Pocos minutos después del mediodía llegó hasta el frontis de la Fiscalía Regional de Coquimbo el vehículo gris que transportaba a la exsenadora Isabel Allende, quien estaba citada a declarar a las 12.30 horas ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción en la fallida venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

Se trató del primer cara a cara entre el fiscal y la removida senadora, quien arribó hasta el edificio ubicado en calle Eduardo de la Barra 305, en La Serena, acompañada de su abogada Paula Vial. Allende había aterrizado en la ciudad del norte chico minutos antes en un vuelo proveniente de la capital.

“No voy a hacer declaraciones, muchas gracias. Muy amable, permiso”, señaló escuetamente la exautoridad ante las preguntas de la prensa apostada en el exterior de la Fiscalía.

La comparecencia de la hija del expresidente –y una de las cuatro propietarias del inmueble de Guardia Vieja– se dio después de que hace cuatro meses hiciera uso de su derecho como imputada a guardar silencio.

La diligencia de este viernes fue realizada por el fiscal Ricardo Soto, en una indagatoria que está a cargo de Cooper. Luego de dos horas la exautoridad dejó la Fiscalía, mientras que su defensa informó que en esta oportunidad se “realizó un repaso a su delegación de poderes, al seguimiento de indicaciones gubernamentales para convertir la casa del expresidente Salvador Allende en un museo público”.

Los requerimientos del querellante

Uno de los querellantes en esta causa es el excandidato a constituyente del Partido Republicano Raimundo Palamara. El abogado, quien además es presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, ha presentado una acción judicial por diversos delitos, entre los que se encuentra el fraude al Fisco.

Sobre qué espera de esta diligencia clave, el abogado querellante afirma que tiene “las más altas expectativas; de hecho, por ello mantengo la querella y he sido un agente activo para el éxito de esta, proponiendo diligencias y aportando pruebas para lograr acreditar que aquí se obró con dolo y un ánimo evidente de lucro”.

Por lo mismo, Palamara afirma que requirió al fiscal Cooper que le consulte a la exsenadora –explica a La Tercera– sobre qué suscripción legal tuvo la exsenadora con su abogado, qué tipo de negociación tuvo con él y qué mandato tenía este en el proceso de venta de la casa de Salvador Allende.

El militante republicano concluye que Allende debió responder sobre cuáles son las intenciones con la vivienda y si buscan algún otro proyecto para esta.

En ese sentido, al igual que Palamara, quienes conocen de la causa se plantean: ¿qué preguntas debió responder la exsenadora?

¿Hubo tráfico de influencias?

Uno de los principales delitos que investiga el Ministerio Público en esta causa es el de tráfico de influencias. Por lo mismo, conocedores de este tipo de causas platean que la Fiscalía debe acreditar si efectivamente las autoridades usaron sus cargos para llegar a esta venta, así como también si ejercieron presiones y si es que, además, funcionarios públicos realizaron acciones en favor de aquello.

En ese sentido, conocedores del caso apuntan a que lo primero que debió responder la senadora es cómo inició la venta de la casa. A lo que se agrega que se debería esclarecer si fue el gobierno el que se acercó a la familia Allende o bien fue un ofrecimiento de parte de esta. Algo que fue parte de lo que ya respondió en esta causa la exministra de Defensa Maya Fernández ante Cooper.

Además, la exparlamentaria también –afirman expertos– tendría que haber respondido con quién conversó sobre esto. ¿Habló con el Presidente Boric sobre la venta? Esto último, más aún cuando algunos testimonios en la causa han planteado que este era un proyecto del propio Mandatario, a lo que se suman también interrogantes sobre la fijación del precio del inmueble de Guardia Vieja y el rol que pudo haber tenido la propia propietaria en esta estimación.

El punto clave: las presiones

Uno de los principales puntos en la imputación de un delito como el tráfico de influencias es determinar cómo habrían ocurrido las presiones indebidas y cómo estas terminaron ejecutándose, explican abogados de la plaza.

De hecho, eso mismo es otra de las preguntas que ya respondió la exministra de Defensa en su declaración, descartando haber influido en la compra por parte del gobierno mientras ella fue ministra y a la vez propietaria del inmueble.

Por lo mismo, en el interrogatorio a Allende el fiscal Cooper también tendría que haber abordado interrogantes como cuál fue su rol en el proceso de venta, así como también de si tuvo conocimiento de cómo avanzaban las negociaciones. Pero, sin duda –afirman fuentes del caso–, si hay algo que la exsenadora debe exponer ante el Ministerio Público es sobre si realizó alguna gestión para acelerar la venta, ¿se comunicó con alguien del Ejecutivo?

Lo anterior, más aún considerando que la Fiscalía ya tiene como antecedente la escucha telefónica al exjefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi, quien afirmó en una llamada con su madre que “O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del Ministerio. Weveando, weveando, weveando, que se haga, que se haga, que se haga así (…) Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”. Algo que fue rápidamente descartado por Allende tras la publicación de La Tercera que dio a conocer la conversación de Crispi.

La exsenadora también tendría que resolver ante el persecutor –señalan los expertos– qué rol tenía su yerno y abogado Felipe Vio en la venta, de qué manera este le informaba lo que ocurría, y si solicitó algo en particular al abogado.

La inhabilidad

Otro de los puntos fundamentales en esa causa, más aún tras la remoción por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la senadora, es sobre el conocimiento que ella tenía sobre la inhabilidad de hacer un negocio con el Estado siendo parlamentaria.

En ese sentido, fuentes de este medio apuntan que Allende debió abordar si sabía que no podía vender una vivienda de su propiedad a un ministerio de gobierno. A lo que se suma también la interrogante: ¿nadie le advirtió de esto en el proceso?