El conflicto entra en un “cuarto intermedio”, pero sus protagonistas se preparan para seguir en el futuro. Este lunes, los seguidores de Evo Molares anunciaron que harán una pausa en las movilizaciones que venían realizando de hace semanas, y en las que exigían la renuncia de Rodrigo Paz, el recientemente asumido presidente de Bolivia.

Esta vez fueron los cocaleros del Trópico de Cochabamba, pero ya el fin de semana pasado la gran central sindical boliviana había llegado a un acuerdo. Al final, el Gobierno había optado por imponer un estado de excepción, que permita a las fuerzas armadas desbloquear las carreteras.

Desde inicios de mayo, tanto grupos indígenas como sindicatos y cultivadores de coca fueron paralizando el país a través de bloqueos en las rutas, y el gobierno incluso les achaca 16 muerte a causa de oxígeno que no pudo llegar a hospitales.

En una conferencia de prensa este lunes, los dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba anunciaron un “cuarto intermedio”: una pausa en sus movilizaciones luego de casi dos meses. En ella tomó parte también el expresidente Evo Morales, que gobernó entre 2006 y 2019.

Según el expresidente, no hay que leer la pausa como una rendición, y acusó a Rodrigo Paz de estar “entregando los recursos naturales del país a las transnacionales”, además de hacer subir los costes de los servicios básicos y el combustible.

Otra dirigente cocalera aseguró que el Trópico de Cochabamba se mantiene “en estado de emergencia” para la “defensa de la vida y el resguardo del hermano Evo Morales”. Esto, considerando que en Lauca Eñe, en medio de la región cocalera, Morales está refugiado para que no se aplique la orden de detención que pesa contra él.

El exgobernante permanece desde octubre de 2024 ahí, en su bastión sindical y político, resguardado por sus seguidores para evitar ser capturado dentro de un proceso penal por trata agravada de personas. Esto, por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando era presidente.

Sobre la pausa de las movilizaciones, el dirigente Isidro Auca informó que se decidió hacer “un cuarto intermedio para un poco pacificar” el país, aunque advirtió que “esta lucha va a continuar” y que “la batalla no termina: “Solamente es un cuarto intermedio para seguir organizando, para seguir preparándose porque este Gobierno no ha tenido la capacidad de solucionar los problemas que existen”, sostuvo.

De pas, Auca acusó a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), y en particular a Mario Argollo, de “haberse vendido” y traicionado a los sindicatos. Esto, luego de que la central y el Gobierno hubieran llegado a un acuerdo para detener las movilizaciones el viernes 19 de junio.

Desde el otro lado del conflicto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, afirmó sobre la pausa: “Evo Morales no declaró cuarto intermedio por generosidad. Lo hizo porque el pueblo boliviano le dijo basta al bloqueo, basta a la presión y basta al sufrimiento de las familias”. “No se derrotó a un pueblo ni a una protesta. Se frenó un método de presión que estaba castigando a millones de bolivianos”, agregó.

Esta “retirada momentánea” ocurre tres días después de que Rodrigo Paz declarara el estado de excepción, con miras a levantar los cortes de vías. El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en algunas ciudades, y dejó 16 fallecidos por falta de atención médica oportuna. Además, se calculan pérdidas económicas de más de 3 mil millones de dólares.

Rodrigo Paz justificó la decisión, señalando que los cocaleros y grupos indígenas que mantenían la huelga formaban parte de un “intento de golpe de Estado” vinculado al “narcoterrorismo”, con el expresidente Evo Morales como principal instigador desde su refugio en el Chapare. El Gobierno ha acusado en distintas ocasiones al exmandatario de promover las protestas con supuesto dinero ilícito y con el objetivo de dar un “golpe de Estado”.

Pese a que el Gobierno logró un acuerdo parcial con la Central Obrera Boliviana (COB), sectores más radicalizados como la Federación Túpac Katari y bases cocaleras rechazaron la tregua, y mantuvieron más de 40 cortes de ruta como medida de presión para exigir la renuncia de Paz.

Ya el sábado, la intervención comenzó en puntos estratégicos como El Alto y Cochabamba, y fue recibida con alivio por sectores urbanos afectados por el desabastecimiento de combustible y alimentos. En contraste, los manifestantes denunciaron una creciente militarización y advierten que la medida es una “herramienta de intimidación”.

Todo empezó el 1 de mayo, cuando coincidiendo con el Día Internacional del Trabajador, la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los sindicatos más grandes del país, declaró huelga general indefinida para reclamar mejoras laborales y salariales, además de medidas efectivas contra la falta de divisas y combustibles. A los día de huelga se sumaron distintas agrupaciones campesinas, que empezaron los primeros bloqueos de carreteras cerca de La Paz.

En adelante, otros grupos empezaron a replicar la medida de presión, incluidos los más afines al ex presidente Evo Morales. Junto con las demandas de mejoras salariales, empezó a exigirse también la dimisión de Rodrigo Paz.

En los momentos más críticos de la protesta llegaron a registrarse más de un centenar de bloqueos, en 7 de los 9 departamento bolivianos.