Un verdadero terremoto energético provocó el reciente Informe Técnico Preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE), divulgado este martes. El documento, que corresponde a la fijación de precios para el primer semestre de 2026, reconoció un error metodológico en los cálculos de las tarifas eléctricas, lo que derivó en cobros indebidos a los usuarios regulados durante los últimos procesos tarifarios.

Según la propia CNE, la falla se originó por la aplicación simultánea de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables, lo que significó trasladar el efecto inflacionario dos veces a las cuentas de la luz. En otras palabras, el mecanismo utilizado desde 2017 sobreestimó los valores que debían pagarse, elevando artificialmente las tarifas.

La polémica generó un efecto dominó de reacciones, desde los candidatos presidenciales hasta el anuncio de una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, quien explicó que “este es un cambio metodológico que está proponiendo la CNE respecto de algo que se venía haciendo desde 2017. Permitirá una rebaja del orden del 2% promedio nacional a partir de enero próximo”. Sin embargo, aclaró que el documento es preliminar y está sujeto a observaciones de las empresas.

Pero ¿qué fue lo que falló y a quién afecta principalmente? El académico de la Universidad de Santiago y director del Centro de Energías Sostenibles (C-SES USACH), Héctor Chávez, explica que el problema se arrastra desde el decreto tarifario de 2021, donde se definió cómo actualizar la deuda acumulada entre los usuarios y las empresas generadoras tras el congelamiento de tarifas aplicado desde 2019.

“Desde el punto de vista metodológico, sí hubo un error, porque el decreto estableció cómo se iba a actualizar el valor de la deuda adquirida durante el congelamiento. Ese dinero debía reajustarse según el IPC del período, pero el cálculo consideró una doble actualización”, detalla.

Pero en cuanto a las zonas de afectación, el académico agrega que el impacto no ha sido uniforme. “Se habla de una afectación más importante en la zona norte, particularmente en Coquimbo y La Serena, con alzas del orden del 6% al 7% en el componente energía, mientras que en la zona central el efecto no supera el 1%”.

Según Chávez, la diferencia se explica porque los cálculos tarifarios se hacen considerando distintas concesiones de distribuidoras y estructuras de costos regionales. “El efecto varía dependiendo de dónde uno vive”, resume.

Sur también resentido

Otra lectura da Cristóbal Sarmiento, director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable (CEDS) de la Universidad Diego Portales, quien apunta que, al analizar el impacto promedio por usuario, las regiones más afectadas se concentran en el sur.

“El problema afecta al segmento regulado, es decir, a los hogares y pequeños comercios. Aunque el impacto abarca a todo el país, al corregir las cifras según el número de clientes por empresa, se observa que las regiones Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes registraron los ajustes más altos por cliente”, indica.

Eso sí, Sarmiento enfatiza que el informe de la CNE no permite identificar comunas específicas, ya que los datos se presentan agrupados por distribuidora. “Podría estimarse que las zonas más afectadas están en el sur, pero no es una afirmación cerrada hasta contar con la información completa”, advierte.

Respecto de las medidas correctivas, el académico detalla que la CNE implementó un proceso de corrección gradual. Los ajustes serán pagados o descontados entre distribuidoras y generadoras en un plazo de seis meses desde la publicación del nuevo decreto tarifario.

“Si una empresa cobró de más, deberá devolver el monto en seis cuotas mensuales; y si corresponde un cargo, se descontará en una sola facturación”, explica.

El director de la Fundación Energía para Todos y académico de la Universidad de Concepción, Javier Piedra, coincide en que las variaciones no son homogéneas y dependen de la estructura tarifaria de cada zona.

“El cobro extra fue parejo en el sentido de que afectó a todas las comunas, pero la variación porcentual no es igual. La tarifa eléctrica en Chile se compone de tres grandes componentes: generación, transmisión y distribución, y cada una varía según la empresa concesionaria”, señala.

Según sus cálculos, las mayores variaciones se dieron en La Serena, Copiapó y Temuco, mientras que las menores se registraron en Iquique, Arica y Santiago, con fluctuaciones a la baja de entre un 0,2% y un 0,7%.

Asimismo, en cuanto a su análisis con los datos preliminares, el ajuste tarifario implicará una reducción en las cuentas de electricidad de entre $ 86 y $ 4.537 para un consumo promedio de 200 kWh mensuales, dependiendo de la región. Las mayores disminuciones se registrarán en La Serena ($ 4.537), Valparaíso ($ 2.439) y Coyhaique ($ 1.875), mientras que las bajas más leves se observan en Puerto Montt ($ 86), Antofagasta ($ 615) y Santiago ($ 305).

Como sea, la controversia escaló rápidamente al Congreso y desde el gobierno el llamado ha sido a esperar el proceso administrativo, mientras el Ministerio de Energía recalca que el error ya fue identificado y corregido.

De cumplirse el cronograma, las cuentas eléctricas deberían reflejar una baja promedio del 2% a partir de enero de 2026, aunque las cifras finales dependerán de las observaciones que surjan durante la revisión del informe definitivo.