En medio de los cuestionamientos que enfrenta el Ministerio Público a raíz de diligencias intrusivas en torno al caso ProCultura -principalmente por la interceptación “ilegal” del teléfono de Josefina Huneeus-, el fiscal nacional, Ángel Valencia, convocó a los fiscales regionales de Antofagasta y Coquimbo, Juan Castro Bekios y Patricio Cooper Monti, respectivamente.

La cita tuvo lugar la tarde de este martes en dependencias de la Fiscalía Nacional, en Catedral 1437, y se produjo a cuatro días de que la causa -una de las principales aristas del denominado caso Convenios- fuera reasignada al titular de Antofagasta.

Por lo mismo, la instancia se perfiló como un espacio de coordinación entre los persecutores y como un hito para materializar el traspaso de los antecedentes. Según conocedores del encuentro, este comenzó pasadas las 16 horas y se extendió hasta las 17.15.

Al término, se produjeron las primeras definiciones, pues Castro Bekios confirmó que apelarán ante la Corte Suprema para revertir el lapidario fallo del tribunal de alzada nortino.

“Hemos tomado la decisión, como Fiscalía Regional de Antofagasta, de recurrir respecto de la misma (resolución) ante la excelentísima Corte Suprema de Chile”, manifestó Castro Bekios.

Coordinaciones

A pesar de los reproches esbozados por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió el amparo de Huneeus, ordenó la eliminación de las escuchas y lanzó duras críticas contra los investigadores, todos los antecedentes que se han reunido en los casi dos años de investigación pasaron formalmente a manos de Castro Bekios.

De acuerdo con antecedentes que este medio tuvo a la vista, se trata de miles de documentos que se dividen en distintas aristas correspondientes a las regiones donde ProCultura selló los convenios que hoy están bajo la lupa y que, en suma, alcanzan los $ 6 mil millones en transferencias.

Contienen, por ejemplo, decenas de declaraciones de funcionarios públicos y de la mencionada ONG, transcripciones de las escuchas realizadas a los 80 imputados “pinchados”, registros de cuentas bancarias y distintos informes elaborados por la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI).

En ese sentido, indicaron quienes conocieron del tenor del encuentro, Cooper, Castro y también el jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, se delinearon, en términos generales, los pasos a seguir.

Lo anterior, principalmente, porque el equipo que estuvo hasta el viernes a la cabeza de la indagatoria y que lideraba Cooper, de acuerdo con fuentes conocedoras de las pesquisas, se aprestaba para solicitar audiencia de formalización.

Al respecto, Castro Bekios indicó: “En esta oportunidad nos reunimos tanto los equipos de la Fiscalía Regional de Antofagasta, de la Fiscalía Regional de Coquimbo, liderada por el fiscal Patricio Cooper, y los equipos de las unidades asesoras de la Fiscalía Nacional. Esto, evidentemente, con el objeto de que tratándose de una investigación de alta complejidad se puedan hacer los traspasos de la información de los antecedentes de investigación y de la evidencia de la forma más correcta y expedita posible“.

Proteger la causa

Juan Castro Bekios asumió como fiscal regional de Antofagasta en octubre de 2023 y ya ha tenido a su cargo varias de las aristas del denominado caso Convenios o Líos de Plata, entre ellas, la referente a la fundación Democracia Viva, entidad ligada a Revolución Democrática.

Pero ahora, con la causa sobre ProCultura avanzada, tenía como una de sus primeras “tareas” definir si apelaban o no a lo resuelto por la Corte. Y es que si bien inicialmente se había deslizado que era complejo que el Ministerio Público pudiese recurrir, determinaron avanzar en esa línea.

Y en las evaluaciones, ciertamente pesó lo indicado por el fiscal nacional Ángel Valencia, quien en entrevista con T13 aseguró: “El fallo más que contundente, contiene afirmaciones graves. Hay afirmaciones de hecho y opiniones jurídicas, y hay algunas opiniones que van más allá de lo jurídico, y algunas que me parecen que son injustas”.

De hecho, quienes conocieron sobre la ponderación de los antecedentes indicaron que no recurrir implicaba dejar que el Ministerio Público se dejara ”pasar a llevar” con argumentos que iban más allá de lo jurídico.

Lo que más interesa acá es proteger la causa”, dijo una fuente vinculada al tema. Por lo mismo, el encuentro de esta tarde también sirvió para entregar una suerte de señal de que habrá continuidad en lo ya trazado, las decisiones adoptadas y que también respaldará el actuar de la Policía de investigaciones.

Y es que además de los fiscales, también asistieron el jefe nacional de Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Mauricio Jorquera; el jefe nacional de Delitos Económicos, prefecto inspector Marcelo Romero; el jefe de la Brigada Anticorrupción, subprefecto José Henríquez; y el comisario Edson Figueroa, oficial a cargo del caso.