Los integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez anunciaron su renuncia colectiva, acusando que no existen las condiciones mínimas para continuar con el trabajo encomendado por el Estado.

A través de una declaración pública, las y el comisionado señalaron que la decisión fue adoptada “con profundo pesar y sentido de responsabilidad”, tras semanas de diálogo con las autoridades, donde —afirman— presentaron propuestas, antecedentes técnicos y advertencias sobre los riesgos que enfrentaba la instancia.

Según indicaron, las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han debilitado el funcionamiento de la comisión. Entre ellas, mencionaron la desarticulación del equipo profesional, cambios en el modelo territorial y el deterioro de las condiciones para la toma de testimonios.

“Las decisiones adoptadas (…) hacen inviable continuar en coherencia con dicho mandato”, sostuvieron.

La Comisión Verdad y Niñez fue creada con el objetivo de esclarecer vulneraciones a los derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024, en un proceso que busca reconocimiento y reparación para las víctimas.

En ese contexto, los ahora exintegrantes advirtieron que el trabajo de la comisión requiere condiciones específicas, especialmente para la recolección de testimonios. “La escucha no puede reducirse a un trámite. Exige confianza, continuidad, especialización y resguardo ético”, indicaron.

Asimismo, alertaron que lo que está en riesgo no es solo el funcionamiento de la instancia, sino también la confianza de las víctimas. “Hoy no está en juego solo una institucionalidad, sino la confianza de personas que, por primera vez, estaban dispuestas a hablar”, señalaron.

En la declaración también subrayaron que este proceso constituye una tarea de Estado, más allá de los gobiernos de turno, y que responde a estándares internacionales en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición.

“Lo que hoy se debilita no es solo una Comisión, sino la respuesta del Estado frente a una deuda histórica”, afirmaron.

Los comisionados indicaron que su renuncia se hará efectiva el 15 de mayo, comprometiéndose a realizar una transición ordenada y a entregar los avances alcanzados para dar continuidad al proceso.

Finalmente, recalcaron que su decisión busca no validar medidas que, a su juicio, comprometen el mandato de la comisión. “Damos un paso al lado no para abandonar esta responsabilidad, sino para no avalar decisiones que la ponen en riesgo”, concluyeron.

La declaración fue firmada por la presidenta de la instancia, Soledad Larraín, junto a Matías Marchant, M. Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.