la supuesta dilación que se generaba en el TC en algunos casos de derechos humanos, hecho denunciado por la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz, quien apuntó a eventuales delitos de prevaricación y cohecho.

La causa se abrió luego de que la presidenta del TC, María Luisa Brahm, indicara en una entrevista a La Tercera que “antes de que yo llegara había causas detenidas en el TC por mucho tiempo, al límite de la corrupción”, apuntando al periodo en que Iván Aróstica lideró la institución.

Uno de estos requerimientos fue enviado al Poder Judicial el 23 de abril. En él, se solicitaron “las suspensiones dispuestas por el Tribunal Constitucional durante 2018 en los requerimientos de inaplicabilidad recaídos en causas de derechos humanos, el número de las mismas, el resultado del requerimiento formulado y el número de días de la suspensión”.

Así, el 20 de mayo la Corte Suprema contestó a Chong que le entregarían la información disponible, que incluyó un estudio realizado por la Dirección de Estudios de la judicatura, del 7 de febrero de 2019.

El escrito indica que en 2015 comenzaron los ingresos al TC de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (INA), “respecto de diferentes normas susceptibles de aplicarse en causas judiciales sobre graves vulneraciones a los derechos humanos acaecidos en dictadura y que tramitan ministros en visita extraordinaria”.

Según el documento, hasta esa fecha se habían presentado 39 INA ante el TC respecto de este tipo de investigaciones por vulneraciones a los derechos humanos.

De estas, el TC ha declarado 36 casos admisibles, 22 han sido rechazados y 13 causas estaban en tramitación en distintas fases del procedimiento y solo una ha sido acogida parcialmente. Se indica también que esos procesos se han paralizado, en promedio, 251 días.

“Destacan 21 requerimientos cuyos procesos fueron paralizados por el TC y que, en definitiva, fueron rechazados. Uno de ellos estuvo paralizado a la espera de la sentencia del TC 662 días”, dice el informe.

Además, solo en seis ocasiones el TC denegó suspender procedimientos judiciales en tramitación.

Como ejemplo del largo tiempo de suspensión, el estudio señala que “tomando aquellos requerimientos ante el TC durante todo 2018 y hasta enero de 2019, cuatro de ellos estaban en conocimiento de la Corte Suprema por recursos de casación pendientes y estuvieron paralizados en promedio 244 días. Otros dos procesos estaban en tramitación ante la Corte de Apelaciones de Santiago con recursos de casación en la forma y apelación, cuando fueron paralizados por resolución del TC. En estos dos casos el conocimiento de los recursos estuvo paralizado 231 días uno y 367 días el segundo”.

“Problemas gravísimos”

La expresidenta del TC entre 2013 y 2014, Marisol Peña, indicó este martes que “en lo que se refiere a las suspensiones de causas, mis ideas fundamentales son, primero, que hay que analizarlas en el contexto de todas las causas que lleva el tribunal. Esos atrasos se debieron, como bien dijo el actual ministro Rodrigo Pica, a problemas gravísimos de funcionamiento orgánico del tribunal. En lo que a mí me consta, el ministro Aróstica desplegó medidas para superar aquellas circunstancias y si hubo retraso fue responsabilidad individual de cada uno de los ministros, que en la mayoría de los casos se vieron superados por las circunstancias del volumen de trabajo del tribunal”.

En tanto, el exministro del TC Domingo Hernández indicó que “durante la gestión del expresidente Aróstica la mayor parte de las causas de derechos humanos, que eran juicios que se habían debatido en la justicia ordinaria por muchos años, se fundaban los requerimientos en la infracción a distintos artículos del Código de Procedimiento Penal”. Agregó que “como llevaban muchos años radicados en la justicia ordinaria, generaban reacciones desmesuradas en la histórica tramitación, que a veces era de una década, al TC (...) Pero yo no recuerdo que eso fuera un problema que sea imputable al tribunal, porque en gran medida la dilación era responsabilidad de la justicia ordinaria”.

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