La unidad metropolitana de la Contraloría General de la República (CGR) fiscalizó el funcionamiento operativo, técnico y administrativo de la residencia Casa Nacional del Niño, dependiente de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

La residencia atiende a menores que fueron vulnerados en sus derechos. Según el informe, al 31 de diciembre de 2025 el hogar contaba con más de cien niños bajo su cuidado, de ellos 63 eran infantes de 0 a 3 años y 11 meses; otros 36 niños de entre 4 y 8 años y 11 meses; 16 menores de entre 9 y 13 años 11 meses; y un adolescente entre 14 y 17 años y 11 meses.

En ese marco, el ente fiscalizador analizó el funcionamiento de la residencia y detectó “irregularidades en sus tratamientos de salud, en los procesos de denuncias de posibles delitos, así como condiciones sanitarias deficientes”.

Detalle de las irregularidades

Respecto de la salud de los residentes, la CGR evidenció que había “inconsistencias, omisiones y falta de actualización de los antecedentes” mantenidos por la residencia y la información registrada en el Sistema Integrado de Información (SIS). En concreto, se detectaron diferencias en los datos de salud, como hospitalizaciones, atenciones de especialidad, controles médicos y otros antecedentes clínicos relevantes de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

Además, se detectó que en la Casa Nacional del Niño no se utilizan los registros institucionales obligatorios para el control de las atenciones de salud y gestión de medicamentos de los NNA.

En detalle, el organismo reveló que existen anotaciones manuales, hojas de evolución, tarjetas de tratamiento y otros registros internos no estandarizados.

También se constataron debilidades en el registro y trazabilidad de las salidas de los menores a centros de salud, ya que el libro de interconsultas no contenía información suficiente para reconstruir íntegramente cada salida y regreso de los niños.

Además, de detectaron deficiencias en la gestión clínica de la residencia, asociada al almacenamiento, segregación y conservación de medicamentos e insumos clínicos; al registro, inventario y trazabilidad del stock.

El informe también reveló que el Servicio Dietético de Leche (SEDILE) estaba fuera de funcionamiento.

“Estas situaciones evidenciaron un incumplimiento de los estándares requeridos para garantizar un acompañamiento adecuado”, comunicaron desde la Contraloría.

Demora en denuncias

El ente fiscalizador también detectó el incumplimiento de los plazos establecidos para denunciar, comunicar y registrar en el Sistema Integrado de Información hechos que eventualmente podrían constituir delitos y que involucraban NNA bajo la protección de esta residencia.

En detalle, la CGR “detectó múltiples casos” de retrasos en actuaciones que debían realizarse dentro de los plazos fijados por el Código Procesal Penal.

Deficientes condiciones sanitarias

La fiscalización reveló deficiencias en las condiciones sanitarias de la residencia. En detalle, se verificó la presencia de insectos; mallas mosqueteras dañadas y sucias; falta de mantención de la campana de cocina; sifones de lavaplatos sucios y sin adecuada mantención; ausencia de ventilación suficiente en las cámaras de frío, entre otras.

También se encontraron productos dispuestos directamente sobre el piso, exceso de acopio y ocupación de espacios de tránsito con productos.

Falencias en la seguridad

La Contraloría también detectó falencias en el control preventivo de las condiciones de seguridad y deficiencias en el equipamiento de la residencia.

En detalle, se constataron puertas con desperfecto operacional, piscina desmontable instalada en un patio contiguo a una zona de juegos infantiles, avisos manuales adosados a puertas de acceso, deficiencias en el resguardo de equipamiento de emergencia, acumulación de elementos en desuso.

También se encontró apilamiento de documentación y cajas con información histórica de NNA en sectores no habilitados para ello, además de cielos, bordes o estructuras interiores con signos visibles de humedad, deterioro y oxidación.

La Contraloría dio un plazo de 15 días hábiles a la Dirección Nacional del Servicio de Protección para informar sobre el inicio de un sumario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos expuestos.