Durante la mañana de este miércoles, una carroza fúnebre Maserati blanca comenzó a trasladar el cuerpo de Carlos Humberto Acevedo Ramírez, alias “el Guatón Mutema”, desde la Villa Pucará en Quilicura hasta el Cementerio Parque Santiago, en Ciudad Empresarial.

Con ello se cerraban casi 48 horas marcadas por un velorio, vigilancia policial y un clima de tensión que mantuvo prácticamente detenidas a ambas comunas.

La atención estaba puesta en el peligro inminente que podría representar la ceremonia, que fue catalogada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, como un funeral de “riesgo extremo”. Aquello obligó a desplegar un operativo policial sin precedentes.

Desde el martes anterior, las comunas estaban en alerta. Carabineros hizo un despliegue de tres días, y a eso de las 9:00 Am de este miércoles ya estaba en marcha el dispositivo, que incluyó a personal territorial de la comuna, radiopatrullas, efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y unidades del Control de Orden Público (COP).

Una de las imagenes de más impacto fue a eso de las 9:12, el tránsito en Américo Vespucio Norte totalmente interrumpido, provocando una masiva congestión vehicular para permitir el paso del cortejo.

La ostentosa caravana era encabezada por un servicio funerario avaluado en cerca de $2.090.000 y una urna de madera de raulí que llevaba tallado el escudo del Club Universidad de Chile. Mientras era escoltada por buses con banderas del mismo club —equipo del cual Acevedo era reconocido hincha—, en las calles cercanas a su domicilio aparecieron mensajes pintados con spray blanco que decían: “Vuela alto, Guatón Mutema – Sindicato del Crimen”.

De hecho, hubo un momento en que la familia del fallecido había solicitado que el cortejo hiciera una detención “simbólica” frente al Centro de Salud Familiar (CECOF) donde Acevedo fue asesinado. Sin embargo, Carabineros no lo permitió. El cuerpo salió directamente hacia la autopista, en una decisión tomada para evitar mayores riesgos. Y según los datos, al menos 60 personas participaron del narcofuneral.

Durante el operativo, Carabineros confirmó al menos dos personas detenidas por mantener órdenes judiciales vigentes. “Son familiares cercanos, no directos, del fallecido”, explicó el mayor Salvador Caro, jefe de la 49ª Comisaría de Quilicura. Al momento del procedimiento, la Fiscalía estaba revisando sus antecedentes para determinar los delitos asociados y su situación legal. Mientras que, desde la Municipalidad de Quilicura no quisieron referirse al narcofuneral.

Vecinos del cementerio en alerta

Mientras tanto, su llegada al Cementerio Parque Santiago era esperada con mucha preocupación y miedo. Vecinos de edificios cercanos a la entrada del camposanto comentaron a través de Whatsapp que desde el día anterior ya circulaban advertencias sobre el funeral y se recomendaba tomar resguardos.

Algunos condominios activaron sus protocolos internos: pidieron a los residentes no circular por las afueras durante la mañana, trasladar los vehículos desde estacionamientos superficiales a subterráneos, y mantenerse atentos a través de botones de pánico o canales internos de emergencia.

Desde las 9:30 de la mañana, las calles cercanas al cementerio fueron cerradas por Carabineros, que ya había llegado al sector con varias horas de anticipación.

El cortejo fue detenido a la altura del sector de venta de flores, aproximadamente a un kilómetro del cementerio, y a los asistentes se les obligó a continuar a pie. Mientras que, en el acceso principal, efectivos del GOPE y del Control de Orden Público realizaron controles individuales a cada persona.

Ante el temor de enfrentamientos, las autoridades decidieron suspender las clases en varios establecimientos educacionales de Quilicura. También strip centers, comercios y canchas de pádel cercanas al Cementerio Parque Santiago permanecieron cerrados durante la mañana.

La nueva ley contra los narcofunerales

En 60 días comenzará a regir una nueva ley que busca limitar los llamados narcofunerales, eventos funerarios organizados para despedir a miembros de bandas criminales y que suelen estar marcados por desórdenes, caravanas, fuegos artificiales y uso de armas. La normativa fue promulgada por el Gobierno en diciembre de 2024 y reglamentada en marzo de este año.

Su objetivo es prevenir el impacto territorial y el clima de temor que estos funerales generan en barrios vulnerables, donde suelen paralizar la vida comunitaria por horas o incluso días. La ley los define como “funerales de riesgo”, es decir, aquellos que por sus características representan una amenaza para la seguridad y el orden público.

Uno de los principales cambios es el límite de tiempo: si un funeral es calificado como “de riesgo”, el proceso completo —desde la inscripción de la defunción hasta la sepultura o cremación— deberá realizarse en un plazo máximo de 24 horas. La idea es evitar que estos actos se prolonguen por días, como ha ocurrido en múltiples ocasiones.

La autoridad responsable de calificar un funeral como “de riesgo” será el delegado o delegada presidencial regional, basándose en informes técnicos elaborados por Carabineros de Chile. También podrá solicitar antecedentes a la PDI y Gendarmería, quienes deberán considerar factores como los antecedentes penales del fallecido, su presunta relación con bandas criminales, o la posibilidad de que asistan grupos rivales armados.

Además, Carabineros tendrá nuevas atribuciones, como definir el trayecto del féretro, controlar el acceso de asistentes, y prohibir la participación de personas bajo los efectos del alcohol o las drogas. A esto se suman instrucciones especiales al Registro Civil y al Servicio Médico Legal, que deberán priorizar los trámites asociados a estos funerales para agilizar el proceso.

Por último, la ley incluye sanciones más duras en caso de incumplimiento. Si la familia o cercanos del fallecido no cumplen los plazos o las condiciones impuestas, el Estado podrá intervenir directamente y hacerse cargo de la sepultura. También se establecen penas agravadas si durante el funeral se cometen delitos como desórdenes públicos, porte de armas, saqueos o uso de fuegos artificiales, los cuales serán sancionados con el máximo de las penas disponibles en el Código Penal.