La mera explicación acerca de la representatividad del texto a nombre del Consejo de Rectores (Cruch) divide a quienes son consultados. De hecho, a pesar de que el “Documento de Análisis” sobre el nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior (FES) fue elaborado por su secretaría general y entregado al Ministerio de Educación con membretes oficiales, entre algunos de los rectores aún no convence.

Y es que debido a la complejidad del proyecto del gobierno que pretende dejar atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE), las posturas no solo son disímiles entre Mineduc y universidades, sino también al interior de estas últimas. El paneo es más o menos así: las 18 estatales (de las 30 que componen el Cruch) están alineadas en avanzar con la propuesta e introducir indicaciones -con algunas ideas más radicales que otras- trabajadas con el gobierno. En ese andar hay un puñado de otras casas de estudio no estatales que están por avanzar, como la U. de Concepción o algunas de las Católicas -Valparaíso, por ejemplo-, pero no la PUC. De hecho, esta última es hasta aquí si quizás la que ha mostrado la postura más dura en torno al proyecto y que ha encontrado cierto respaldo en la U. de los Andes o la Diego Portales.

Por eso es que el hecho de que emane un documento a nombre del Cruch complica y divide internamente a una parte de los rectores. “Es imposible llegar a representar de forma común la postura de las 30 universidades”, reconoce incluso uno de los que están a favor de que, con cambios, el FES avance.

Reflejo de esto fue el Consejo de Rectores celebrado la semana pasada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), a la que asistieron el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y donde a pesar de avanzar en acuerdos, el cuerpo de autoridades universitarias no logró la unanimidad esperada en puntos claves del FES, lo que implica que el documento en cuestión o cualquier cosa que se diga desde el Cruch sobre el proyecto de ley no tiene el respaldo unánime. “No puede decirse que es Cruch si no nos representa a todos”, resume uno de los actores.

De hecho, tras esa sesión no todos quedaron contentos con la percepción de acuerdo que se está entregando públicamente. Su análisis sigue siendo que el proyecto requiere cambios estructurales de fondo. “La autocomplacencia expresada públicamente respecto de avances meramente estéticos o de correcciones superficiales a una ley que amenaza con debilitar el sistema de educación superior y su autonomía no contribuye a un debate serio sobre una política pública tan relevante para el futuro de nuestros jóvenes y del país”, señalan fuentes de una de las universidades participantes.

Otra agrega que “la discusión de fondo no es técnica ni contable. Lo que está en juego no es el bolsillo de las universidades, sino algo mucho más profundo: la autonomía y la independencia académica que las universidades chilenas han cultivado por décadas, precisamente gracias a su distancia frente a los ciclos políticos y a leyes elaboradas sin reflexión”.

Esas opiniones reflejan que por esa falta de unanimidad nada logró ser votado para ser incorporado como indicación en la sesión del Cruch.

En tal sentido, y a modo de ejemplo, el rector Juan Carlos de la Llera (PUC) prepara un informe negativo en torno al proyecto y con su postura se ha ido transformando en pieza clave de la discusión, con ascendencia directa en el Congreso, algo que en el gobierno tienen claro y por ello han buscado acercar posturas con él. Ocurre que su posición no es trivial y podría llegar a tener la llave.

“Estamos trabajando, y lo hemos hecho durante los últimos meses, para generar un conjunto de sugerencias que permita mejorar el proyecto. Naturalmente, existen opiniones distintas sobre la materia. La tarea del Cruch históricamente ha sido colaborar en la mejora de los proyectos de ley. Este proyecto ya pasó la primera y nos parece muy importante que las rectoras y rectores de las universidades chilenas contribuyan con planteamientos e ideas que ayuden a perfeccionarlo”, dijo tras el Cruch de la semana pasada el rector de la PUCV, Nelson Vásquez.

En ese contexto, lo que sí ha encontrado un respaldo mayoritario y que ciertos rectores -como Rosa Devés, de la U. de Chile- califican como “acuerdos”, son algunas ideas de ajustes al proyecto. “En el Cruch hemos ido logrando acuerdos por el FES: no era necesariamente esperable”, dijo en entrevista con La Tercera.

Otro como Carlos Saavedra, rector de la U. de Concepción, dijo en El Mercurio que “la propuesta del Cruch, en su rol de órgano asesor del Ministerio de Educación, se entregó alrededor de 10 días atrás. Es un conjunto amplio de propuestas que abordan en forma integral el proyecto de ley. Desde el ministerio han mostrado una voluntad amplia de abordar cada uno de los aspectos considerados”.

Como sea, lo cierto es que alcanzar un acuerdo no ha sido sencillo y este documento con sugerencias fue un intento hacia ello con el fin de que se traduzcan en indicaciones que luego presente el Ejecutivo, ya que hacerlo por separado a través de los parlamentarios podría debilitar las propuestas, algo por lo que están -individualmente- algunos rectores.

El documento

El Cruch, se lee en el escrito de más de 20 páginas al que tuvo acceso La Tercera, “estima necesario realizar propuestas que permitan mejorar el proyecto de Ley, con el propósito de atender efectivamente las necesidades del país y resguardar la sostenibilidad de sus instituciones”. Ahí se encuentran principios orientadores para la elaboración de propuestas y que apuntan básicamente a la autonomía universitaria académica, administrativa y financiera; sustentabilidad y desarrollo del sistema.

Luego avanza a algunas consideraciones al proyecto, donde se lee que el Cruch valora que se haga cargo de la inviabilidad del CAE y proponga un modelo alternativo. Entre otras cosas, dice que la idoneidad del mecanismo de retribución contingente al ingreso en los términos que está planteado en el proyecto está plenamente sustentada por la evidencia, y que, a diferencia de la gratuidad, mantiene la responsabilidad de la retribución en los propios usuarios del sistema. Por otro lado, advierte que el proyecto se orienta exclusivamente a financiar la docencia de pregrado, sin abordar la integralidad de las funciones universitarias.

Tras eso se explicitan 14 propuestas concretas para el proyecto de ley, casi todas traducidas en posibles indicaciones. La primera apunta a reforzar el principio de autonomía universitaria, ante lo que se propone agregar un artículo nuevo que apunte a que el Estado reconoce y garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior en sus dimensiones académica, administrativa y financiera.

La segunda estima necesario facultar a las instituciones de educación superior para implementar esquemas de copago escalonado. Para ello se propone un nuevo artículo 14 para establecer un límite de copago de 20% sobre el arancel regulado para el decil 7, 40% para el decil 8, 60% para el decil 9 y sin restricción para el decil 10.

Las otras 12 propuestas dicen así: facultar a las universidades para determinar el número máximo de beneficiarios con FES; asegurar y ampliar el financiamiento sobre la duración nominal de las carreras; conservar un esquema base de beneficios estudiantiles del Estado para universidades que no adscriban a FES o estudiantes que no accedan a este; regular -nuevamente- el límite de las contribuciones futuras de los beneficiarios; entregar estabilidad y previsibilidad en la regulación de aranceles; establecer plazos que aseguren la oportunidad de las transferencias estatales, evitando riesgos de liquidez; extender el sistema de recaudación del FES a los créditos otorgados por las instituciones; fortalecer los instrumentos de financiamiento basal para las universidades del Cruch de 100 millones de dólares anuales a las glosas presupuestarias de educación superior; contemplar un esquema de evaluación y ajuste periódico al FES; la protección de derechos personales y privacidad ante la exigencia de que las instituciones que adscriben estarán obligadas a transparencia activa; flexibilidad en el uso de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario, y simplificación de las exigencias de gestión y rendición que conlleva la implementación del FES, las que, agrega el texto, generan un aumento de los costos de gestión y rendición de fondos públicos.