J.G.Q., quien es sindicado como el autor del disparo que le quitó la vida al suboficial mayor de Carabineros David Florido, se encontraba cumpliendo una condena de ocho años de cárcel en Colina I, la que terminaba en 2024.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones le otorgó un beneficio de libertad vigilada, solicitado por su defensa. Hoy, el presunto asesino se encuentra prófugo de la justicia. Ayer, Carabineros realizó un allanamiento del que sería el domicilio del sujeto, ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, misma comuna donde ocurrió el crimen.

El beneficio al que el acusado tuvo acceso fue otorgado pese a los informes de Gendarmería y los jueces de la comisión ad hoc que lo habían desestimado, pues aseguraban que aún no estaba listo para reinsertarse en la sociedad.

En ese contexto, hoy, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que solicitarán a las policías los antecedentes de personas que hayan cometido delitos reiterados, estén con alguna condena, y estén con un beneficio en libertad.

“Pedí hoy día que se me haga llegar los antecedentes de todas las personas que identifican como delincuentes prolíferos porque en la práctica han cometido un sinnúmero de delitos y se mantienen en libertad, con el objeto de poder analizarlos con la División Jurídica del Ministerio del Interior, pero además para transformarlo en una materia de conversación permanente con el Ministerio Público”, explicó.

Monsalve afirmó que “no puede ocurrir que se instale en una sociedad que las personas que comenten delitos finalmente estén amparadas por un marco de impunidad y por lo tanto la eficacia de la persecución penal y la eficacia de la aplicación de las sanciones es también muy determinante a la hora de brindarle seguridad a las personas”.

El subsecretario señaló que la solicitud de estos antecedentes es para “analizar esta situación, ver qué podemos hacer desde la División Jurídica del Ministerio del Interior y además poder conversarlos con un poder autónomo del Estado, como es el Ministerio Público”.

Finalmente, Monsalve dijo que el otorgamiento de beneficios carcelarios a personas que hayan cometido delitos y estén cumpliendo condena “debe ser revisada, sin duda”.

“La delicada decisión de entregar beneficios carcelarios a personas que hayan cometido delitos debe estar muy rigurosamente fundada. Por lo tanto si los informes técnicos no recomiendan la liberación de una persona, esa persona no debería ser liberada”, cerró.

El caso recordó el de Hugo Bustamante, quien fue liberado en 2016 por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tras cumplir 11 años de los 27 años a los que había sido condenado, por asesinar a su pareja y al hijo de 9 años de esta. Cuatro años después de obtener el beneficio de libertad condicional, fue formalizado por asesinar a Ámbar Cornejo (16), hija de su pareja.

Según informó este medio en 2020, los beneficiados con libertad condicional en 2016 incluyeron a 10 condenados por homicidio calificado y a 86 por violación.