CDE presenta primera querella por hechos vinculados a la crisis y apunta a tres personas por ataques incendiarios

Plaza Baquedano. Foto: Agenciauno.

Plaza Baquedano. Foto: Agenciauno.

La acción legal es por daños e incendios provocados al metro Baquedano y a la Universidad de Chile entre el 12 y el 14 de noviembre pasado. Además, el Consejo de Defensa del Estado prepara una serie de querellas por casos de presuntas torturas y apremios por parte de funcionarios policiales y militares.


El Consejo de Defensa del Estado (CDE) está trabajando en la presentación de una serie de querellas vinculadas a los distintos episodios de violencia que se han registrado desde el pasado 18 de octubre, día en que comenzaron las manifestaciones en el país. El CDE es el organismo encargado en defender los intereses del Fisco, por lo que están evaluando acciones legales por presuntas torturas y apremios por parte de agentes del Estado, como también por los desmanes y ataques con que se ha afectado a inmuebles públicos.

Así es como el viernes pasado el CDE presentó ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago la primera querella por hechos vinculados a la crisis, "por lanzar artefactos incendiarios en contra de inmuebles del sector", en Plaza Baquedano, Providencia. El mismo día, el escrito fue admitido a tramitación por el tribunal.

La decisión de presentar esta querella se tomó por parte del consejo del CDE el 19 de noviembre pasado. En esa misma reunión se definió "ratificar los criterios de intervención respecto de hechos de violencia y delictuales cometidos con ocasión de las protestas sociales surgidas en el país, consistentes en accionar penalmente en casos de violaciones a los derechos humanos de extrema gravedad, como asimismo en casos de daños relevantes o destrucción de bienes fiscales o de propiedad de organismos del Estado, nacionales de uso público, incluidos monumentos nacionales, por personas determinadas, y accionar civilmente en contra de los autores de estos últimos".

Molotov al Metro y a la U. de Chile

Los querellados son Benjamín Espinoza Gatica, Alejandro Zenteno Guiñez y Matías Rojas Marambio, por el delito del artículo 14 D de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas, que apunta al que "colocare, enviare, activare, arrojare, detonare, disparare o hiciere explosionar bombas o artefactos explosivos, químicos, incendiarios, tóxicos, corrosivos o infecciosos en, desde o hacia la vía pública, edificios públicos o de libre acceso al público, o dentro de o en contra de medios de transporte público". También se les imputa a las tres personas el delito de incendio.

Todos fueron formalizados por la fiscalía el 15 de noviembre pasado y la Subsecretaría del Interior ya presentó una querella en su contra.

Los acusan de estar vinculados a hechos ocurridos el 12 y 14 de noviembre en Plaza Baquedano. Según el documento, el 12 de noviembre "en el contexto de la conmoción popular determinada por distintos hechos de violencia y delictuales ocurridos en el país, los imputados y querellados Benjamín Espinoza, Alejandro Zenteno y Matías Rojas procedieron a elaborar, todos ellos -y en su caso- a lanzar artefactos incendiarios en contra de inmuebles del sector".

El libelo señala que "las 17.15, al interior de la obra de construcción perteneciente a la Universidad de Chile, ubicada en intersección de calles Ramón Carnicer con Arturo Burhle, en Providencia, Benjamín Espinoza, quien portaba un artefacto incendiario (bomba molotov) la arrojó a materiales de construcción, los que se incendiaron, dando inicio al fuego del lugar. Acto seguido y desde una botella contenedora de un líquido acelerante, Espinoza procedió a rociarlo en una cargadora frontal la cual al encontrarse junto a los materiales de construcción, se incendió por completo. A raíz de los ataques incendiarios y destrozos los daños verificados a la mencionada construcción ascendieron, desde luego, a una suma mínima de $ 85 millones".

Luego, según el CDE, Espinoza se dirigió hasta el ingreso de la estación Baquedano "donde se reunió con Matías Rojas Marambio, procediendo a lanzar un artefacto incendiario (bomba molotov) a la reja de ingreso de esa estación".

Dos días después, el 14 de noviembre pasado, "los imputados Benjamín Espinoza, Alejandro Zenteno y Matías Rojas procedieron a elaborar y lanzar artefactos incendiarios en contra de personal de Carabineros y de la propiedad pública". Se agrega que a las 17.15 de ese día, en la salida de metro Baquedano, Espinoza y Rojas confeccionaron bombas molotov y "fueron hasta Vicuña Mackenna con Providencia, lugar en donde Rojas arrojó una molotov a un vehículo de Fuerzas Especiales y, a continuación, en la explanada del metro Baquedano, Espinoza lanzó una molotov al ingreso de la estación de Metro".

DD.HH y daño fiscal

La presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, señaló que el organismo "se encuentra solicitando y/o estudiando diferentes antecedentes solicitados a la fiscalía, tanto respecto de aquellos casos que puedan constituir violaciones a los derechos humanos como aquellos en que se establezca daño patrimonial a inmuebles fiscales, estatales o de uso público".

Añadió que el consejo está "revisando información respecto de una veintena de causas graves en las que está analizando la presentación de querellas contra los funcionarios públicos que pudieran haber participado de la vulneración de ese tipo de derechos fundamentales".

Manaud explicó, además, que el CDE "por una parte actúa en el ámbito penal persiguiendo las responsabilidades de funcionarios públicos que han actuado en el ejercicio de sus funciones y, por otra, en el aspecto civil, debe defender los intereses patrimoniales o económicos del Estado por daños a bienes de su interés, ambas funciones establecidas en su ley orgánica".

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