Esta jornada fue el último día del reservado trabajo en Chile que tuvieron los cuatro observadores que fueron enviados por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está a cargo de Michelle Bachelet. El objetivo de la misión fue analizar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y violencia desmedida por parte de efectivos policiales.

Y hoy, al terminar la visita, el equipo emitió un comunicado el que dan a conocer que estuvieron en siete regiones (Antofagasta, Araucanía, Biobío, Coquimbo, Maule, RM y Valparaíso) y que visitaron comisarías, cárceles y hospitales.

Además, indicaron que se entrevistaron con más de 230 víctimas, incluyendo personas detenidas y heridas durante las protestas, así como policías heridos. En esa línea, sostuvieron que "después de haber escuchado extensos testimonios -muchos de ellos perturbadores- y de haber obtenido información de las autoridades y la sociedad civil, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU estará trabajando en un análisis detallado sobre la información recibida de acuerdo a la metodología estándar de la Oficina".

Con ello, dicen, se elaborará un informe público -que será dado a conocer dentro de dos o tres semanas- que contendrá hallazgos detallados de la misión y se formularán recomendaciones para el gobierno.

Por otra parte, hicieron un llamado a las autoridades "a asegurar que las manifestaciones sean gestionadas con pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos, sus normas y estándares, y que todas las posibles violaciones pasadas, presentes o futuras -incluido en el contexto de protestas y en centros de detención- sean investigadas plenamente".

Así, advirtieron que continuarán dando seguimiento a la situación chilena. 

Las reuniones

Los observadores sostuvieron reuniones con autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, de Carabineros, del INDH y Defensoría de la Niñez, así como con más de 300 integrantes de la sociedad civil.

Dentro de su trabajo revisaron alegaciones del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de orden y seguridad en el contexto de protestas; reportes de malos tratos en detención, incluyendo abusos y violencia sexual, alegaciones de vulneraciones a derechos humanos durante la privación de libertad, información sobre acceso a la justicia y rendición de cuentas; la afectación a grupos específicos, y sobre las demandas subyacentes que han desencadenado las protestas.

El equipo también analizó información sobre actos de violencia contra fuerzas de seguridad y destrucción de la propiedad, entre otros temas.