De forma telemática, la contralora Dorothy Pérez, asistió a la comisión de Vivienda del Senado para analizar el informe de la Contraloría General de la República sobre la adquisición de terrenos destinados al cumplimiento de las metas del Plan de Emergencia Habitacional (PEH), durante el periodo 2022 y 2026, correspondiente a la gestión del expresidente Gabriel Boric.

La semana pasada, el exministro de Vivienda, Carlos Montes, asistió a la misma instancia legislativa, donde defendió el PEH y descartó sobreprecio en la adquisición de terrenos durante el período.

En esta oportunidad, la contralora ahondó en los detalles del informe N° 421 elaborado por el ente fiscalizador y en las “debilidades” detectadas en el mismo.

Debilidades de control interno

En primer lugar, Pérez señaló que “se observaron debilidades de control interno, por ejemplo, lo relativo al registro de la información de suelo, referente a la ejecución de este Plan de Emergencia Habitacional”.

En concreto, explicó que el Minvu utilizaba una plantilla Excel para seguir el control de avance de cumplimiento de las metas del PEH. Esto, “a pesar de que la entidad cuenta con el Sistema Integrado de Bienes Inmuebles Serviu, que se llama SIBIS, y que sirve para dichas finalidades”.

Según señaló la contralora, el hecho de que la información esté en Excel “dificulta identificar los terrenos y seguir su trazabilidad”.

Con ello, se detectó que “la información en el sistema tenía algunas inconsistencias respecto de su estado de tramitación y origen, y en otros casos también faltaba la información contable respecto de estas adquisiciones”.

Esto -indicó- presenta “un riesgo significativo”, puesto que las planillas en Excel “no dan ninguna confiabilidad. Son simplemente un elemento de apoyo adicional”.

Ausencia de un rango de precios para los terrenos

Por otra parte, “se observó falta de segregación de funciones en el proceso de tasación y adquisición de los terrenos, y la ausencia de un rango de precios para la adquisición de los terrenos”.

Sobre el primer punto, la contralora detalló que se detectó que “en algunos casos, la entidad que adquiere el terreno, por ejemplo, el Serviu de la región respectiva, es la misma que lo valoriza mediante un informe de tasación”.

En las observaciones se indica que “esto puede implicar un riesgo significativo de que hubieran errores en los procesos de tasación”.

“No se tuvo vigente una norma que obligara a tener varias tasaciones (...) esto genera, además, el riesgo significativo de que pudieran haber conflictos de intereses”, indicó.

Sumado a ello, señaló que la ausencia de un parámetro que fije obligatoriamente un valor máximo para estas adquisiciones, representaría “un riesgo significativo de adquirir terrenos a valores que, sumados a los demás costos, dificulten o impidan concretar los objetivos previstos en el Plan de Emergencia Habitacional”.

Inconsistencias en adquisición de terrenos

Respecto al uso de terreno, se detectó que “algunos llevaban mucho tiempo sin ser destinados a la finalidad de este Plan de Emergencia Habitacional”.

Además, la contralora explicó que se observaron “adquisiciones en regiones que, según el plan no requerían haber adquirido terrenos, como en Arica y Parinacota, en Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Los Lagos, Aysén y Magallanes”.

“Y en cambio, en otras regiones como Antofagasta, O’Higgins, Maule, Biodío y Metropolitana, a la fecha de corta auditoría, no habían alcanzado la superficie de suelo que requería este PEH”, indicó.

Para todas estas inconsistencias y las otras detectadas en la fiscalización del Plan de Emergencia Habitacional, la Contraloría instruyó medidas, las que fueron informadas a los organismos correspondientes.