"La institucionalidad que sea aprobada para el Ministerio Público en el proceso constituyente no puede responder a criterios ideológicos circunstanciales o criterios de ninguna naturaleza que no sean aquellos que provengan de las más absoluta objetividad e imparcialidad”, advirtió el fiscal nacional.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, dictó una resolución que agrupa las investigaciones por eventuales delitos de lesa humanidad que hasta ahora estaba radicada en la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. La máxima autoridad del Ministerio Público ordenó que todo sea indagado por el fiscal regional de la zona Centro Norte, Xavier Armendáriz, y su equipo. El principal motivo, dice, es que la mayor cantidad de causas de violaciones a los DD.HH. ocurrieron en el centro de Santiago, por lo que también permitirá que los fiscales porteños se ocupen de otras causas más importantes que hay en su zona.

Marcela Ríos sostuvo sendas reuniones con los jefes del Ministerio Público y la Contraloría para avanzar en temas que mantienen en común con la cartera que dirigirá apenas asuma el presidente electo, Gabriel Boric. "Se trata de una ronda de conversaciones de trabajo para ocupar intensamente el tiempo antes de asumir el cargo", explicó la autoridad del gobierno entrante.

Según el fiscal nacional, desde el Ministerio Público han detectado "algunos antecedentes que dicen relación con la presencia de ciertos carteles" en le país, por lo que “es directamente posible colegir que están actuando en Chile". No obstante, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, descartó aquella idea y aseguró que se trata de "una relación comercial de compra y venta de bandas nacionales que le compran droga a carteles internacionales,".

El fiscal Eugenio Campos sostuvo que el fallo también comete un error cuando “olvida” otra de las funciones constitucionales más importantes del Ministerio Público, como es la protección de víctimas y testigos. Por lo mismo, pidió que se declare nulo el juicio oral y la sentencia que exculpó al fiscal regional de O'Higgins y "enemigo público" del fiscal nacional, Jorge Abbott.

La Defensoría Penal Pública remitió al Senado una minuta advirtiendo una serie de interrogantes sobre la aplicabilidad de algunos artículos del proyecto que busca amnistiar a quienes fueron imputados en medio de protestas tras el 18-O. ¿Una manifestación social de 1 o 2 personas en una esquina, con cacerolas y dañando una señalética califica? ¿La protesta o manifestación puede haber acontecido en cualquier tiempo, cualquier día y a cualquier hora del período? ¿Califican las manifestaciones acontecidas durante 2020, en horario de toque de queda? Además, apuntan a que hay situaciones en que el imputado "tenga o no tenga fundamentos" podría pedir su libertad.

Abbott descartó la remoción de ambos y tres cargos para decretar la suspensión de los funcionarios -la que ya se cumplió por el tiempo que duró la investigación-: incumplir la cuarentena sanitaria en la Región Metropolitana, permaneciendo más de una hora en el local de comida; utilizar un permiso único colectivo para ir a un lugar con otros fines, vulnerando el Reglamento de Personal para Fiscales del Ministerio Público, y haber ingresado al local sin la “revisión de temperatura establecida como una medida preventiva”, infringiendo otras reglas de la Constitución y el estatuto interno del ente persecutor.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, envió un oficio al general director de la policía uniformada informándole las adaptaciones de protocolos por parte del Ministerio Público. Desde ahora, solo se arrestará a personas que presenten un riesgo a la salud pública, estén en fiestas clandestinas o en aglomeraciones de personas. El resto será sometido a control y su caso será derivado a la Seremi de Salud para la apertura de sumarios sanitarios.

El miércoles comenzará a sesionar una instancia organizada por el Ministerio Público, donde participarán Carabineros, la PDI, la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Servicio de Aduanas. El ente persecutor detectó un preocupante aumento de homicidios, se están cometiendo casi dos asesinatos diarios en Chile, y que en el 62% de las armas usadas por el crimen organizado tienen origen ilegal, entre propias bandas que las comercializan, lo que ha quedado al descubierto en los últimos casos de muertes violentas que se han registrado y que han generado gran impacto, como los disparos a niños en medio de encerronas.

Un total de 437.703 trabajadores dependientes fueron detectados por el SII. De ellos, 400.603 son del sector privado y 37.100 funcionarios del Estado, precisó un comunicado de la entidad fiscalizadora. Los recursos fiscales involucrados alcanzan a US$256 millones.

Según las cifras de la Fiscalía Nacional, entre marzo y el 12 de junio las causas penales por homicidios alcanzaron las 581. En el año pasado, en el mismo periodo, se abrieron 411 indagatorias. Esto implica un incremento del 41%. En cambio, los robos con intimidación bajaron de 16.135 a 15.313 (un -5%) y los robos con violencia de 7.173 a 5.919 ( un -17%).

El Ministerio Público comunicó a todos los persecutores del país que aquellas personas que infrinjan el confinamiento quedarán "bajo apercibimiento del art.26 del Código Procesal Penal, para requerir al imputado en un momento posterior”. En caso de reiteración del ilícito, se procederá a formalizar y solicitar como cautelar "al menos la prohibición de salir de la comuna o territorio de la cuarentena".

Según el escrito presentado por Ministerio del Interior a la Fiscalía Nacional, "el balance es que producto de desordenes, riñas, cacerolazos, interrupciones del tránsito y tomas de colegios, 147 sedes de rendición de la PSU en todo el país debieron paralizar el proceso por verse impedido de llevarlo a cabo en razón de estas acciones violentas por parte de la ACES".

Se trata de un listado de desaparecidos a nivel nacional desde el 17 de octubre en adelante, siendo la mayoría de ellos en Santiago. En el detalle están sus nombre, número de cédula y el lugar donde fueron vistos por última vez. Entre ellos, hay un joven peruano de 16 años que desapareció en Santiago centro. Otra que fue vista la última vez en las inmediaciones del Estadio Nacional.

En la conmemoración de los 20 años del Ministerio Público, el fiscal nacional abordó una serie de puntos, incluyendo el caso del persecutor Emiliano Arias, a quien le abrió un proceso de remoción. Abbott también cuestionó que "para algunos delitos ligados a temas de impuestos, de campañas políticas, colusión en mercados o delitos medioambientales, aún se depende de la voluntad de órganos administrativos, que en algunos casos tienen dependencia del poder político".