Por Shelmmy CarvajalLa pelea de los colegios del sur de Santiago contra la deserción y el narco
A pesar de que en la capital han disminuido los adolescentes que abandonan sus estudios, en Puente Alto casi la mitad de los matriculados tiene menos de un 90% de asistencia. Esa misma comuna, además de otras dos del sur de Santiago, tiene la mayor cantidad de menores de edad imputados por portonazos. La relación entre ambos fenómenos no es gratuita: según un reciente estudio, el 73% de los delitos cometidos por menores de edad ocurren en el mismo periodo en que abandonan el colegio.

La profesora Paula Flores (41) tiene grabado su primer día de clases en el Colegio Betania, en la comuna de La Granja. Aunque sucedió hace 10 años, todavía recuerda las miradas hostiles durante el recreo: se sentía observada por los estudiantes, algunos mayores de edad. Llegó a ese lugar para realizar un reemplazo. No era una escuela común, el establecimiento depende de la Fundación Hogar de Cristo y recibe a jóvenes vulnerables con dos o más años de rezago escolar.
“Me impactó, yo venía de trabajar en un colegio de niñas y ellas se acercaban a contar sus cosas. Acá yo sentía muchas miradas serias hacia mí. Después me di cuenta de que los estudiantes ponen una muralla, porque están desilusionados de la gente adulta”, dice la docente.
Flores relata que con las primeras clases fue descubriendo que en la vida de los alumnos era común encontrar embarazos adolescentes, escaso apoyo familiar, antecedentes de abusos o consumo de droga.
Además, existía el constante riesgo de que los estudiantes fueran captados por bandas criminales interesadas en jóvenes que provienen principalmente de la zona sur de Santiago: La Pintana, Puente Alto, San Bernardo, entre otras. La profesora conoce de cerca esta problemática: “La oferta que entrega el colegio es mucho menos atractiva para los estudiantes que lo que puede entregar una persona que los quiere inducir a la delincuencia. Los chiquillos están en tanta vulneración, tanto económica como emocional, que se dejan encantar y encuentran en la calle una falsa preocupación por ellos, que a veces no encuentran en la casa. Entonces se refugian en estas personas que los utilizan para delinquir”.
El temor de Flores coincide con la percepción ciudadana. Según la Encuesta CEP de 2024, entre quienes reconocen que hay bandas de narcotráfico en sus barrios, en un 42% de los casos señalan que han sido testigos del reclutamiento de niños. Esto se ve reflejado en los datos del Ministerio Público respecto de 2025: los infractores menores de edad –entre 14 y 17 años– aumentaron un 7% en comparación a 2024. Al realizar el contraste con 2021, el aumento es drástico: de 2.678 menores que participaron en delitos asociados al crimen organizado, se pasó a 4.966 en 2024. Es decir, un alza de 86,5%.
Incluso, durante el último tiempo, abundan las bandas compuestas por menores de edad, especialmente enfocadas en delitos violentos como los portonazos. De acuerdo con los datos de la Fiscalía Nacional, el 6% de los menores imputados por este delito provienen de la comuna de Puente Alto, seguido con un 5% de La Pintana. Maipú está un poco más atrás, en el tercer lugar.
Aunque no hay un seguimiento oficial sobre la escolaridad de los menores de edad que cometen delitos, una investigación de Manuel Alcaíno, asesor del Instituto de Estadísticas de la Unesco, y Raimundo Undurraga, académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, sostiene que la interrupción educativa de los niños, niñas y adolescentes (NNA) tiene estricta relación con los índices de criminalidad.
Los autores indican que existe una correlación aún poco explorada en Chile sobre la deserción escolar y la participación en delitos. Sobre esto, explican que “al analizar la muestra de estudiantes que abandonan el sistema educativo, se observa que alrededor de un 7% comete algún delito, según registros de programas del Sename, en contraste con menos de un 0,5% en la población escolar general. Es importante considerar que si se incorporaran otras fuentes, como registros policiales, esta cifra podría ser incluso mayor. Un hallazgo relevante es que el 73% de estos delitos ocurre en el mismo período o con posterioridad al abandono escolar. Esto muestra que la deserción y el delito ocurren cercanos en el tiempo”.
Flores cuenta que, aunque no son la mayoría de los casos, a veces es difícil retener a un estudiante que comienza a delinquir. “Yo no los juzgo, porque así es más fácil que se alejen del colegio. Trato de decirles que si terminan el colegio no van a estar como sus amigos que andan perseguidos, como dicen ellos, arrancando para que no los maten o los lleven presos”.
Los riesgos en la zona sur
Pese a que la tasa de interrupción escolar es la más baja desde 2010, entre 2024 y 2025 más de 40 mil niños y adolescentes salieron del sistema educativo.
El director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa, explica que aunque es un gran avance, no demuestra una reducción estructural. Por lo mismo, apunta a fortalecer las políticas públicas para el reingreso de estudiantes. Por ejemplo, destaca la importancia de aprobar el proyecto que otorga financiamiento a los establecimientos que imparten una modalidad de reingreso al sistema escolar, con flexibilidad y un currículum adaptado a los alumnos. La legislación está a la espera de ser votada en la Cámara de Diputados.
El también exministro de Educación recalca que “es una modalidad educativa especialmente diseñada para que escuelas puedan recibir a los alumnos que han abandonado el sistema y que se los pueda reintegrar. Es muy importante que ese proyecto se apruebe, porque va a permitir que la modalidad de reingreso que se diseñó precisamente para hacerse cargo de los niños que están fuera del sistema, se pueda implementar en plenitud y con el financiamiento que corresponde”.
El programa creado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera contempla una subvención de reingreso; subvención especial por vulnerabilidad; un incremento de asignación por zona y por ruralidad. Sin embargo, el gobierno anterior enfocó la vinculación de los estudiantes en el reforzamiento del Plan de Reactivación Educativa, lo que no ha sido bien recibido en el entorno educativo, quienes critican que el presupuesto asignado fue insuficiente y que se disminuyó el número de revinculadores: de 873 en 2024 bajó a 850 en 2025.
Recintos que implementan la modalidad de reingreso, como el colegio Betania, en La Granja, tienen esperanzas en su aprobación. Ahí la directora del establecimiento, Paulina Vivanco, y la profesora Paula Flores, que imparte clases de lenguaje desde 2016, han visto cómo año tras año ha ido aumentado su demanda.
La directora indica que “la escuela ha ido creciendo desde hace dos años aproximadamente. En 2024 teníamos 260 jóvenes, en 2025 eran 375 y ahora nuestra cobertura son 560, pero tenemos 480 jóvenes matriculados. Eso es bueno, porque se visibiliza el colegio como un espacio real para que los estudiantes puedan recuperar sus trayectorias educativas. Lo malo es que nosotros no tendríamos que existir. Si nosotros estamos aumentando la matrícula significa que han aumentado los niños que han interrumpido su educación formal”.

Además, la docente apunta a que hay una especial inscripción de jóvenes que provienen de las comunas de la zona sur de Santiago. Figueroa coincide en que los sectores más vulnerables son los más susceptibles a reunir una serie de factores que propician la deserción.
“Estructuralmente, la deserción se produce con más fuerza en jóvenes de mayor vulnerabilidad. Aunque en el último tiempo ha bajado en ese segmento, lo que es positivo, pero es cierto que en zonas donde hay mayor vulnerabilidad socioeconómica inciden con fuerza otros factores de riesgo para la deserción escolar. Cuando las familias le pierden valor a la educación, empiezan a encontrar en otras actividades un sustituto que les parece más valioso. Ahí, por ejemplo, el crimen organizado, el narcotráfico, lo que hace es presentarse como una manera más atractiva para jóvenes que no encuentran en la educación una proyección, y les ofrecen en el corto plazo un recurso y un cierto estatus en un entorno específico que los lleva a que abandonen definitivamente la escuela”, expresa.
Los reingresos
En el colegio Betania, la profesora Paula Flores ha visto los cambios de los jóvenes. Aunque al principio la recibieron con hostilidad, a los pocos meses ganó su confianza. Uno de los momentos en que se dio cuenta de los frutos de su trabajo fue cuando felicitó a uno de sus estudiantes.
“Era un niño al que le costaba mucho y tenía varios problemas en su casa. Nos pusimos a conversar y lo felicité por el avance que había tenido y le dije: ‘Me siento orgullosa de ti’. Cuando yo le comenté que me sentía orgullosa de él, se puso triste, y después le pregunté por qué se emocionó. Me dijo que nadie le había dicho que se sentía orgulloso de él”, recuerda Flores.
Este recinto no es el único que ha tenido éxito en reintegrar a los niños al sistema escolar. En Puente Alto, que registra un 49,2% de estudiantes que tienen menos de 90% de asistencia a clases, el municipio implementó la modalidad de escuelas de reingreso para niños de enseñanza básica. Lo que busca es que los menores no pierdan el proceso de enseñanza hasta volver a matricularlos en un recinto con régimen normal.
En la misma comuna, la Fundación Presente, que previene la deserción, intervino algunos colegios para incentivar la asistencia. Entre ellos, la escuela Albert Schweitzer, en Bajos de Mena. Su directora, Sinara Madalozzo, indica que ante el aumento de la deserción implementaron, con el apoyo de la organización, estímulos para la asistencia. Lo que llevó a que aumentara tres puntos en 2025.
Por su parte, el Servicio de Reinserción Social Juvenil ha demostrado que la educación es fundamental para que los menores infractores no vuelvan a delinquir. Desde la institución precisan que durante 2025, más de 400 jóvenes infractores en todo el país se inscribieron para rendir la PAES. Como resultado de este proceso, 172 jóvenes se encuentran actualmente matriculados en la educación superior, de los cuales 42 pertenecen a la Región Metropolitana. Del total nacional, 36 jóvenes ingresaron a carreras universitarias, mientras que 136 optaron por formación técnico-profesional.
Esta relación también la ha visto la directora Vivanco, del colegio Betania, en La Granja, quien cuenta que ha visto graduarse a cerca de 90 alumnos por año desde 2018. Uno de los casos que más recuerda es el de una chica con adicción a las drogas que logró ingresar a la universidad: “Es uno de los tantos casos que tenemos. Ella estaba a un paso de delinquir y cambió su trayectoria. Empezó en situación de calle, después se vinculó con su familia y estaba firme en su decisión de que ese sí iba a ser su año, que sí podía hacer las cosas distintas. Finalmente, durante el año escolar fue reconocida como una estudiante destacada. Se graduó y ahora estudia Pedagogía en Educación Física”.
Eso sí, reconoce que, aunque son pocos los casos que no completan sus estudios, son los que más duelen en el cuerpo docente. Vivanco recuerda que hace poco uno de los alumnos que se graduó algunos años antes fue a visitar el colegio. Ahí se enteró de que un exestudiante estaba preso.
“Pueden ser solo dos casos, pero siempre pensamos qué hubiera pasado si hubiera continuado con nosotros -dice-. Quizás no estaría en la cárcel”.
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