Este martes el gobierno concretó el ingreso de dos proyectos de ley que apuntan al abordaje de la violencia escolar acrecentada tras el asesinato de hace casi dos semanas de una inspectora en Calama.

Una de las iniciativas, a cargo del Ministerio de Seguridad de Trinidad Steinert, tiene que ver con el endurecimiento de penas para delitos cometidos en el contexto escolar, y la otra -“Escuelas protegidas”, de responsabilidad del Ministerio de Educación de María Paz Arzola-, apunta a mayores atribuciones de monitoreo en establecimientos educacionales.

Justamente es esa última propuesta, ingresada este martes con suma urgencia en la Cámara, la que le abre el primer foco de críticas al Ministerio de Educación de Arzola.

Uno de los primeros en alzar la voz fue Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. “Queda absolutamente pobre en relación a la profundidad del problema que se pretende abordar. Lo que se proponen son medidas de sanciones que apuntan a los efectos, pero no a las causas”, dice, sumando que no hay menciones a uno de los “principales focos” del problema, que es la salud mental: “El caso de Calama lo demuestra dramáticamente, tiene la base en un problema serio de salud mental”.

Aguilar, además, desmenuza ciertos aspectos del proyecto. En particular, aquel que apunta a las sanciones por interrumpir clases. “Se entenderá, asimismo, que afectan gravemente la convivencia escolar aquellos actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de las clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada escolar, afectando la continuidad del servicio educativo”, dice la propuesta del Ejecutivo.

Según el líder gremial, la ley mete en el mismo saco a alumnos violentos, pacíficos y profesores. “Sin perjuicio de que hay algunas medidas que puedan ser necesarias, tiene otras muy tramposas, como por ejemplo mezclar cualquier manifestación que pueda producir una interrupción de clases”. Y se extiende: “Según ese proyecto de ley, sería lo mismo un acto de violencia que una protesta pacífica que haga un grupo de estudiantes porque tienen baños insalubres o cuando los profesores reclamamos por distintas materias y a veces paralizamos actividades. Va a tener exactamente el mismo tratamiento que si fuera una manifestación violenta. ”Esa mezcla nos parece tramposa y que atenta contra derechos fundamentales".

En la vereda parlamentaria, donde debe destrabarse esta iniciativa, también hay resistencia.

Emilia Schneider (FA), integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, dice que la violencia en los establecimientos educacionales es un problema real que preocupa mucho a su partido. “Por eso vamos a revisar en detalle y con mucha dedicación los anuncios hechos por el gobierno”.

“Y quiero ser muy clara: la educación chilena, ante sus problemas de violencia no requiere buenos titulares, requiere buenas políticas públicas, soluciones concretas, no para la foto. Y creo, a simple vista, que las medidas anunciadas por el gobierno del Presidente Kast apuntan precisamente a medidas simbólicas, medidas sensacionalistas, poco pedagógicas y que realmente son insuficientes para abordar el problema. Aquí hay que abordar los problemas de fondo”, cierra.

Del mismo modo, Juan Santana (PS), quien también integra la comisión, asevera que las medidas “dan cuenta de algo preocupante: nuestras autoridades son estudiantes de colegio privado que no tienen idea de cómo enfrentar la realidad de la educación pública”.

“Lo que uno habría esperado es que la primera medida anunciada fuera que no haya recorte presupuestario en materia educacional, o que se anuncie la entrega de recursos para detectar señales de violencia a edad temprana, o para aumentar el número de profesores por alumno, o para mejorar las salas de clases y la infraestructura. No tenemos nada de eso”, añade.

En cambio, dice, “se optó por el camino de las propuestas que no resultan. Ya lo intentaron una vez con el proyecto ”Aula insegura" y fue una fórmula fracasada: los niveles de violencia escolar están en su peak. Quien crea que a un estudiante que está dispuesto a agredir violentamente a una profesora lo detendrá tener o gratuidad universitaria es no saber dónde se está parado“.

La diputada Daniela Serrano, jefa de la bancada del PC y miembro de la misma comisión donde se comenzará a tramitar la ley, cree que “lo que realmente quiere este gobierno es cortar beneficios sociales”, apuntando al artículo del proyecto que busca negarles la gratuidad por cinco años a condenados por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.

“Uno de los aspectos más preocupantes de este proyecto es que delimita que cualquier paralización de clase atenta contra la convivencia educativa, es decir, aquellos estudiantes que legítimamente se pongan al servicio de una movilización estudiantil, ya le estaríamos restringiendo el derecho a la gratuidad. Aquellos profesores y profesoras que legítimamente estén demandando incluso mejoras salariales, que estén demandando mayores infraestructuras en sus colegios, también estarían atentando contra la convivencia educativa”, señala.

Y suma: “Esto es un proyecto que castiga principalmente a los y las estudiantes más pobres, no se hace cargo del conflicto, enfrenta profesores y estudiantes, y por otra parte también es el gusto ideológico de este gobierno, es decir, un proyecto contra cualquier tipo de movilización estudiantil”.

Mientras, el diputado César Valenzuela (PS), dijo durante la jornada que “lamentablemente, lo que nosotros estamos viendo es que nuevamente llegamos a soluciones fáciles frente a problemas que son difíciles”, y cuestionó que “un estudiante que hace un desorden, termine perdiendo la gratuidad”.