El exministro de Vivienda de Gabriel Boric, Carlos Montes, defendió este martes en la Comisión de Vivienda del Senado el funcionamiento de su cartera tras la auditoría de Contraloría respecto a la adquisición de suelos para el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional entre 2022 y 2026.

Previo a su exposición en la sala, Montes descartó sobreprecio en la adquisición de terrenos durante el período. “No hay hallazgo en el informe ni hay ninguna afirmación en el informe en esa dirección. Mi objetivo fundamental hoy día es aprovechar esta oportunidad de explicar este informe”, detalló.

Según señaló durante la instancia el exsecretario de Estado, es importante reconocer las diferencias en condiciones de cada suelo, lo que también explica en parte las diferencias en precios.

“Las 6 UF/m² era el parámetro con que el Plan de Emergencia Habitacional calculó su presupuesto global, no un límite jurídico por predio. Es evidente que terrenos bien ubicados superan ese monto. La observación es básicamente preventiva. Ausencia de rango formal incrementa un riesgo presupuestario. Claro, no se identifican sobreprecios acreditados ni perjuicio fiscal, no se plantean así”, detalló al respecto.

En ese sentido, Montes enfatizó que las adquisiciones fueron realizadas con tasaciones del Serviu vigentes, con una duración concreta de seis meses. En casos que la tasación superara el 10%, se solicitaron tasaciones complementarias

Más adelante, sobre el tema de los precios, explicó: “Los precios de referencia no son suficientes para la diversidad de mercados, no reflejan fielmente los costos adicionales que tiene para el Estado que tiene la expansión de la ciudad”.

Por otro lado, Montes señaló que “la Contraloría no calificó los hechos como constitutivos de ilícito, ni estimó procedente ni encontró hallazgos que estimaran procedente remitir antecedentes al Ministerio Público, al Consejo General del Estado”.

Sin embargo, si detalló que el informe detalló una “insuficiencia en procedimientos de control”.

“La Contraloría constató insuficiencias procedimentales, no delitos, no sobreprecio, no actos de corrupción. La observación apunta a prevenir riesgos futuros y corregir procedimientos. Muchas medidas ya están siendo implementadas. Todos los terrenos adquiridos encuentran justificación en la necesidad de mantener la continuidad del proceso”, explicó.

“Quiero decirles que yo actué como ministro en plena sujeción a la Constitución y a la legislación vigente, en un período que estábamos con una nueva ley y era un proceso de poner en marcha, de implementar, que tiene todas las complejidades de lo que es la acción pública”, concluyó Montes.