En medio de días marcados por la formalización de los juristas imputados en la denominada trama bielorrusa, el Colegio de Abogados emitió un pronunciamiento en el que anunció una investigación disciplinaria y lanzó una crítica al Poder Legislativo.

El gremio reconoció mediante un comunicado que “en un momento en que desde varios sectores abundan las críticas a la administración de justicia de nuestro país, el Consejo General del Colegio de Abogados de Chile A.G. no puede dejar de expresar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales del problema". Con posterioridad, hicieron mención al caso que tiene como protagonistas a la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco; su pareja, Gonzalo Migueles; y los abogados del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, Eduardo Lagos y Mario Vargas.

“Las acusaciones contra doña Ángela Vivanco, ex Ministra de la Corte Suprema, y de un grupo de abogados son inéditas en las últimas décadas y su gravedad daña la institucionalidad y la imagen que la sociedad tiene tanto de los miembros del Poder Judicial como de quienes ejercen la profesión de abogado. Estos hechos, que recién se comienzan a investigar en un proceso formalizado, deben ser investigados exhaustivamente de modo de no empañar el serio trabajo que estamos seguros desarrollan la mayoría de los integrantes de los diversos estamentos de la judicatura, de sus auxiliares y del Ministerio Público", sostuvo el Colegio de Abogados.

Seguidamente, repararon que “sin menoscabar el principio de presunción de inocencia -que es de carácter personal e individual- los tribunales de justicia, primero, deben resguardar integralmente la probidad de sus propios servidores y de todos aquellos que los auxilian (Conservadores, Notarios y abogados) y, enseguida, quienes tienen el monopolio de la investigación penal, deben dirigir sus investigaciones sin claudicar frente a cualquier jerarquía que se haya podido ver involucrada de manera directa o indirecta”.

La asociación gremial calificó el caso como “grave” y sentenció que debido a estos antecedentes se requiere “la reacción enérgica de todas las instituciones para reparar el daño en la confianza de la población en ellas y evitar la repetición de estos hechos a futuro”.

En esa línea, anunciaron tres medidas. La primera de ellas se relaciona con el conservador de bienes raíces de Chillán Yamil Najle, quien es acusado de haber ayudado, junto con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, a Gonzalo Migueles de lavar $45 millones que éste había recibido de parte del abogado Lagos, tras el fallo en favor de esta empresa en el que participó Vivanco. “El Presidente del Colegio de Abogados de Chile ha pedido que se inicie una investigación disciplinaria en contra de los dos abogados miembros de la orden que se encuentran involucrados en estos hechos: Mario Vargas y Yamil Najle. Lamentablemente los otros abogados que aparecen involucrados no están colegiados por lo que este Colegio no puede ejercer sus facultades disciplinarias mientras el Congreso Nacional no apruebe la reforma constitucional que hemos promovido junto con otros colegios profesionales", dice el escrito.

Adicionalmente, anunciaron que “el Consejo General evaluará una reforma al Reglamento Disciplinario para poder imponer la suspensión de la membresía como medida cautelar dentro del proceso disciplinario” y que iniciarán “un proceso de consulta entre nuestros miembros y con los tribunales de justicia para identificar prácticas que deben ser erradicadas de la judicatura y el ejercicio profesional. Deben eliminarse todas las instancias que incentiven o permitan arbitrariedades, amiguismos, tráficos de influencias y faltas éticas en general”.

Hacia el final del comunicado, el gremio dirigió sus críticas al Poder Legislativo e hizo un llamado a “no caer en la ingenuidad de pensar que estos son solo problemas de personas, sin ver las fracturas institucionales que tienen relación con la displicente atención que el legislador ha dado en atender las modificaciones legales; la atención presupuestaria y a la gobernanza judicial y procedimental que se paralizan cada vez que se agotan los efectos temporales de hallazgos de faltas a la probidad. El Colegio de Abogados ha colaborado en la reforma al sistema de nombramiento de jueces y lo seguirá haciendo en todas aquellas reformas que permitan erradicar este tipo de prácticas de nuestro sistema judicial y le devuelvan la dignidad que requiere la Justicia como pilar fundamental del Estado de Derecho”.