Hasta la Contraloría recurrieron diputados y representantes de la oposición luego de que en redes sociales circulara una fotografía de las pantallas de una sucursal de Fonasa, en la que se puede apreciar a la exministra del Interior, y ahora candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, hablando del nuevo Ministerio de Seguridad.

“El gobierno de Boric en Fonasa está haciendo una intervención electoral descarada a favor de Carolina Tohá“, decía la publicación de un internauta en X, la que fue considerada por los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Felipe Donoso, Marta Bravo, Daniel Lilayu y Marlene Pérez para recurrir ante la institución fiscalizadora encabezada por Dorothy Pérez. Acción a la que también se sumó la Fundación Fuerza Ciudadana, representada por el militante republicano Raimundo Palamara, además de la diputada Sofía Cid (Rep).

Ahora, en ambas presentaciones la institución fiscalizadora le dio 10 días de plazo a la Subsecretaría de Salud para que explique las razones por las que la abanderada del oficialismo aparecía en las pantallas informativas de Fonasa, hablando específicamente sobre el “Sistema Nacional de Protección Ciudadana”, que corresponde a una de las instituciones que crea el nuevo Ministerio de Seguridad para crear un fono único de emergencia, algo así como un 911.

El plazo para Salud

La presentación de los diputados de la UDI apuntaba a la prescindencia y los reglamentos establecidos por Contraloría para evitar el intervencionismo electoral.

“Es preocupante que se difunda este tipo de contenido, considerando el contexto electoral actual y el rol que la exministra cumple ahora como candidata. El uso de esta plataforma para hacer propaganda o proselitismo político constituiría una eventual vulneración al principio de prescindencia política”, señala el requerimiento de los diputados de oposición.

Dicha acción administrativa ya está en análisis de la Contraloría, la que inició la indagatoria solicitando al Ministerio de Salud que envíe un informe respecto a lo ocurrido con Tohá.

En ese oficio enviado a la Subsecretaría de Salud Pública, al que tuvo acceso La Tercera, el ente fiscalizador envió una copia del requerimiento de los diputados UDI y de Palamara, además de un informe para que “se sirva informar a este organismo de control, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio, respecto a lo expuesto por el recurrente”.

Junto con eso, agrega que el informe “deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional”.

Por último, el oficio de la institución encabezada por la contralora Pérez pide que se remitan todos los antecedentes “necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.

“No existe justificación”

Tras la solicitud de pronunciamiento de Contraloría a Salud, el subjefe de la bancada UDI, el diputado Felipe Donoso, afirmó que “no existe ninguna justificación válida para la difusión de imágenes o videos de la exministra Tohá en canales institucionales de gobierno, ni de ninguna otra autoridad que haya dejado su cargo para convertirse en candidata”.

En esa línea, afirmó que esperan que el organismo fiscalizador “se pronuncie a la brevedad posible sobre esta situación, así como también por la ofensiva que han protagonizado varios ministros contra Evelyn Matthei, porque no tenemos ninguna duda de que detrás de estos constantes ataques existe una operación que ha sido orquestada desde el propio gobierno”.

Sobre el mismo pronunciamiento, Raimundo Palamara afirma que lo más grave de esta situación “es que tan solo unos días previos al hecho denunciado, la Contraloría había enviado a todos los servicios públicos el instructivo para recordar las normas pertinentes sobre el cumplimiento al deber de prescindencia”.

“Espero que en esta ocasión la denunciada no acuda en su respuesta a la Contraloría, en las ya tan malgastadas excusas del desconocimiento de la ley y la buena fe al momento de actuar, y que todo se debió a un error administrativo, porque la ciudadanía ya está cansada de tener autoridades ignorantes respecto a las normas que les son aplicables. Lo mínimo es que asuman sus responsabilidades”, concluyó Palamara.