El ministro de Defensa, Fernando Barros, planteó que “es factible” una salida de Chile del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su propuesta, en todo caso, fue posteriormente desestimada por el biministro Claudio Alvarado.

Se trata de un convenio internacional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y fija responsabilidades para los gobiernos respecto a su protección.

El tratado fue adoptado por la OIT el 27 de junio de 1989 y entró en vigencia en Chile desde el 15 de septiembre de 2009, tras ser aprobado por el Poder Legislativo.

Establece, entre otras cosas, una consulta obligatoria a los pueblos originarios respecto a medidas que les afecten en materias legislativas o administrativas, que les puedan afectar directamente. Esto, con procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas.

De acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), el convenio aplica a pueblos tribales e indígenas en países independientes, con condiciones culturales, sociales y económicas distintas respecto a otros sectores de la colectividad nacional, “y que estén regidos, total o parcialmente, por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. Es el caso de los pueblos originarios de Chile”.

Así, esta determinación corresponde a quienes “descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales”.

Con la participación de los pueblos indígenas, los gobiernos, por su parte, deben asumir la responsabilidad de desarrollar acciones que protejan los derechos de estos pueblos, además de garantizar el respeto a su integridad.

Esto incluye medidas que aseguren un goce “de manera igualitaria de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a todas las personas; promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”, según desarrolló la BCN.

El convenio contempla la ayuda a los miembros de los pueblos para eliminar diferencias socioeconómicas que pueda haber entre ellos y los demás integrantes de la comunidad nacional, de manera compatible con su forma de vida.

Para aplicar las disposiciones del mismo, entonces, los estados deben reconocer y proteger los valores y prácticas propias de los pueblos.

En conversación con el Diario Financiero, el titular de Defensa apuntó a una salida de Chile del Convenio, ya que, según él, actualmente representa un “caldo de cultivo” para os conflictos internos del país.

De todas formas, la idea de Barros fue descartada por Claudio Alvarado, ministro del Interior y vocero del Gobierno. En conversación con Canal 13, el biministro afirmó que se trata de un tratado “que está vigente y que el gobierno de Chile respeta íntegramente”.