En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago continuó este martes la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

En la ocasión, también fueron formalizados por fraude al exasesor parlamentario Arnaldo Emiliano Domínguez Vallejos, el informático Felipe Andrés Vázquez Diéguez y el empresario Juan Alberto Silva Morales, dueño de la imprenta MMG, dedicada a la elaboración de material gráfico de campañas.

Desde el Ministerio Público solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado, mientras que el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los demás imputados para el empresario Juan Silva, esto a raíz de un acuerdo previo con el Ministerio Público.

Según detallaron desde Fiscalía, la distinción en las cautelares solicitadas para Silva respecto al resto de imputados -para quienes se solicita prisión preventiva- responde a que este ha colaborado activamente con la investigación.

“Ha prestado declaración fiscal en cuatro oportunidades, magistrado, y acá esto es sumamente relevante ya que ha reconocido los hechos por los cuales se le ha formalizado y ha entregado también antecedentes que permiten corroborar y por lo menos ayudar al Ministerio Público al esclarecimiento de los hechos”, sostuvo el fiscal Cristóbal Salazar.

Respecto a la solicitud de prisión preventiva para Joaquín Lavín, la fiscal Constanza Encina señaló que “los antecedentes han permitido entonces establecer que al menos desde el año 2015 al año 2022, el imputado Lavín rindió facturas ideológicamente falsas como gastos parlamentarios”.

Agregó que “tanto a través de imprenta MMG y Total Print, ambas en las cuales participa el señor Juan Silva, emitían facturas ideológicamente falsas al diputado para pagar gastos, una especie de bolsón que iban creando con deudas antiguas, deudas antiguas que eran de servicios personales del diputado Lavín y de campañas políticas no solo suyas, sino que también de otros candidatos de la UDI”.

En la ocasión la fiscal Encina además sostuvo que “más relevante aún resulta que no existen conversaciones, y esto es una especie de prueba negativa, pero no existen conversaciones de servicios reales que se estén prestando entre ambos, a diferencia de todos los años anteriores en que conversaban prácticamente diariamente”.